Se acercan días clave tanto para la multinacional Minesa como para los detractores del proyecto de megaminería en cercanías al páramo de Santurbán, en Santander. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) está evaluando si concede la licencia ambiental para extraer oro en el proyecto Soto Norte, ubicado en los municipios de California y Suratá, con una vida útil de 25 años y una producción promedio anual de 410.000 onzas en concentrados polimetálicos. Esta es la última etapa del proceso de licenciamiento. Minesa muestra optimismo: en su segundo intento por obtenerlo entregó las respuestas a los 107 requerimientos, información adicional que le pidió la autoridad sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Aunque la Anla no ha dado una fecha exacta para revelar la decisión, se calcula que lo hará en el segundo semestre de 2020.
En esta oportunidad, los ambientalistas le van a apostar a la calle para pedirle al Gobierno nacional que le niegue la licencia a Minesa. Quieren trasladar de Santander a Bogotá 3.000 personas en buses y a pie, en una larga caminata que servirá de antesala de la protesta del 16 de marzo. De Norte de Santander saldrían unas 300 personas de siete municipios. Una vez en la capital planean salir de la plaza de Bolívar a la una de la tarde, caminar por la carrera Séptima hasta el Ministerio de Ambiente, realizar un plantón, y después ir al Parque Nacional, donde un concierto cerrará la manifestación.
Minesa ya tiene algunos campamentos en la zona y está a la expectativa del pronunciamiento de la Anla sobre la licencia ambiental. Mientras tanto, centenares de santandereanos preparan la marcha del 16 de marzo. Será una protesta cargada de símbolos, pues tendrá lugar el día de los Comuneros. El 16 de marzo de 1781 comenzó una revuelta en Socorro por los altos impuestos de la corona española cuando Manuela Beltrán rompió el edicto del Ayuntamiento. Más de 20.000 comuneros pretendían llegar hasta Santafé, pero los engañaron y los traicionaron en Zipaquirá. Como en aquellos tiempos, los santandereanos irán a la capital del país para reclamar por la defensa del agua y los páramos de Santurbán y Sumapaz. Además, entregarán un mensaje contundente: “Si se aprueba la licencia ambiental, Bucaramanga se para”, dijo Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del páramo de Santurbán. La fecha también tiene un sentido práctico, la idea es que la marcha anteceda la audiencia pública ambiental –no vinculante– en la que tanto Minesa como la comunidad podrán hablar sobre el proyecto. El debate El proyecto Soto Norte tiene múltiples impactos. Sin embargo, el mayor debate gira en torno a si la mina va a afectar el páramo de Santurbán. Minesa asegura que el proyecto está en su totalidad fuera de esa zona, porque la parte más alta del proyecto queda a una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar, mientras que el punto más bajo del páramo está a 2.800 metros. Así que al mirar el límite del páramo es cierto que la mina no queda allí. Sin embargo, los ambientalistas consideran que la zona donde pretenden hacer la explotación hace “parte integral del ecosistema del complejo del páramo de Santurbán”, y que el agua que sale de allí alimenta acueductos de 23 cabeceras municipales, entre ellas la de Bucaramanga.
Otro tema álgido es la presa de relaves, a donde van a ir a parar los residuos del proceso minero. Los detractores del proyecto aseguran que esta generará impactos a perpetuidad porque no se puede desmontar y temen que los desechos contaminantes se filtren. Además, hay un mal antecedente: en Brasil una presa de relaves colapsó y causó una avalancha en Brumadinho que mató a más de un centenar de personas. En el caso del proyecto de Soto Norte, la presa quedará ubicada a 1.400 metros del casco urbano de Suratá. Minesa explica que esto no ocurriría porque en Brasil se vertía una especie de lodo, pero este será un depósito de residuos sólidos, similar a un relleno de arena seca y compacta, además protegida por una geomembrana. “El proyecto tiene una fase de cierre y poscierre lo suficientemente extensa (mínimo de 12 años), la cual exige un manejo exhaustivo, que será reglado y auditado”, aseguró la empresa. Los activistas no solo abogan por el páramo, sino por el bosque altoandino, vital en la regulación hídrica. Según Minesa, el proyecto está concebido como una mina subterránea y por lo tanto “no impactará el bosque altoandino”. Sin embargo, en el Comité de Santurbán explican que la presa de relaves, ubicada en Suratá, está en medio del bosque altoandino, y para construirla van a tener que remover 19.000 árboles, la mayoría robles. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) emitió un concepto sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Asegura que “ninguna medida de mitigación o compensación podría resarcir el daño causado a este tipo de ecosistemas, ya que los procesos de restauración tomarían gran cantidad de años”. En los carteles de los manifestantes suele decir “Ni Minesa ni Carrasquilla”, debido a que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla trabaja como ministro ad hoc de Ambiente en emitir un concepto vinculante al Consejo Técnico Consultivo de la Anla sobre el proyecto Soto Norte. Por primera vez se utiliza un comité de esta clase en el país en el proceso de licenciamiento y todavía no está claro su alcance.
El apoyo político La defensa del agua y del páramo de Santurbán en Santander no tiene discusión. Se ha convertido a lo largo de los años en una bandera política con un fuerte componente jurídico. Es políticamente incorrecto defender la megaminería, por ejemplo. Por eso los mandatarios locales se han sumado a esa causa. Sin embargo, no es lo mismo decir que quieren cuidar el páramo a que están en contra de que Minesa tenga licencia ambiental. En ese sentido los políticos suelen buscar equilibrio para tratar de quedar bien en ambos sentidos. Existen matices. Mientras los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga apoyan la marcha, los municipios directamente afectados no asistirán, pero tampoco defienden a Minesa. En el caso de California, un municipio que ha dependido de la pequeña minería, la alcaldesa Genny Gamboa explica que “no hay un modelo integral socioeconómico ni ambiental.” Y que por tanto los ciudadanos sienten que no tienen garantías “porque no hay empleo directo ni indirecto. Estamos en la mitad de una decisión del gobierno nacional, del área metropolitana y un proyecto de megaminería”, dice la alcaldesa. Sin embargo, Minesa asegura que en la Provincia de Soto Norte han invertido más de 30.000 millones de pesos en el programa de responsabilidad social. La alcaldesa de Suratá prefirió no pronunciarse sobre la marcha.
En contraste, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, tiene un plan estructurado para apoyar las manifestaciones contra Minesa. Están diseñando una mesa de trabajo con expertos que analizarán el Estudio de Impacto Ambiental, al tiempo que adelantan acciones judiciales de la mano con el Comité de Santurbán. “Proteger el páramo de Santurbán no es hippismo ambiental, se trata de proteger la vida”, dijo Claudia López. Además, la alcaldía ejecutará una “estrategia de comunicación para sensibilizar” sobre la importancia de preservar estos ecosistemas. Cárdenas asegura que defenderá el páramo con “todas las herramientas que existan”. Además, hizo una declaración conjunta con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para apoyar la marcha del 16 de marzo. “Proteger el páramo de Santurbán no es hippismo ambiental, se trata de proteger la vida”, dijo López.
En Norte de Santander también hay apoyo político, aunque no en la misma magnitud. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, está de acuerdo con la marcha para defender el páramo de Santurbán que se encuentra en su mayor parte en su departamento. Y en la Asamblea apoyan al Comité para la defensa del agua y páramos de Norte de Santander para conseguir los buses que irán hasta Bogotá. La marcha busca tener trascendencia nacional. Sin embargo, se trata de parar un proyecto que le aportará al país 100 millones de dólares anuales en impuestos y regalías, que promete generar 5.000 empleos, con una inversión de un millón de dólares por día en la fase de construcción. La Anla tiene la última palabra.