* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana. En contravía de lo consignado en la legislación colombiana, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital de la República continúa prolongando su tiempo de caducidad. Esta situación no solo genera atraso en la planificación de la ciudad, sino también contratiempos en el desarrollo del megaproyecto de descontaminación del río Bogotá. Expedida mediante la Ley Distrital 190 de 2004, durante la administración del alcalde mayor Luis Eduardo Garzón, esta hoja de ruta del urbanismo nacional que incluye, además, los asuntos relacionados con el medioambiente, acaba de cumplir 16 años y siete meses. La Ley 380 de 1997, la misma que le dio vida al POT, reseña que son 12 años el máximo tiempo de vida en el largo plazo. Le puede interesar: Cambio de actitud frente al río Bogotá, la clave de su descontaminación Según lo explica Yolanda Villabona, abogada y asesora del Grupo Río Bogotá, la vigencia del actual POT de la ciudad se cumplió en diciembre de 2015 y, como al final de ese plazo no se adoptó otro plan, se continuó con el que estaba vigente.
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá cumplió 16 años y 6 meses, tiempo que supera los 12 años de vigencia que exige la normatividad colombiana. Foto: Nicolás Acevedo Que hoy el POT no esté acorde con las disposiciones ambientales como actualizar el Plan y Manejo de la Cuenca (POMCA), aprobado por la CAR en abril del 2019, “estaría afectando el mejoramiento de la cuenca si se siguen haciendo proyectos urbanizables sin tener en cuenta el crecimiento de las poblaciones y con la construcción de equipamientos necesarios para la prestación de servicios públicos”, explica Villabona. Asimismo, agrega que esta dinámica trae, entre otras consecuencias, el incremento de los vertimientos de aguas residuales, no solo en Bogotá sino también en los municipios del departamento de Cundinamarca colindantes con esta cuenca. El POT actual no ha impedido la realización de actividades como la ampliación de la PTAR Salitre, la construcción de la PTAR Canoas, el mejoramiento de las conexiones de agua en la ciudad y otras que adelanta la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) relacionadas con el seguimiento al recurso hídrico y la adecuación hidráulica del río. Sin embargo, según Villabona, su actualización es un imperativo. “Es necesario que en el nuevo POT que está trabajando el Distrito Capital incluya los ajustes del Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá que realizó la CAR mediante la Resolución 957 del 2 de abril de 2019”, explicó. De acuerdo con María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo de Bogotá, seguir trabajando con normas urbanística de hace 16 años genera repercusiones desfavorables en el proceso de recuperación de esta cuenca hidrográfica. “Sin el POT actualizado en la capital, el atraso para formular proyectos para la descontaminación del río Bogotá dilata los procesos con las diferentes entidades involucradas en la sentencia del Consejo de Estado en mención; continuando con los impactos ambientales que por décadas ha afectado no solo a la población bogotana sino también a los municipios vecinos”, dijo. Por eso, esta comunicadora social, representante del partido Alianza Verde, considera clave que este instrumento se centre en dos principios: la función social y ecológica de la propiedad, y la prevalencia del interés general sobre el particular. “Lo anterior es necesario para garantizar la recuperación del río Bogotá y el medioambiente en general. Una buena señal de esta administración ha sido la insistencia en el diálogo regional y esto, por supuesto, deberá incidir en abordar el ordenamiento territorial en esa escala”, explicó. El auto de Tribunal Administrativo de Cundinamarca Desde 2010 se han realizado tres intentos para la revisión del POT y en igual número de ocasiones no se ha logrado la aprobación del mismo por parte del órgano legislativo de la capital de la República. Incluso, a finales de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, esta iniciativa se hundió. Puede consultar: ¿Conoce las megaobras que van a descontaminar al río Bogotá? Por estos hechos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, representado por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, se ha pronunciado y emitido autos. A finales del año pasado prohibió la autorización de planes parciales hasta que los POT, los planes básicos y esquemas de ordenamiento se ajusten al Plan de Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Bogotá. Aunque Rojas considera que es una “medida pertinente para avanzar en un proceso de planeación integral”, también afirma que este auto “frena la ejecución de grandes proyectos urbanísticos (planes parciales) como Lagos de Torca y otros que vienen siendo ejecutados y tienen afectación directa en el río Bogotá. Sostiene que “dichas obras solo podrán reiniciar una vez aprobado el POT de Bogotá, que deberá incluir los ajustes del Plan de Manejo de la Cuenca del río Bogotá (POMCA)”. De acuerdo con Alejandro Callejas Aristizábal, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, en el sector de la construcción no se registró impacto alguno porque la magistrada, en ese momento, hizo las aclaraciones sobre la medida cautelar relacionada con los planes y sustentó su decisión en lo establecido en el régimen de transición que prevé la Resolución 957 de 2019. “Esto ya venía siendo aplicando por los urbanizadores y constructores desde la expedición de esta resolución, dando cumplimiento a lo dispuesto en el POMCA e incorporándolo como determinante de superior jerarquía”, explicó. De acuerdo con el dirigente gremial, a partir de este marco el sector que representa considera “muy importante contar con un marco normativo articulado y coordinado del ordenamiento urbano y ambiental”. En la práctica, según puntualiza, esto significa que dichos instrumentos deben estar actualizados, lo que, en su consideración, brindará “confianza legítima y seguridad jurídica, además de permitir la correcta aplicación por parte de las autoridades ambientales, los entes territoriales y los particulares”. Según Manuel Enrique Pérez, director del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, la orden del Tribunal “connota la necesidad de cumplir la sentencia del río Bogotá” y ordena a estos municipios, incluida la capital, a integrar sus planes de ordenamiento territorial al POMCA.
Las previsiones de la Alcaldía de Bogotá indican que en septiembre próximo la capital de la República contará con un POT nuevo. Foto: CAR. “El objeto de la sentencia insta a los gobiernos municipales y el Distrito a garantizar la protección y descontaminación del río, asunto que restringe los objetivos de ordenamiento territorial en aquellas jurisdicciones que habían priorizado proyectos de desarrollo urbano-imnobiliarios. La Sentencia demanda, en ese sentido, la necesidad de asegurar la construcción de equipamientos para prestación de servicios públicos, Planes Maestro de Acueducto y Alcantarilla y las Plantas de Tratamiento, para así asegurar la concesión de licencias de construcción y la autorización de planes parciales de urbanización”, explica. Para lograrlo, el académico plantea necesario concretar un “acuerdo interinstitucional que ordene territorialmente la cuenca del río Bogotá, asegurando los derechos al equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución; y la conservación de las especies animales y vegetales”. Este proceso, según indica Pérez, deber garantizar, además, la protección de áreas de especial importancia ecológica y de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, la defensa del patrimonio público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y los derechos de los consumidores y usuarios, entre otros. ¿Habrá POT nuevo en Bogotá en 2021? Con base en lo manifestado por Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, el POT figura entre “las prioridades” de 2021 y, según aseguró, prevé que la ciudad tenga la nueva versión de esta bitácora urbanística en septiembre próximo.
La inclusión de los ajustes del Plan de Manejo Integral de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá, POMCA, es fundamental en el nuevo POT de la capital de la República. Foto: Nicolás Acevedo Según Villabona, asesora del GRB, en la administración “se están adelantando todas las acciones para la presentación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial al Concejo y podría lograrse su aprobación siempre y cuando en el Concejo de Bogotá exista un buen ambiente para su aprobación”. Le sugerimos: Piden declarar al río Bogotá como sujeto de derechos Por su parte, Rojas, presidenta del Concejo de Bogotá, manifiesta que “la administración tiene los tiempos para presentar el POT este año. Sin embargo, me parece necesario que se cuente con los espacios pertinentes para garantizar la participación de todos los actores”. Desde los gremios, Callejas Aristizábal, de Camacol, plantea que “esto es algo que debe ser posible y priorizado. Es lo que todos esperamos” y desde la perspectiva del río Bogotá, considera que “de la voluntad política y de que cada uno haga lo que le corresponde dependerá que se logre esta labor histórica para la ciudad y la región”. Desde la academia, Pérez, de la Universidad Javeriana, plantea la conveniencia de que la proyección del POT del Distrito y de los municipios colindantes con dicha cuenca sea en adelante “la base para armonizar en ellos, los actuales y futuros Planes de Desarrollo, que responde a vigencias de cuatro años, mientras los POT tienen vigencias por 12 años. Es decir, los próximos tres períodos administrativos deben hacer corresponder sus Planes de Desarrollo a sus POT”. En esencia, la continuidad y terminación, sin contratiempos, del megaproyecto de recuperación del río Bogotá requiere, de forma imperiosa, que la capital de la República cuente con un POT nuevo, que esté actualizado con los contenidos exigidos por las órdenes judiciales. Esta acción deberá despejar el paso para que el florecimiento de esta cuenca hidrográfica sea realidad.