Para este domingo 22 de octubre estaba prevista la consulta popular sobre actividades extractivas en Granada, Meta. Más de 50.000 personas estaban convocadas a las urnas para decidir si aprobaban o rechazaban la exploración y explotación de hidrocarburos en ese municipio.Sin embargo, la realización de la jornada está en vilo por cuenta de un oficio enviado por la Registraduría Nacional al alcalde de ese municipio, Juan Carlos Mendoza, en el que le solicita la suspensión de las votaciones hasta que se defina quién es el encargado de la financiación de las mismas.Le recomendamos: La consulta popular: se la explicamos en tres pasosLa incertidumbre surgió debido a que, tras conocerse la convocatoria a la consulta por parte del alcalde Mendoza, la Registraduría recurrió al Ministerio de Hacienda para que le girara los recursos correspondientes para la logística del evento. Sin embargo, desde la dirección de Presupuesto Público de esa entidad respondieron que la financiación de esas jornadas electorales les corresponde a las entidades territoriales que las organizan."Ante esta situación, en la que el Ministerio de Hacienda responde negativamente frente a solicitudes de recursos para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales a cargo de la Registraduría, nos vemos en la obligación de solicitar la suspensión mediante decreto la realización de las votaciones de la consulta popular del 22 de octubre, hasta tanto no se defina a quién corresponde asumir la financiación de las mismas", reza el oficio enviado por la Registraduría al alcalde Mendoza.Semana Sostenible está intentando contactar al alcalde Mendoza para conocer su opinión y las decisiones que se tomarán al respecto, lo cual no ha sido posible hasta el momento.