El debate en el Senado de la República sobre el páramo de Santubán dejó varias propuestas e interrogantes por resolver. Aunque la mayor parte de la jornada se centró en la necesidad de impedir la realización de megaminería en este ecosistema, así como en la petición al Gobierno para que niegue definitivamente la licencia ambiental del proyecto Soto Norte que impulsa la empresa Minesa desde 2015, de fondo existen otras razones, que no solo han generado el problema, sino que lo han acrecentado y requieren de mayor atención. Le sugerimos: Crece polémica por minería y nueva delimitación de Santurbán 1. La delimitación del páramo es un punto clave, pues allí comenzó la problemática Tras la delimitación realizada por Ministerio de Ambiente en 2014, que definió que el límite más bajo de este ecosistema se ubicaba en los 2.800 metros sobre el nivel del mar, 20 municipios de Santander y 10 de Norte de Santander quedaron incluidos en la demarcación. Con la nueva regulación quedó prohibida la realización de actividades agropecuarias y de explotación de minerales e hidrocarburos dentro del área protegida. Un golpe que resultó fulminante para los campesinos y mineros que no solo vivían allí desde hacía muchos años, sino para aquellas que tenían títulos mineros legales. Las comunidades, representadas en el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y el Comité por la Defensa del Agua y Santurbán, ambos con sede en Bucaramanga, decidieron instaurar una acción de tutela bajo el argumento de que la delimitación se había hecho sin tener en cuenta los intereses de la comunidad que habitaba en el páramo y sus alrededores. El 30 de mayo de 2017, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-361, le ordenó al Ministerio de Ambiente que, en el término de un año, siguiente a la notificación del fallo (17 de noviembre de 2017), emitiera una resolución con la nueva delimitación de Santurbán, en vista de que en la anterior se vulneró el derecho a la participación de las comunidades.
Los habitantes de Santander han realizado varias manifestaciones para exigir que se les tenga en cuenta en el proceso de delimitacíón del páramo de Santurbán. Foto: Mauricio Flórez /Semana. Desde entonces y hasta ahora el proceso no se ha podido concluir. El Tribunal Administrativo de Santander -delegado por la Corte para hacer seguimiento a la sentencia- le otorgó al ministerio al término del primer plazo (16 de noviembre de 2018) una prórroga de ocho meses, que tampoco se cumplió. Y de esa forma ha venido avanzado el tiempo y la delimitación se ha dilatado entre una y otra prórroga. Le recomendamos: El enorme problema para delimitar el páramo de Santurbán Los comicios electorales de octubre de 2019 y la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, que imposibilitaba la reunión de personas en recintos para poder adelantar la fase de concertación con las comunidades que había emprendido el ministerio en 2018, fueron otras dos de los argumentos que motivaron la suspensión del proceso. Los habitantes de los municipios del área de influencia con este ecosistema defienden la realización de la minería tradicional, abogando por sus tradiciones, su cultura y el desarrollo de sus actividades económicas ancestrales, pues argumentan que por más de 450 años se viene desarrollando minería en ese lugar.
Los mineros tradicionales de la provinicia de Soto Norte le vienen pidiendo al Gobierno desde hace varios años que les permita adelantar sus labores en inmediaciones al páramo. Foto: Guillermo Torres / Semana. Durante el debate en el Congreso reclamaron, a través de la alcaldesa de California (Santander), Genny Gamboa Guerrero, no solo inversión, incentivos y acompañamiento, sino una estrategia que les permita legalizarse y adelantar su trabajo de una manera más sostenible para dejar de ser "satanizados" y perseguidos. Entre tanto, colectivos como el Comité Santurbán, académicos, algunos políticos y autoridades de otras poblaciones luchan por la no intervención del páramo y la realización de una delimitación con base en lineamientos y estudios técnicos y científicos, y no en los intereses particulares de las mineras. Ambos sectores coinciden en que la nueva delimitación debe efectuarse de manera concertada con las comunidades. 2. En medio del debate también salió a relucir la imperiosa necesidad de reformar el Código de Minas Esto porque varios de los participantes afirmaron que se trataba de una normatividad vetusta, que favorece los intereses de las grandes compañías y va en contra de los pequeños mineros. Angélica Lozano, senadora del partido Alianza Verde, sostuvo, por ejemplo, que dicho código era obsoleto, diseñado con lógica de extracción multinacional y excluyente de otras realidades. Lea también: Estudio advierte sobre impactos que traería proyecto minero en Santurbán "Es necesario actualizarlo a estos tiempos, en clave de Colombia y no en clave de extracción multinacional, que reconozca un actor fundamental del país y de esta zona de Santurbán y es a los mineros artesanales y ancestrales. Ellos llevan más de cuatro siglos en esta región y es incomparable su impacto con el de la megaminería (...). Ellos necesitan reconocimiento porque detrás de cada licencia ambiental vienen unos polígonos que generan un desplazamiento práctico de estos ciudadanos", afirmó.
En el Congreso le pidieron al Gobierno un nuevo código de minas que tenga en cuenta a los mineros artesanales y les permita evolucionar. Foto: archivo particular. La congresista sostuvo que es indispensable impulsar su transición hacia mejores prácticas ambientales y recalcó que los pequeños mineros tienen la voluntad de hacerlo, pero falta inversión y una política pública realmente comprometida con ellos. "La lógica del código está hecha para maquinaria de gran escala y los colombianos de este sector necesitan soluciones", explicó. 3. ¿Alternativas viables para la gente del páramo? Varios congresistas e invitados como Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, insistieron, como desde hace muchos años vienen haciéndolo los habitantes de los páramos, en la necesidad urgente de generar oportunidades y alternativas diferentes, efectivas, sostenibles y reales para quienes viven allí, de tal suerte que se conviertan en sus protectores. Puede leer: Anla archiva proyecto minero Soto Norte El senador Juan Carlos García Gómez propuso la creación de municipios con planes de desarrollo diferenciales para páramo, como los tiene el Acuerdo de Paz con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). "La idea es que sea un modelo internacional que podamos replicar", afirmó.
Los campesinos que viven cerca al páramo de Santurbán agurdan por la nueva delimitación. Foto: Guillermo Torres /Semana. "Tenemos que hablar de pagos por compensación ambiental, bonos verdes y de oxígeno, así como de un Conpes para la región de Soto Norte y de un ingreso solidario para la gente de los páramos. Yo creo que el Gobierno puede hacer ese esfuerzo y brindarles a esas 50.000 familias que viven allí, recursos para que cuiden los páramos de Colombia. En Santurbán se puede hacer el plan piloto de un ingreso verde para poder contrarrestar la minería y la agricultura extensiva, y de esta forma, proteger para las futuras generaciones el daño de estos ecosistemas", apuntó. 4. Pasivos ambientales y daños a perpetuidad Mucha de la oposición que actualmente existe contra el desarrollo de estos megaproyectos ha sido generada por las malas experiencias ocasionadas por otras iniciativas en algunas regiones de Colombia y el mundo que han ocasionado, además de contaminación y altos impactos sociales, gastos millonarios por parte de los estados para mitigar los riesgos. Le puede interesar: Minesa no renuncia a Santurbán y apelará decisión de la Anla "Treinta y cinco mil toneladas de explosivos se utilizarán para el desarrollo del proyecto Soto Norte, que van generar 67.000.000 de toneladas de rocas, las cuales serán extraídas y ubicadas en una presa de relaves que estará en Suratá, en una zona de alto riesgo sísmico y deslizamiento. Una vez ellos abandonen el proyecto (21 años) al Estado colombiano le va a tocar hacer el mantenimiento de esa estructura a perpetuidad y el país va a salir perdiendo porque su mantenimiento cuesta mucho dinero y el dinero recibido por regalías no se compadecerá", comentó el senador Gustavo Bolívar.
Los pasivos ambientales y los daños a perpetuidad de las empresas mineras también fueron abordados durante el debate. Foto: Guillermo Torres / Semana. El congresista afirmó, además, que estos residuos tóxicos producirán unos lixiviados que requerirán de la construcción de una sofisticada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), la cual - según él- una vez termine Minesa la operación de las minas le corresponderá al país asumir su funcionamiento "también a perpetuidad". El senador Andrés Cristo Bustos afirmó, entre tanto, que el país no contaba ni con los instrumentos ni las instituciones para garantizar que los daños van a ser menores. "Necesitamos tener claridad de quién se va apersonar de los daños que se produzcan y terminando la operación, quién se va a asumir la responsabilidad de los pasivos ambientales que queden", dijo. Le sugerimos: Procuraduría urge activar un consejo consultivo para Santurbán Agregó que el Gobierno no tiene cómo garantizar a los colombianos que la explotación minera a gran escala no va a ocasionar un daño a perpetuidad y que la Anla no tiene la capacidad de respuesta. 5. Revisión a los tratados internacionales y de libre comercio El senador Antonio Sanguino sostuvo que en el marco de los tratados existían unas cláusulas que terminaban favoreciendo a las multinacionales mineras cuando decidían demandar al Estado colombiano al sentir que han sido violados sus derechos a la propiedad o los títulos mineros que fueron concedidos por el propio país, sin previos estudios de impacto ambiental, algo que también se debe revisar.
En la actualidad el país afronta 13 procesos judiciales relacionados con concesiones mineras. Foto: Pixabay. "En la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado existen 13 procesos judiciales contra entidades colombianas relacionados con concesiones mineras. Estas pretensiones financieras ascienden a 194.000 millones de pesos. Esas demandas ocurren porque se han incluido cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y el Estado en los tratados internacionales y de libre comercio que les permite a las multinacionales mineras y a los inversionistas en los proyectos de megaminería acudir a tribunales internacionales para demandar", apuntó. Para él este es un escenario desfavorable y, por esa razón, solicitó una revisión de dichos acuerdos internacionales para evitar más demandas en contra del Estado cuando éste le otorgue prioridad al derecho a la vida, el agua y la protección de los ecosistemas estratégicos como los páramos.