El Grupo de Litigio e Interés Público (GLIP) de la Universidad del Norte instauró una demanda en contra del marco normativo del fracking, que fue admitida por el Consejo de Estado.Con esta medida se busca la nulidad del Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014, por medio de los cuales se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía."El propósito es asegurar el desarrollo sostenible, presentando las principales evidencias y objeciones planteadas por documentos de trabajo construidos con evidencia científica sobre los riesgos que implica la explotación de yacimientos no convencionales para la salud humana y el medio ambiente”, manifestó Juan Pablo Sarmiento, director del Departamento de Derecho y del GLIP de la Universidad del Norte.Le puede interesar: La batalla contra el fracking en Colombia se trasladó al Puente de Boyacá En la acción jurídica presentada también se planteó el principio de precaución y otras barreras jurídicas como medio para garantizar la solidaridad intergeneracional, la sostenibilidad ambiental y los derechos al medio ambiente y la salud pública."De esta forma se le demuestra al Consejo de Estado que Colombia ha adoptado una perspectiva ecocéntrica que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza”, apuntó.Destaca además la demanda el hecho de que recientemente la jurisprudencia de las altas cortes ha reconocido como “sujeto de derechos con independencia de su significado para los seres humanos" a la naturaleza como tal.Además el documento da cuenta de las principales razones por las cuales esta técnica de explotación de hidrocarburos ha sido prohibida en varias regiones del mundo.Le recomendamos: Fracking, el debate está más vivo que nunca Esta es la acción jurídica más avanzada de todas las que se han presentado hasta ahora, ya que fue la primera interpuesta (el 25 de agosto de 2016) y tan sólo dos años después fue admitida.Entró al despacho del magistrado Ramiro de Jesús Pazos, quien deberá determinar la solicitud de medidas cautelares (suspensión provisional del marco jurídico del fracking, mientras se toma una decisión de fondo).De esta forma, se suma una iniciativa más en contra de la implementación de esta técnica, pues ya existe un de proyecto de ley radicado por más de 30 congresistas de nueve partidos que busca su prohibición, adicional al reciente pronunciamiento del contralor saliente Edgardo Maya Villazón, quien indicó que Colombia no se encontraba preparado para estas actividades, y las acciones populares que instauraron el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y varios ciudadanos en los tribunales de Santander, Boyacá y Cundinamarca para evitar este tipo de extracciones no convencionales, bajo el principio de precaución.*Con información de Alianza Colombia Libre de Fracking.