Tres de los departamentos en donde se registran los mayores índices de deforestación en el país son: Chocó, Norte de Santander y Amazonas. Esto sucede, en gran parte, por la falta de control y vigilancia por parte de las autoridades. Así lo evidenció la Procuraduría General de la Nación que decidió abrir una investigación disciplinaria contra los gobernadores Jesús Galindo Cedeño, de Amazonas; Ariel Palacios Calderón, de Chocó, y Silvano Serrano Guerrero, de Norte de Santander, por presuntas irregularidades en el control y vigilancia para evitar la deforestación y tala de árboles en las áreas de protección de sus departamentos, entre los años 2017 y 2020. Le sugerimos: Sucumbe la Amazonia colombiana: 75.000 hectáreas deforestadas este año La medida disciplinaria también cobijó a los directores generales de tres corporaciones autónomas regionales. Se trata de Luis Alexander Mejía Bustos, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía); Arnold Alexander Rincón López, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), y Gregorio Angarita Lamk, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).
El acaparamiento de tierras para la realización de actividades ilícitas es uno de los mayores motores de la tala de bosques. Foto: Rodrigo Botero. El Ministerio Público busca establecer si se pudieron presentar faltas disciplinarias en la adopción de medidas y actividades de vigilancia, control y aquellas de carácter interinstitucional relacionadas con la deforestación y tala de árboles en los departamentos de Amazonas, Chocó y Norte de Santander. Le recoemndamos: Más de 70 carreteras ponen en jaque la biodiversidad de la Amazonia En el marco de la investigación, la Procuraduría requirió constancias de las reuniones y actividades adelantas por los entes territoriales para evitar la deforestación y tala de árboles, así como un informe estadístico sobre el avance porcentual de reducción de estas actividades entre los años 2017 y 2020. Los investigados podrán ser escuchados en versión libre si así lo solicitan, resaltó el ente de control.