Poco a poco, y no sin grandes retrocesos, la humanidad parece estar entendiendo que el futuro de la especie depende en gran medida de detener la destrucción de la naturaleza. El cambio climático, o sea inundaciones y sequías cada vez más graves y frecuentes, demuestra que estamos poniendo en peligro la continuidad de la vida en el planeta. Y por eso muchos países están tomando decisiones con las que intentan adaptarse y, en algunos casos, cambiar la lógica que nos llevó a esta situación.Acá en Colombia, por ejemplo, el presidente Santos se comprometió a declarar nuevas áreas protegidas en 2,5 millones de hectáreas hasta el final de su gobierno. Esta superficie, parecida a la de un país como Bélgica, se sumará a las cerca de 14 millones de hectáreas que ya cuentan con alguna categoría de protección. Además de los anuncios, pasar de la declaratoria a la realidad requiere de modelos de financiación y gestión territorial que aseguren que se cumpla el objetivo de conservación. En ese contexto, el ecoturismo puede jugar un papel clave. Esta actividad ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años en Colombia: entre 2013 y 2015, el número de visitantes a las áreas protegidas aumentó el 10% y estuvo cerca del millón de personas. En el último año, este negocio representó el 67% de los ingresos directos para Parques Nacionales Naturales, la entidad que las administra. (Vea: Nuquí, el útero del Pacífico)A pesar de ese enorme potencial, que sin duda aumentará gracias al fin del conflicto con las Farc, el ecoturismo no siempre es una buena estrategia de conservación de la naturaleza. En el país hay experiencias exitosas, pero también algunos casos en los se ha convertido en una amenaza para los ecosistemas que intenta proteger. Estas son algunas de las historias que conforman un panorama agridulce.El riesgo de lo masivoEn Colombia hay 59 áreas protegidas, de las cuales 23 están abiertas para el ecoturismo. Y entre estas últimas, el 97% de los turistas se concentra en apenas 10. La más visitada es Corales del Rosario y de San Bernardo, un paraíso caribeño formado por 40 pequeñas islas que por cuenta de la acumulación de residuos sólidos, la escasez de agua en las épocas de mayor demanda y hasta de episodios de violencia e inseguridad se está convirtiendo en un infierno terrenal.Carlos Tamayo, subdirector de sostenibilidad de Parques Nacionales, explica que “el área protegida corresponde al ecosistema marino, pero es indudable que en las partes costeras ha habido un mal manejo que comenzó con la construcción del puente desde Playa Blanca a Barú. Antes había más control y no iba tanta gente, ahora miles de turistas entran por ese punto en el que ni siquiera tenemos un puesto de registro”.Desde hace un par de años, cursa en la Procuraduría una Acción Popular interpuesta por algunos habitantes del archipiélago de San Bernardo que convoca a todas las entidades involucradas en el manejo del área a tomar acciones para detener su degradación. “Actualmente estamos participando en unas mesas interinstitucionales con la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la corporación autónoma Cardique, el Ministerio de Turismo y la Policía para ordenar el uso turístico de la zona”, afirma Tamayo. (Vea: Los Parques Nacionales más bonitos de Colombia)Aunque los resultados de este trabajo son escasos, la actividad turística sigue su ritmo desaforado en los Corales del Rosario y de San Bernardo. No así en el Cocuy, uno de los parques nevados insignias del país que está cerrado a los visitantes desde marzo de este año, cuando varias comunidades campesinas e indígenas bloquearon el ingreso debido a los impactos negativos que estaban causando sobre este frágil ecosistema.En ese momento, Jimmy Aguablanca, uno de los líderes de las protestas, explicó que “aunque la capacidad de carga del parque es de 4.000 personas anuales, Parques Nacionales ha autorizado la entrada de cerca de 19.000”. Según los habitantes de la región, esta situación ha derivado en la contaminación de varias fuentes de agua y en el irrespeto de muchas zonas que son sagradas para los indígenas U’wa. “Ni siquiera nosotros conocemos la nieve porque es sagrada y nos ha tocado ver a muchos turistas pisándola y hasta jugando fútbol encima de ella”, dijo Aguablanca.
Tras los bloqueos, el gobierno y las comunidades establecieron una mesa de concertación en la que se acordó la elaboración de un estudio sobre los impactos del turismo como condición previa a la reapertura del parque. Fabio Villamizar, director territorial de El Cocuy, niega que se estuvieran sobrepasando las capacidades de carga del parque, pero reconoce que las excretas y los residuos sólidos producidos por los turistas estaban generando consecuencias negativas en el ecosistema.“Nosotros estamos de acuerdo en que hay que realizar el estudio sobre los efectos del turismo en la zona, pero es imposible hacerlo si no se autoriza nuevamente la entrada de los visitantes”, afirma Villamizar. Por eso, el pasado 22 de noviembre les entregó una propuesta a las comunidades para que permitan el ingreso en la temporada de fin de año mientras paralelamente se realiza el estudio solicitado. Los líderes de la comunidad se comprometieron a analizar el documento y en los próximos días fijarán una nueva fecha para conocer su decisión al respecto. “Estamos en una situación delicada porque mucha gente de la región vive del turismo. Se calcula que el municipio de El Cocuy ha dejado de recibir al menos 5.000 millones de pesos por culpa de este cierre”, urge el funcionario. (Vea: Energía en el paraiso: El Yucal y Utría)¿Turismo para el lucro?En las montañas de Risaralda, cerca de donde nace el agua que alimenta a Pereira y Dosquebradas, está el Santuario de Flora y Fauna Otún-Quimbaya. En esta área de 489 hectáreas nacen seis quebradas que más abajo confluyen en el río Otún. Además, es una zona privilegiada para el avistamiento de aves y el senderismo.Este año, Otún- Quimbaya recibió el premio de turismo sostenible que otorga el ministerio de Comercio, Industria y Turismo y desde 2015 está incluido en la lista de los 100 destinos sostenibles del mundo. “Son reconocimientos a una labor mancomunada entre el estado y las comunidades para conservar los recursos naturales”, explica Jimmy Monsalve, presidente de Yarumo Blanco, la organización comunitaria que desde 2009 opera los servicios ecoturísticos en el Santuario.Según Monsalve, una de las claves del éxito del proyecto ha sido que “nuestro objeto principal no es obtener muchos ingresos económicos, sino fortalecer un modelo comunitario alrededor de la conservación de la naturaleza. Por eso no buscamos que el Santuario se convierta en un destino turístico masivo. Más bien queremos ofrecer una experiencia de contacto con la naturaleza y con la historia para que la gente se lleve de acá otro tipo de recuerdos”.Ese método parece estar dando resultados, pues en estos siete años se triplicó el número de visitantes y la planta de personal pasó de tres a doce personas. “No tenemos ganancias todos los meses, pero no estamos dando pérdidas y lo que se genera es para el beneficio colectivo de las comunidades de la zona”.Algo parecido está ocurriendo en la ensenada de Utría, ese lugar del norte chocoano que se convierte cada año en la salacuna del Océano Pacífico, cuando llegan las ballenas yubartas a parir y a alimentar a sus crías. En este ecosistema, que junta la exuberancia de la selva y del mar, funciona un proyecto ecoturístico liderado por la organización comunitaria Mano Cambiada.“Luego de estar cerrada siete años por culpa de la violencia, en el 2009 Parques nos entregó el manejo de la ensenada con un restaurante y la infraestructura para el alojamiento de 30 personas. Pero no había clientes y tampoco nos dieron un capital semilla para comenzar. Si lo hubiéramos pensado desde la visión económica, habríamos salido corriendo. Hasta un funcionario nos dijo que para qué nos íbamos a encartar de esa forma, pero decidimos aceptar para demostrar de qué estamos hechos los negros”, cuenta Josefina Klinger, presidenta de Mano Cambiada.En este tiempo, la facturación anual pasó de 30 millones a un poco más de 600. Y de alumbrarse con velas, sin posibilidad de refrigerar los alimentos y con una estufa que consumía gas en exceso; la ensenada es hoy un complejo turístico que se ilumina con energía solar, la misma que alimenta una nevera industrial en la que se conservan la comida que se transforma en una estufa de alta eficiencia.“Esta no es una playa típica, ni siquiera vendemos licor. Queremos que el visitante viva experiencias trascendentales y darles sustento humano a partir de una buena comida, una cama bien tendida y el valor agregado de la amabilidad de esta negrura”, dice Klinger. Esta visión dio sus primeros frutos en 2014, cuando La aguada fue certificada por el Ministerio de Turismo como la primera playa sostenible del país.
Aunque Mano Cambiada no logra el punto de equilibrio todos los meses, Klinger no duda en calificar como exitoso el modelo de Utría. “Esto no es un negocio con responsabilidad social. Es un proceso social con un emprendimiento que le permite tener caja registradora para que el proceso sea autosostenible. La relación con el territorio no me la fundamenta el dinero sino la búsqueda del desarrollo local a través del fortalecimiento de los valores naturales y culturales que existen en él”.Balance agridulceDesde 2004, Parques Nacionales estableció una política para el manejo ecoturístico de las áreas protegidas. Existen dos modelos: las concesiones de servicios ecoturísticos a operadores privados y los contratos de ecoturismo comunitario. En ambos casos la entidad recibe el dinero que pagan los visitantes al ingreso y un porcentaje de los ingresos Bajo el primero, las zonas son administradas por empresas que hacen grandes inversiones y buscan su rentabilidad bajo los criterios de la economía ortodoxa. Esta figura no ha tenido éxito en el país, pues de las cinco concesiones que hubo en algún momento solo está vigente la otorgada a Aviatur en el Parque Tayrona. Las restantes han fracasado por desastres naturales, como en Amacayacu, por inseguridad, como en Gorgona, por riesgos ambientales, como en Los Nevados, o por malos resultados económicos, como en Otún-Quimbaya antes de que la asumiera Yarumo Blanco.En contraste, el segundo modelo funciona actualmente en ocho Parques Naturales. Pero de esto no se deduce que el ecoturismo comunitario sea, por sí mismo, la mejor estrategia para gestionar esta actividad en las áreas protegidas. De hecho, en Cocuy y en el Rosario y San Bernardo existen este tipo de contratos, aunque allí los operadores no son los prestadores exclusivos de los servicios como en Utría y Otún-Quimbaya, sino que compiten con otros dentro de un mercado abierto.Para Monsalve, el secreto está en la concepción del proyecto ecoturístico. “Una cosa es pensar en un negocio cuyo éxito se mide por el aumento continuo de las utilidades y otra en un modelo de conservación de los territorios que usa al turismo como herramienta”. Parques Naturales parece haber adoptado una visión parecida, aunque esté lejos de llevarla totalmente a la realidad. Según el subdirector Tamayo, “el ecoturismo es el mayor generador de recursos propios, pero más que una estrategia financiera, queremos que sea un esquema de conservación que contribuya al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones”.Según cálculos del Instituto Meteorológico y de Estudios Ambientales, Ideam, los Parques Nacionales y sus zonas de amortiguación albergan el 30% de los bosques del país. Su conservación, sumada al aumento de la extensión de estas áreas en 2,5 millones de hectáreas, es la principal estrategia del gobierno para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, el cumplimiento de este objetivo requerirá de ingentes recursos económicos cuya procedencia no está asegurada.Cifras de Parques Nacionales indican que actualmente existe un déficit de más de 100.000 millones de pesos que impide cumplir a cabalidad con las metas de inversión y funcionamiento. Aunque desde esta entidad se están buscando alternativas financieras como mecanismos de compensación por el uso de aguas y el cobro por tránsito de embarcaciones en ecosistemas marinos, no hay duda de que el turismo seguirá jugando un papel protagónico en este propósito. La gran incógnita es si se podrá consolidar un modelo que equilibre la rentabilidad económica con la sostenibilidad socioambiental de los territorios protegidos.
“El presente reportaje se realizó gracias al apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en el marco del proyecto “Capacitación a periodistas sobre la implementación de NDCs en América Latina”