Los desbalances en la recuperación del comercio mundial han allanado el camino hacia un incremento súbito y sincronizado de los precios de los commodities. El hierro y el acero no han sido ajenos a esta tendencia: desde el año pasado las cotizaciones internacionales han avanzado a las tasas más aceleradas de la última década. Uno de los sectores a los que pone en jaque este panorama es al inmobiliario.
Las razones del incremento son varias y encuentran su epicentro en China, que hasta antes de la pandemia se había caracterizado por ser el mayor exportador de acero. De hecho, en 2020, cuando la caída de los precios internacionales llevó a todos los países a mermar su producción, allí se registró un avance de 5,2 por ciento anual.
En 2021 ese panorama se revirtió y el gigante asiático pasó a ser un importador neto, como consecuencia de una serie de medidas que lo llevaron a disminuir su producción de forma estructural. En línea con sus compromisos de reducción de las emisiones de carbono, el desmonte de los subsidios para la producción del sector siderúrgico terminó por encaminar las exportaciones a un declive del 67 por ciento.
En paralelo, las importaciones de acero crecieron 150 por ciento, lo que ejerció presión sobre la demanda y los precios internacionales. Como si se tratara de otra pandemia, el virus inflacionario mundial impactó al sector siderúrgico en Colombia. El incremento de los precios globales del mineral de hierro y la chatarra, insumos para la producción de acero, redunda en un avance equivalente en los precios finales de este producto a nivel local. El sector constructor ha tenido que enfrentarse a un crecimiento sostenido en el costo del insumo más importante para su actividad.
El buen momento de la vivienda nueva, auspiciado por los sucesivos récords en ventas que se han observado desde el año pasado, ha quedado opacado por los riesgos a la baja que enfrenta el sector frente al actual escenario inflacionario. Los costos para la construcción han crecido a tasas históricamente altas desde agosto del año pasado, con avances de más del 9 por ciento en el segundo cuatrimestre de 2022.
Los mecanismos de ajuste del sector, ante estas señales crecientes de precios, conllevan a una disminución progresiva de la oferta de unidades disponibles en el mercado; especialmente marcada en el segmento de vivienda de interés social, en vista de que el tope superior de 135-150 salarios mínimo legal mensual vigente (SMMLV) limita el traspaso de los mayores costos hacia el precio final del inmueble.
Limitar los efectos adversos de la coyuntura internacional sobre el sector constructor colombiano resulta entonces una tarea de primer orden. El país hoy por hoy registra un déficit habitacional del 31 por ciento y avanzar en este frente implica estimular la construcción de vivienda, en especial, por los réditos que genera sobre el mercado laboral y los encadenamientos con el sector industrial.
* Economista. Analista de investigaciones económicas en Corficolombiana.
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