En los últimos años ha quedado demostrado que la revolución de los proyectos viales de Cuarta Generación (4G) le ha traído progreso al país. En consecuencia, la infraestructura debería ser siempre una prioridad, debido a que se constituye en un motor para la economía, por sus grandes contribuciones en materia de competitividad y desarrollo.
Es una realidad la difícil situación económica que afrontamos hoy en día, debido a que los recursos públicos son cada vez más limitados para los proyectos de infraestructura. Esto se da, entre otras razones, porque la prioridad del Gobierno Nacional se ha tornado hacia los asuntos sociales; pero el país, y especialmente las regiones, no pueden aplazar las necesidades que existen en los diferentes modos de transporte.
Recordemos que en enero de 2012 se expidió la Ley 1508. Dicha norma busca, entre otras cosas, incentivar la participación privada en proyectos, definiendo una nueva forma de financiación de la infraestructura y sus servicios asociados, en la cual el privado es quien construye la obra y su retribución estará condicionada al cumplimiento de los requisitos pactados.
Por tanto, y sin lugar a duda, en este momento se debería considerar como alternativa la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP), para afrontar la crisis del sector de infraestructura en el país, pero, sobre todo, como impulso a las regiones para que puedan ver realizados sus planes de desarrollo.
Para ello, el gobierno cuenta con el Grupo Bicentenario, especializado en la estructuración y financiación de proyectos, y muchos de ellos con experiencia en la superación de los desafíos que tienen los proyectos de infraestructura. Entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Findeter, el Banco Agrario o la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio), podrían articularse para ofrecer servicios para la estructuración de los proyectos, el otorgamiento de créditos, garantías y seguros.
Los recursos públicos son cada vez más escasos, las regiones tienen finanzas frágiles, pero las herramientas existen y una de ellas es fortalecer las alianzas público privadas como un mecanismo de impulso para otros sectores, no solo el de transporte.
Por último, es oportuno fortalecer la Ley 1508, simplificando los trámites y facilitando procesos de contratación más eficaces y eficientes, pues como está diseñada en la actualidad, es poco atractiva tanto para inversionistas, como para las autoridades locales.
Lo anterior, debido a que la estructuración y además el trámite mismo, toma mucho tiempo y los resultados no son visibles a corto plazo. Alguna vez, un miembro de la clase política me decía: “Querido amigo, los estudios no se inauguran”.
Lo que sí es claro es que ante una buena estructuración los resultados son muy eficientes, y si bien muchas veces los proyectos no logran ejecutarse en un periodo de gobierno, si se tiene la visión de largo plazo, los beneficiados serán los habitantes, tanto por la generación de empleo, como por el disfrute de una infraestructura de calidad.
*Director de Asuntos Públicos Sacyr Colombia.
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