A pesar de la riqueza cultural que representan bebidas ancestrales como el viche, la chuchuguaza, la chicha, el guarapo, el chapil, el bushi rom, el ñeque, el bola de gancho o el churro, así como las cervezas y los vinos artesanales, Colombia tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas y negras de proteger la propiedad intelectual de estos saberes y apoyar a las familias que dependen económicamente de su producción y comercialización.
Sin embargo, gracias al posicionamiento del Festival Petronio Álvarez y de múltiples manifestaciones culturales en el Pacífico colombiano, ha crecido un movimiento que promueve la formalización de estas bebidas y trabaja por convertirlas en herramientas de crecimiento económico y de desarrollo social para los departamentos involucrados en su producción, consumo y comercialización.
En el caso de la región Caribe, aunque la producción y comercialización de bebidas artesanales y ancestrales no aporta de manera significativa a la economía y la generación de empleos, en departamentos como Atlántico y Córdoba sí es frecuente el consumo de cervezas y vinos artesanales como María Mulata, María Varilla, espumoso Marantá, Corozo de Mompox, Don Fernando y de Ayapel.
Buscando promover la cultura de la legalidad entre consumidores finales, la Federación Nacional de Departamentos (FND), que además lidera la lucha anticontrabando de licores y cigarrillos, tomó la iniciativa de consolidar los datos departamentales sobre las bebidas artesanales y ancestrales. Luego de realizar una encuesta entre las gobernaciones del país y sus equipos, identificó que el mercado nacional está representado, principalmente, por el consumo de cerveza; seguido del de licores, vinos y aperitivos, que tienen una mayor demanda en Cundinamarca, Chocó y el Valle del Cauca.
Uno de los datos más relevantes que arrojó este sondeo es que según la información disponible de 31 departamentos, en 25 hay presencia de bebidas artesanales y ancestrales. En el 30 por ciento de estos se producen y comercializan, mientras que en Arauca, Vaupés, Risaralda y Bolívar solo se comercializan, y en San Andrés únicamente se producen. Además se evidenció que en el Amazonas su consumo es alto, lo cual se explica por el alto número de comunidades indígenas que habitan en la región.
La conclusión más relevante de la encuesta realizada por la FND es la necesidad de formalización y regulación. Los mismos departamentos, desde las gobernaciones, han insistido y le han apostado a la producción y comercialización de estos productos como una actividad generadora de empleo y dinamizadora de la economía regional. Sin embargo, la realidad es que hay una alta tasa de informalidad y baja tecnificación y legalidad. Tan solo en 17 departamentos están registradas de manera formal empresas que producen bebidas artesanales y/o ancestrales.
Con un enfoque de legalidad y formalización es posible facilitar la promoción y la generación de empleos que repercuta en las mismas comunidades productoras, y que pueda ser un ingreso a las rentas departamentales que se invierten en salud, educación y deporte, en beneficio de los mismos ciudadanos.
En ese sentido ya se han producido avances importantes. El proyecto de Ley 324 de 2020, presentado por los representantes a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri y Jhon Arley Murillo, busca reconocer el viche como patrimonio cultural, colectivo e inmaterial del Pacífico, y proteger su producción y comercialización. La propuesta, que está a solo un debate en el Congreso de convertirse en Ley de La República, marcaría un hito en la lucha por la reivindicación de las bebidas ancestrales en Colombia y es una oportunidad para que exista una normativa que responda al origen y particularidades de este tipo de productos.
Formalización, la clave
El pasado 15 de julio, la Federación Nacional de Departamentos reunió en un webinar a algunos de los actores más relevantes en la discusión sobre las bebidas ancestrales y artesanales. El director de la FND, Didier Tavera, abrió el debate diciendo que “queremos que estos productos no solo estén en la mesa familiar, sino que tengan buena comercialización, que puedan llegar a los almacenes de cadena, e incluso a otros mercados internacionales, bajo todos los parámetros de legalidad. Eso, además, les garantizará a los consumidores que son productos elaborados bajo normas fitosanitarias”.
Por su parte, Jhon Arley Murillo, representante a la Cámara y ponente del Proyecto de Ley 324 de 2020, explicó que el viche y sus bebidas derivadas hacen parte de la cultura de las comunidades del Pacífico y es un renglón económico desconocido para muchas regiones del país, pero determinante en departamentos como el Chocó. “Hoy ya hay una economía informal que se puede fortalecer por medio de la formalización. Esto significará la tecnificación y el aumento de trapiches y pequeñas industrias que produzcan viche. Eso va a llevar recursos, empleo y puede ser una oportunidad para combatir los cultivos ilícitos en la región”.
Dimas Orejuela, líder de la Asociación de Productores y Transformadores del Viche del Pacífico colombiano y secretario general del Colectivo Destila Patrimonio, coincidió con Murillo y agregó que es clave que esa producción se siga haciendo en los territorios para que las comunidades sean las verdaderas beneficiadas.
Mientras avanzan iniciativas como la del viche, también se generan discusiones para lograr el registro sanitario de este tipo de bebidas. Carlos Alberto Robles, director técnico de Bebidas y Alimentos del Invima, explicó que el mayor desafío al que se enfrentan es que la normatividad vigente no contempla una diferenciación entre las bebidas alcohólicas regulares y las artesanales o ancestrales. A su juicio esto es algo que debe remediarse con urgencia, pues existen grandes diferencias entre la producción artesanal y la industrial. Entendiendo esta realidad, países como México, por ejemplo, lanzaron una normatividad específica para la regularización del mezcal.
Sin embargo, advirtió que “existe una serie de herramientas adicionales que se han venido formulando en el contexto de los últimos meses en relación a la reducción en el costo del otorgamiento de los registros sanitarios, la Ley de Emprendimiento 2069 que se formuló el año pasado y un decreto de 2020 que se formuló desde el Ministerio de Salud en relación a las cervezas artesanales”.
Promover estos procesos de formalización es tan importante como el tema tributario. Beatriz Elena Jaramillo, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA), advirtió que “la informalidad tiene unas repercusiones negativas en las finanzas de los departamentos, pues el no gravamen de impuestos representa una pérdida fiscal de 678 millones de dólares, sin mencionar las pérdidas a la industria legal, que son de 1.500 millones de dólares”.
Todas las bebidas alcohólicas están sujetas al Impuesto al Consumo y de formalizarse las artesanales y ancestrales la inversión de los departamentos en áreas clave como la educación y la salud podría fortalecerse. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, quien también participó en la conversación, aseguró que hoy las cervezas y licores tributan cerca de 100.000 millones de pesos (a corte de 2020) y que son las dos principales rentas que tiene el departamento para soportar los gastos de funcionamiento y de inversión.
Apoyar la formalización de las bebidas artesanales representa un gran reto y una enorme oportunidad para las regiones. En el caso de Córdoba, se han identificado diferentes licores ancestrales, como el vino de corozo, de tamarindo, de carambola, de mango viche y de mandarina. La Gobernación apoya varios emprendimientos liderados por jóvenes para que logren obtener el registro sanitario y salir al mercado. “Vemos estas bebidas como una alternativa de emprendimiento, de generar oportunidades para la gente, de consolidar el bienestar y fortalecer los tributos una vez que logren hacer parte de la economía formal”, aseguró Benítez Mora.
Para lograr esta meta también es clave apoyar a los productores para crear modelos de negocio rentables y estrategias de comercialización. Jorge Machuca, gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca, afirmó que las bebidas artesanales y ancestrales ofrecen una posibilidad para generar una experiencia de consumo diferente y desde la industria se pueden fortalecer este tipo de proyectos. Justamente la Licorera de Cundinamarca avanza en un proyecto para formalizar el ron artesanal.
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