¿Cómo frenar el alza de tarifas de los servicios públicos?
CAMILO SÁNCHEZ: El costo de vida no subió por los servicios públicos al contrario, los servicios públicos subieron porque el costo de vida subió. En tal sentido, el enfoque debe estar dirigido en cómo mejoramos la capacidad de pago de los ciudadanos o cómo el Gobierno ayuda a los más vulnerables a que puedan acceder a los servicios que no pueden pagar, con mecanismos de equidad, que no propiamente obedecen a la eficiencia en las tarifas. Para mitigar el efecto inflación adelantamos acciones en tarifas de energía. El Gobierno debería enfocar esfuerzos en mitigar el impacto a los usuarios aliviando el flujo de caja de las empresas.
¿Son claros los planes de inversiones que tienen las empresas de servicios?
C.S.: Los prestadores cuentan con planes claros de inversiones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad. Para su desarrollo es importante brindar confianza, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Hemos manifestado que cualquier decisión de política pública o regulación debe darse en el marco de la institucionalidad y con los análisis técnicos y económicos necesarios, en especial, cuando se trata de asuntos tarifarios.
En términos regulatorios y de supervisión, ¿son claras las normas para las empresas?
C.S.: Colombia tiene un régimen jurídico de servicios públicos robusto orientado a que las empresas presten servicios con calidad y continuidad y a que se garanticen los derechos de los usuarios. Hoy existe incertidumbre por la intención de modificar estas reglas (desde la iniciativa de modificación de la Ley 142 hasta cambiar la estructura del mercado de energía a través de decretos). Si se cambian los mecanismos de formación de precios, tanto los que se encuentran desarrollando proyectos como los agentes que operan, deberán entrar a revisar presupuestos
¿Cuáles son los mayores desafíos en cobertura de agua, electricidad, gas natural, alcantarillado y telecomunicaciones?
C.S.: En energía y gas debe proporcionarse una seguridad que permita ejecutar inversiones para el mantenimiento y expansión de las plantas de generación de energía y de la infraestructura de transporte para cubrir las necesidades más allá de 2026. Segundo, hay que lograr la entrada en operación de los proyectos de energía y gas. Por otra parte, en agua potable y saneamiento, debe avanzarse en el cierre de brechas urbanas y rurales, mejorar la formulación de proyectos y el tratamiento de aguas residuales. En aseo, avanzar a un modelo de economía circular, y en TIC se siguen desplegando antenas para mejorar la calidad del servicio.
¿Qué regiones de Colombia requieren mayor atención por parte de los prestadores de servicios?
C.S.: En el país hay 3,2 millones de personas sin acceso a agua potable. Así mismo, los recursos destinados no son suficientes para las obras de infraestructura necesarias. Se requiere una mejor forma de focalizar los subsidios y la inversión por parte del Gobierno. En energía eléctrica y gas natural los esfuerzos están enfocados en lograr la universalización del servicio. Finalmente, la industria TIC buscará llegar a una cobertura total del territorio colombiano con sus servicios.
Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos
¿Cómo frenar la alza de tarifas de los servicios públicos?
DAGOBERTO QUIROGA: Nos preocupa el peso de las tarifas de los servicios públicos en la canasta familiar. Creemos que promoviendo el principio de eficiencia de la ley de servicios públicos se pueden reducir las tarifas, pues un servicio de energía que no puede ser pagado por los usuarios no es eficiente. Es importante que quedé claro que no se van a imponer, ni a decretar las tarifas de la energía. Estamos haciendo un análisis de cada uno de los componentes que hacen parte del costo unitario, para encontrar dónde se puede mejorar la eficiencia y lograr una reducción. Cualquier ajuste en la fórmula de la tarifa mantendrá la suficiencia financiera de las empresas y enviará señales positivas para los inversionistas.
¿Son claros los planes de inversiones que tienen las empresas de servicios públicos en el país?
D.Q.: Nuestra preocupación tiene que ver con la reinversión que las empresas de servicios públicos deben hacer en mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura, cobertura y calidad; pues una parte del recaudo de lo que pagan los usuarios está destinado a estas inversiones.
En términos regulatorios y de supervisión, ¿están suficientemente claras las normas para que las empresas tengan un normal funcionamiento y se protejan los derechos de los usuarios?
D.Q.: Creemos que regulatoriamente se puede lograr una mayor eficiencia, pero hemos visto que la regulación está diseñada de manera genérica sin tener en cuenta las particularidades de las empresas y los territorios. En ocasiones, las sanciones a las pequeñas empresas por incumplimiento regulatorio no son la mejor alternativa, porque se puede acabar quebrándolas o comprometiendo su capacidad de operación. Este tema es evidente en el servicio de acueductos veredales y comunitarios. Por eso, trabajamos en propuestas de regulación que les alivien la carga.
¿Cuáles son los mayores desafíos en cobertura de agua, electricidad, gas natural, alcantarillado y telecomunicaciones?
D.Q.: Particularmente, para las zonas no interconectadas, nos encontramos con el desafío de preparar a esas comunidades para la prestación del servicio a través de transferencia de conocimiento y empoderamiento. Donde sea posible estamos promoviendo la participación de las comunidades organizadas en la prestación de los servicios públicos, pues la oferta y calidad mejora cuando las comunidades también participan en la generación y prestación de servicios públicos. La política del Gobierno, en lo que respecta a comunidades energéticas va a representar un salto en los niveles de cobertura
¿Qué regiones de Colombia requieren mayor atención por parte de los prestadores de servicios?
D.Q.: En todo el país hay situaciones que requieren intervenciones urgentes. Sin embargo, en las zonas más vulnerables, como las Zonas No Interconectadas, debemos aumentar la vigilancia y el control. En materia de acueducto y alcantarillado en regiones como La Guajira la situación es de emergencia. No obstante, cuando miramos la calidad del agua y la continuidad del servicio nos damos cuenta de que en todas las regiones del país hay un déficit particularmente agudo en las áreas rurales, en donde el 28 por ciento tiene agua en alto riesgo de ser inviable para el consumo humano.
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