Reducir las desigualdades y la pobreza sigue siendo un desafío para Colombia. De acuerdo con Jens Arnold, economista principal de la Ocde en el país, se siguen desaprovechando ventajas económicas, de crecimiento y de mejora en ingresos, al limitar las oportunidades de sus ciudadanos.
Según la reciente publicación ‘Estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde): Colombia 2022′, las perspectivas de crecimiento a mediano plazo en el país dependen de las reformas que se ejecuten para ampliar la protección social e impulsar la productividad.
La pandemia fue un termómetro que permitió medir cómo estaba América Latina en inversión social. ¿Qué determinó la observación de la Ocde?
JENS ARNOLD: La pandemia fue un llamado a cambiar la protección social en la mayoría de países de la región. Hubo un aumento de las desigualdades, que si bien estaban ahí desde hacía mucho tiempo, se fortalecieron durante estos años. Vimos una caída muy fuerte de los ingresos en el quintil de los más vulnerables. Esta población tuvo una reducción del 30 por ciento de sus ingresos en 2020. El quintil de mayores ingresos solo vio una disminución de sus ingresos del 5 por ciento.
¿A cuál sector le urge ser priorizado por las políticas de inversión social?
J.A.: El mercado laboral está caracterizado por profundos desafíos estructurales, incluida la elevada informalidad. En Colombia, el 60 por ciento de los trabajadores son informales, por lo que no contribuyen a la seguridad social y no van a recibir una pensión. El mayor problema está en términos pensionales: tres cuartos de la población no recibe una pensión formal, y el 65 por ciento de los trabajadores que contribuyen a esta tampoco van a recibirla debido a la transición que han tenido entre el trabajo formal e informal; es decir, que no cumplen con los requisitos mínimos.
¿Qué retos tiene Colombia para garantizar la protección social?
J.A.: El 40 por ciento de la población vulnerable en América Latina está cubierta por alguna transferencia social, mientras que en Colombia es solo el 15 por ciento. Hay que repensar de manera fundamental la protección social, incluir beneficios tanto para la tercera edad como en la lucha antipobreza, se debe dar un ingreso mínimo garantizado y una pensión universal básica. Lo importante es que haya una cobertura básica que no se financie con cargas sociales, sino con recursos de tributación, y esto implica una importante reforma del sistema tributario.
¿Qué impacto tendría esta reforma tributaria?
J.A.: Colombia recauda muy poco, solo el 20 por ciento del PIB, lo que es evidentemente menor al promedio de los países de la Ocde y de la región. Con estos recursos es difícil armar un sistema de protección social funcional e incluyente. Hay que pensar cómo aumentar ese recaudo y, después, usar estos recursos tributarios para financiar la protección básica.
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