Cerrar las brechas que existen actualmente en el país en materia de transporte e infraestructura es uno de los grandes retos que se propuso el Gobierno y dejó trazado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’. La meta es avanzar en la consolidación de caminos comunitarios, servicios aeroescenciales y la reactivación del modo fluvial y férreo.
Para alcanzar esos objetivos, el Plan incluye proyectos como la red férrea del Pacífico, el corredor férreo Dorada – Chiriguaná, y las obras de adecuación del canal navegable del río Magdalena, entre otros.
Con estas acciones, el sector transporte ahora cuenta con una hoja de ruta que le permitirá a más colombianos acceder a la oferta social del Estado, bajo los principios de equidad, cobertura y conectividad.
Conexión intermodal
Una de las grandes apuestas es la consolidación de una red de infraestructura intermodal con la que se pueda garantizar la transitabilidad de las vías terciarias, el mejoramiento de las instalaciones portuarias, la construcción de muelles fluviales, la ampliación de aeródromos, la navegabilidad de ríos y la reactivación de las redes férreas, entre otros proyectos estratégicos.
Así mismo, se busca fomentar los sistemas públicos de movilidad con energías limpias y tarifas accesibles para impulsar la reconversión tecnológica que requiere el sector. Hoy, la estrategia es alcanzar una movilidad con bajas o cero emisiones en todos los segmentos, medios y modos.
Los ejes de acción
Con el Plan Nacional de Desarrollo se da inició a importantes programas y proyectos establecidos en los 35 artículos referentes al sector. Entre ellos se destaca el programa Caminos comunitarios para la paz total, con el que se rehabilitarán, mejorarán y mantendrán más de 33 mil kilómetros de la red vial regional para conectar los territorios, fomentar el desarrollo rural, apoyar la economía popular y fortalecer a las comunidades.
También está el programa de “Servicios Aeroescenciales - SAE”, que promueve el turismo y la prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad.
Además, se reactivarán los corredores férreos actuales y se dejará en marcha la construcción de nuevas líneas complementarias para impulsar el transporte intermodal y el desarrollo de servicios logísticos de valor agregado. De igual forma, los sistemas de pasajeros férreos que cuenten con convenio de cofinanciación podrán ser cofinanciados por la Nación.
Así mismo, se apoyará económicamente hasta en un 50 por ciento la sostenibilidad de los sistemas de transporte público en operación y cofinanciados previamente por el Gobierno, y se brindará apoyo técnico y financiero para la estructuración, implementación y entrada en operación de nuevos sistemas o proyectos de transporte público limpios y con esquemas tarifarios diferenciales.
Visión más sostenible
En materia ambiental, se ampliará el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico para avanzar en la articulación, focalización y financiación de planes, programas y proyectos de transporte e infraestructura que contribuyan a la reducción de las emisiones y abastecimiento energético del transporte público. De igual forma, se promoverá la movilidad activa mediante el Programa nacional de fomento al uso de la bicicleta, los proyectos de dragado en puertos marítimos y fluviales donde se deberá aprovechar el material de dragado para la recuperación de zonas afectadas y se impulsará el desarrollo y uso de los combustibles sostenibles de aviación SAF.
Dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031 se trabaja para lograr la reducción del 50 por ciento de fatalidades y lesiones a 2031. Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial definirá tecnologías que permitan fortalecer el control, con énfasis en la capacidad de detección de infracciones en el transporte terrestre, férreo y fluvial. Adicionalmente, se fortalecerá la inspección, vigilancia y control con la ampliación del campo de acción de la Superintendencia de Transporte.
Las inversiones y programas proyectados en los territorios deberán contratar como mínimo el 50 por ciento de mano de obra local, siempre que cuente con las capacidades necesarias, y se podrán celebrar contratos con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular mediante las Asociaciones Público Populares, lo cual será clave para fortalecer la economía y desarrollo de las regiones.