El Gobierno de Gustavo Petro le apostó a que mediante la incorporación del concepto de seguridad humana, descrito en su Plan Nacional de Desarrollo, se lograría transformar el rumbo del contexto de seguridad en el país. Sin embargo, ninguna transformación es automática, especialmente en materia de seguridad ciudadana, por lo que su impacto tomará tiempo en verse plasmado en el territorio; más aún cuando su política nacional sectorial se promulgó hasta hace unas pocas semanas.
Ahora bien, desde el inicio de su mandato, han sido varios los retos que el Gobierno nacional ha tenido que enfrentar, pero infortunadamente los resultados aún no son muy positivos. Y para entender estos retos, puede ser apropiado separarlos en dos tipos: por un lado, aquellos relacionados con la evolución de los delitos de alto impacto y, por otro, los que están asociados a la gestión territorial de la seguridad.
Dentro de ese primer grupo, uno de los principales retos lo constituye el aumento del microtráfico, directamente relacionado con la reorganización de grupos delincuenciales que se empezó a evidenciar después de los periodos de confinamiento que se vivieron en el desarrollo de la pandemia. Ese es un desafío enorme, ya que incrementa las rentas criminales, incentiva el constante reclutamiento e instrumentalización de población vulnerable (especialmente jóvenes) y requiere de una mayor coordinación interinstitucional para enfrentarlo.
Otro de los principales retos gira en torno a la evolución y el incremento de la extorsión. El número de víctimas sigue creciendo y las modalidades criminales detrás de este delito se han diversificado. La Policía Nacional ha adelantado diversas estrategias para enfrentarlo, pero sus esfuerzos siguen siendo insuficientes para la magnitud del fenómeno. La extorsión se ha intensificado, entre otras cosas, por la configuración de actores criminales que conciben en este delito una gran fuente de ingresos ilegales y también por la baja tendencia a denunciar entre la ciudadanía.
En cuanto al segundo grupo, un reto enorme ha sido poder relacionar los desafíos en torno a la convivencia, dentro de toda la oferta de seguridad ciudadana (por ende, de seguridad humana). Los casos de hechos contrarios a la convivencia son innumerables, tanto en zonas rurales como urbanas, y pueden llevar a incrementar los niveles de inseguridad en los territorios. Además, la atención y la respuesta que requieren esos casos ocupan a un gran número del pie de fuerza de la Policía Nacional, que de por sí ya es limitado, una situación que lleva a tener que destinar uniformados a labores que bien podrían estar realizando otras autoridades competentes. Si no se focalizan con firmeza las estrategias para mejorar los niveles de convivencia, cualquier esfuerzo por mejorar los indicadores de seguridad ciudadana terminará opacado.
Finalmente, otro de los grandes retos en ese segundo grupo recae sobre la articulación de los esfuerzos del orden nacional, en materia de seguridad y convivencia ciudadana, con aquellos que realizan las autoridades del orden local, especialmente a partir de 2024, cuando lleguen nuevos alcaldes y gobernadores al país. Y allí hay un cuello de botella muy complejo de solucionar, ya que la política nacional fusionó la seguridad y la convivencia ciudadana, con la seguridad nacional y la defensa nacional. Si anteriormente esa articulación fue muy difícil de consolidar, en este periodo presidencial esa tarea será aún más titánica. Sin una articulación fluida no será posible implementar políticas eficientes que logren incidir realmente en los indicadores de seguridad y convivencia ciudadana, en la desarticulación de estructuras criminales, en el bienestar de la población y en la sensación de inseguridad presente en la sociedad.
* Coordinador del Grupo de Investigación OPERA de la Universidad Externado.