Una de cada cinco botellas de bebidas alcohólicas que se comercializan en Colombia no cumple con los requisitos de ley, esto significa que el 22,4 por ciento del mercado es ilegal, de acuerdo con un estudio presentado por Euromonitor International. Además, el Ministerio de Salud reportó 67 intoxicaciones por metanol en 2021, una sustancia química que está presente en el alcohol adulterado.

Los casos de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas son más comunes entre diciembre y enero, justo en el marco de las celebraciones de fin de año y los carnavales. De acuerdo con Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), además de evadir el pago del impuesto al consumo y poner en riesgo la financiación de servicios de salud, educación y deporte para la comunidad, el contrabando de bebidas alcohólicas es una amenaza. “Pueden contener alcohol industrial no apto para el consumo humano y otra serie de químicos que llevan a la muerte”.

Por eso, desde el Programa Anticontrabando, la FND se ha aliado junto a las autoridades departamentales y locales, la fuerza pública, la industria y la ciudadanía para frenar su distribución. “Estamos trabajando en campañas dirigidas al consumidor final, mostrando los riesgos a los cuales se expone si es cómplice del contrabando”, dice Tavera, y agrega que el contrabando se puede combatir de manera eficaz solo si el país trabaja en equipo.

Este año, el fortalecimiento del Programa Anticontrabando a nivel nacional contó con una inversión de más de 16.900 millones de pesos y se aumentaron las actividades de control a establecimientos y a las vías del país. A la fecha, los Grupos Operativos han realizado cerca de 122 mil visitas de control, más de 5.600 actas de aprehensión y 816 cierres a establecimientos comerciales por favorecer la venta de productos ilegales sujetos al impuesto al consumo.

A esta lucha se sumó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien afirmó que el alcohol adulterado, de contrabando, artesanal ilegal y no apto para el consumo humano se convirtieron en un peligro para la salud pública y en “un enorme desafío para las finanzas públicas”.

*Contenido elaborado con apoyo de la Federación Nacional de Departamentos.