La situación de la infancia en Colombia es un reflejo de las realidades socioeconómicas y políticas del país. Mientras algunos niños disfrutan de acceso a educación de calidad, atención médica adecuada y entornos más seguros, otros enfrentan condiciones de pobreza extrema, desnutrición, violencia y falta de oportunidades.
“La situación de derechos de la niñez del país es preocupante. A pesar de existir un componente legal y jurisprudencial garantista, y contar con algunas políticas públicas, las violencias en sus diferentes formas y vulneraciones a derechos fundamentales son una constante diaria”, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Según Unicef, en Colombia cerca de 7 millones de niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos debido a su situación económica, y el 82 % de los delitos sexuales en el país tienen como víctimas a menores. Además, la mitad de estos niños corren el riesgo de abandonar la escuela sin completar su bachillerato, lo que agrava su proyecto de vida y sus perspectivas de desarrollo.
“La solución a la grave situación puede transformarse con buenos Planes de Desarrollo Territorial. Los planes, que justo en este momento entran en fase de revisión y serán entregados en abril a concejos y asambleas, tienen la posibilidad de generar apuestas estratégicas para cumplir con la niñez”, resaltó Ángela Constanza Jerez, coordinadora de NiñezYA, una coalición de 200 organizaciones que promueve la inclusión de temas de infancia en los Planes de Desarrollo.
Para Jerez, esos programas deben tener un diagnóstico completo y metas estratégicas. “El reto que tiene el país es llevar esas importantes normas a la práctica, pues las cifras nos demuestran que día a día se vulneran sus derechos en todo el país. Más que todo en ciertas poblaciones como la indígena, afro, desplazados o migrantes. Dependiendo del lugar y la familia en la que nacen, la vida es distinta”, sostuvo Jerez.
Presupuestos claros
Garantizar la asignación de recursos financieros y tener presupuestos e indicadores claros son otras de las tareas. “Si bien es importante contar con recursos, se deben generar mecanismos de seguimiento y control que permitan que sean utilizados en los destinos proyectados y que el recurso no se pierda”, reiteró Camargo.
Para Amparo Saldarriaga Klinkert, docente de la Universidad Nacional y Ph. D. en Políticas Públicas de Juventud, en Colombia ya “perdimos una ventana de oportunidad al dejar de priorizar la atención a la niñez y la juventud en nuestros planes estratégicos”. Según la experta, la falta de visión a mediano y largo plazo ha llevado a que los programas y políticas actuales no aborden adecuadamente los desafíos en áreas como salud, educación, nutrición y violencia intrafamiliar.
“Todo aquello que se haga para mejorar la vida de niñas y niños mejorará la vida de los demás. Una ciudad que esté en función de niños y niñas terminará beneficiando a sus familias y, en general, al resto de ciudadanos. Ganamos todos”, reiteró Jerez.
Desnutrición en aumento
La desnutrición crónica es uno de los problemas que más preocupa. A marzo de 2024 se habían registrado 6.332 notificaciones de casos de desnutrición en Colombia. Bogotá, La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y el Valle del Cauca son las entidades territoriales con la mayor cantidad de casos reportados.
Además, se confirmaron 11 muertes por desnutrición en niños menores de 5 años, con 45 casos adicionales bajo investigación. Los departamentos con la mayor cantidad de notificaciones, tanto confirmadas como probables, son Chocó, La Guajira, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander y Risaralda, según Camargo.
“En Chocó nuestro principal desafío es abordar la desnutrición. Esta situación afecta a nuestras comunidades étnicas, especialmente a los indígenas. La Corte nos ha interpuesto la Sentencia T-080 para abordarla de manera urgente. Y hoy, contamos con programas como el PAE, que está teniendo un impacto positivo en la mejora de este indicador y en la reducción de las tasas de desnutrición”, comentó Maryen Gracía Machado, secretaria de Integración Social del Chocó.
Los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica o retraso en talla antes de los 2 años puede tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54 % menos de salario, que un niño que no fue afectado por la enfermedad. “Ese niño, cuando sea adulto, impactará a su entorno. Y si son varios en la misma situación será un entorno carente de posibilidades de desarrollo”, agregó Jerez.
Isabel Cristina Londoño, gerente de Infancia y Adolescencia de Antioquia, reconoció que uno de sus desafíos es la disminución del hambre. “Hay una apuesta fundamental en impactar indicadores como el riesgo de desnutrición aguda, el retraso en talla en niños y niñas, apostarle a los 1.000 primeros días, al acompañamiento desde la gestación”.
Por su parte, Lina Bedoya, líder de Promoción y Prevención en la Secretaría de Salud de Medellín, destacó el programa ‘Medellín te Quiere Saludable’. “Nos enfocamos en promover la salud mental positiva, brindar herramientas para el manejo de emociones y fomentar habilidades para la vida, así como en educar sobre seguridad alimentaria y detectar riesgos nutricionales en niños y niñas menores de 18 años”, precisó.
Violencias contra la niñez
El prolongado conflicto armado también ha dejado profundas heridas en la infancia del país. Miles de menores han sido víctimas de reclutamiento por grupos armados, enfrentando condiciones de violencia y explotación.
Entre 2018 y octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió 186 alertas, relacionadas con economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y los préstamos gota a gota. Las alertas se distribuyeron en todo el país, con un mayor número de casos en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Además, el conflicto ha dejado más de 1,9 millones de menores como víctimas, lo que representa casi el 20 % de las víctimas.
“En Chocó, la violencia y el reclutamiento forzado son uno de los mayores problemas debido a la presencia de grupos armados ilegales y bandas delictivas. Estos grupos ponen en riesgo a niños, tanto en áreas rurales remotas como en barrios vulnerables de las ciudades. Programas como el PAE contribuyen a mantener a los niños en el sistema educativo, mientras que el fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes ayuda a prevenir el reclutamiento”, agregó Machado.
Según el ICBF, hay un total de 70.794 procesos administrativos de restablecimiento de derechos activos hasta febrero de 2024. Entre los motivos principales se encuentran la violencia sexual, la omisión o negligencia, la falta de responsables, la permanencia en situación de calle y el abandono. Los departamentos con mayor cantidad de procesos son Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico.
La violencia sexual sigue siendo otra de las preocupaciones. El hecho de que en 2022 un promedio de 11 niñas entre 10 y 14 años hayan dado a luz es un indicador grave. Además, el elevado porcentaje de niñas que se encontraban en una unión temprana cuando tuvieron un parto refleja la persistencia de las uniones infantiles forzadas en algunas regiones del país, especialmente en Amazonas, La Guajira, Vichada y Chocó.
Nidia Latorre, secretaria de Desarrollo Social y Asuntos Étnicos del Vichada, resaltó la urgencia de abordar problemas como mendicidad, trabajo infantil y explotación sexual. Destacó la sobrecarga de servicios en municipios fronterizos como Puerto Carreño, donde “la capacidad de respuesta se ve desbordada, generando un aumento en la violencia, pobreza y falta de oportunidades laborales, especialmente para la población indígena asentada irregularmente”.
Londoño destacó la importancia de trabajar por entornos protectores que eviten que los niños estén expuestos a situaciones de vulneración de derechos. En ese contexto, subrayó la relevancia del Sistema Departamental de Cuidado en Antioquia para generar servicios que liberen cargas de cuidado para las mujeres, “permitiéndoles tiempo para formarse, educarse y generar ingresos, lo que contribuye a mejorar su economía y evitar las violencias”.
Otro de los problemas es el consumo y la participación en actividades relacionadas con el narcotráfico. En ciudades como Medellín y Cúcuta, sustancias como el tusi y la heroína fumada están ganando terreno. Y en los barrios periféricos de Medellín y Cali, la influencia de los llamados “combos” y pandillas ha llevado a adolescentes a vincularse con estas organizaciones desde edades tempranas.
Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, enfatizó en la preocupación por la vulnerabilidad de los menores en la ciudad, especialmente debido a la pobreza, que aumenta su riesgo de explotación sexual, laboral y de reclutamiento. “Para abordar estos desafíos hemos implementado un modelo de coordinación institucional que involucra a diversas entidades y busca una respuesta integral desde la prevención hasta la protección de las víctimas”, señaló.
En otras regiones como Cauca, Norte de Santander y Cartagena, la participación de niños en actividades relacionadas con el narcotráfico, como la producción de drogas y el sicariato, está siendo también aprovechada por estructuras armadas transnacionales, generando un ciclo peligroso de violencia y criminalidad infantil.
La brecha educativa
A pesar de los esfuerzos por mejorar la accesibilidad y la calidad de la educación, persisten brechas y la deserción escolar sigue siendo grave. Solo el 55 % de los niños y niñas están recibiendo educación inicial dentro del marco de la atención integral, y apenas el 53 % recibe al menos seis de las 12 atenciones prioritarias establecidas.
Los problemas de inasistencia y deserción escolar persisten, con solo el 30 % de los niños que ingresan a preescolar graduándose de bachilleres y un escaso 20 % accediendo a la educación superior. La deserción escolar se agudiza en áreas rurales, donde la inasistencia alcanza hasta el 19,78 %.
“En promedio, para Medellín, el 5,16 % de sus habitantes en edad escolar no han alcanzado un nivel de educación esperado, afectando principalmente a los niños y niñas de las zonas rurales”, reconoció Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación. Destacó también cómo la inasistencia escolar, que alcanzó un promedio del 2,76 % en 2022, presenta disparidades significativas entre la zona rural (3,55 %) y urbana (2,64 %).
“Luego de que logramos reducir en 2019 la tasa de deserción escolar al 2,9 %, en 2022 la ciudad registró la deserción más alta de los últimos 11 años para todos los niveles educativos, de acuerdo con Medellín Cómo Vamos. La deserción en transición, que pasó del 3,7 % en 2019 al 5,1 % en 2022, es una de las más preocupantes”, afirmó Patiño.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, también habló del impulso de proyectos educativos enfocados en abordar desafíos clave como el acceso y la permanencia en la educación, la mejora de la calidad educativa y el fortalecimiento de las estrategias de convivencia escolar. “Para ofrecer a los infantes entornos seguros y apoyar a las madres que trabajan en las jornadas nocturnas creamos el programa Arrullo, una guardería infantil nocturna”, añadió Toro.
“Igualmente, estamos trabajando para desarrollar estrategias que nos permitan disminuir la tasa de violencia, el porcentaje de mujeres entre 14 y 17 años con hijos, el número de hogares con trabajo infantil, el número de niños y niñas víctimas del conflicto y los casos de muertes por desnutrición”, añadió.
Pobreza y ambiente sano
La pobreza multidimensional es otro desafío, con un 12,9 % de la población en esta situación en 2022. Aunque se ha registrado una disminución con respecto al año anterior, también persisten disparidades entre áreas urbanas y rurales, así como entre comunidades indígenas, afro y migrantes venezolanos.
“En La Guajira residen más de 290 mil niños y niñas, el 52 % en áreas rurales. Es en estas zonas donde enfrentamos los mayores desafíos en términos de desarrollo social, reducción de brechas y lucha contra la pobreza. Entre los retos se encuentran el acceso a agua potable y saneamiento, la desnutrición infantil, la cobertura y calidad de los servicios de salud, acceso a educación, y protección contra la violencia”, sostuvo Jairo Alfonso Aguilar, gobernador de La Guajira.
Los hogares con niñas, niños y adolescentes también enfrentan las mayores privaciones. “Encontramos que las comunas y corregimientos donde hay mayor presencia de niñas y niños cuentan con el índice más elevado de pobreza multidimensional, según el Departamento Administrativo de Planeación, 2023″, comentó Patiño.
El acceso a la salud es otra preocupación. Temas como la mortalidad materna y otros riesgos asociados al embarazo han experimentado un preocupante aumento. En 2021, la tasa de mortalidad materna se situó en 118,7 por cada 100.000 nacidos vivos. Los más afectados fueron los departamento del Amazonas, Vichada, La Guajira, Chocó y Caldas.
Históricamente, La Guajira registra las mayores tasas de mortalidad en niñas de 10 a 14 años por complicaciones relacionadas con la gestación, el parto y el posparto. Además, el bajo peso al nacer ha mostrado un incremento del 10,04 %, con Bogotá, Cundinamarca y Boyacá entre los territorios que registran los índices más altos.
A pesar de décadas desde la ratificación de los derechos de la infancia, el país aún no cumple adecuadamente con estas garantías universales. El Gobierno ha reconocido la urgencia y ha propuesto cambios, como la creación del Ministerio de la Igualdad y el fortalecimiento del sistema de justicia familiar. Pero los problemas van más allá de cuestiones jurídicas, extendiéndose a aspectos culturales, sociales, políticos y económicos.
La desarticulación entre instituciones encargadas de proteger a la niñez y la falta de acciones preventivas son evidentes. Además, persisten estereotipos y prácticas dañinas, como la normalización del castigo físico y la tolerancia hacia la violencia intrafamiliar.
La niñez debe comenzar a ser vista como la base para construir nuestro futuro, invertir en ella fortalece la economía, promueve la estabilidad social y contribuye al progreso sostenible a largo plazo. Al brindarles oportunidades se sientan las bases para que puedan alcanzar su máximo potencial y convertirse en los ciudadanos que queremos en un futuro.