Lala Lovera es una de las miles de venezolanas que ahora vive en Bogotá. Sin embargo, su historia es muy distinta a la de la mayoría de sus 1.729.537 compatriotas que han llegado a Colombia, según la cifra de las autoridades migratorias al cierre de 2020. Su esposo, abogado, asesoraba un grupo que comenzaba a hacer inversiones en el país y que requirió de él más tiempo a medida que el negocio crecía. La distancia no fue la idea de familia que tenían, así que hace 13 años hizo sus maletas y la de sus dos hijos de 4 y 8 años.
Cuando dejó atrás su natal Caracas, sabía que era un vuelo sin retorno. “Voy a citar una frase del libro de Melba Escobar, Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, con la que me siento plenamente identificada: ‘cuando llegué supe que era para quedarme’”. Esta certeza le facilitó el proceso de desarraigo; algo inusual entre quienes cruzan la frontera para comenzar desde cero en un país ajeno y guardan la esperanza de retornar al hogar. “Es distinto cuando sabes que este va a ser tu nuevo lugar para sentar raíces y crecer como persona y como familia. Entonces, me dediqué a entender a Colombia, un país del que me había formado una idea porque no lo conocía”, comenta. Su comprensión llegó de la mano de los miles de niños y niñas con los que interactuó cuando se incorporó a la Fundación Casa de la Madre y el Niño.
El trabajo en la fundación la acercó a las rutas de protección de la niñez colombiana y a la labor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Allí comencé a evidenciar que había niños venezolanos que entraban en el sistema de protección colombiano y tuve muchos interrogantes: ¿cómo estaban estos niños aquí? ¿dónde estaban sus padres? ¿qué estaba pasando con sus derechos?”. Lovera se fue a la frontera, y en Cúcuta y Villa del Rosario comenzó a ahondar sobre el movimiento pendular característico en lo que ella denomina el “ground zero” de la migración proveniente de Venezuela. “Cada vez había más jóvenes y niños que cruzaban todos los días para venir a las escuelas, además de personas con enfermedades crónicas y madres embarazadas”.
Antes de la pandemia, entre el 80 y 90 por ciento de los estudiantes en frontera vivían en Venezuela; cruzaban junto a sus familias para asentarse durante una semana en el Norte de Santander y regresaban a sus casas el fin de semana. Con la llegada de la crisis sanitaria el escenario cambió, principalmente porque no contaban con recursos para pagar arriendos y tras ser desalojados, retornaron a su país. “Aunque la frontera está cerrada hay más de 300 pasos irregulares y al menos entre 7.000 y 8.000 personas pasan diariamente por las torchas”, asegura.
Así nació Comparte por una Vida Colombia, una organización que ya existía en Venezuela desde 2016 con labores en comedores escolares y que en el país busca la estabilización de la población proveniente de Venezuela y de las comunidades de acogida con alto flujo migratorio. “Entendimos que teníamos que empezar a ser vehículos para la inclusión y ver cómo podíamos darle a Colombia las herramientas para recibirlos de una manera digna”, comenta Lovera, directora de la fundación.
Junto a su equipo se encarga de evaluar instituciones educativas donde se pueda replicar el modelo, con acciones proyectadas a largo y mediano plazo. El programa implementado en la frontera colombo-venezolana consiste en detectar problemas nutricionales.
Lo primero que hacen es medir talla y peso y levantar una caracterización del núcleo familiar, bajo la asesoría del departamento del Doctorado de Psicología Clínica de la Universidad de Los Andes. Luego, a los niños que presenten índices de desnutrición o de inseguridad alimentaria los incorporan en el programa. “El 90 por ciento de los niños y familias responden positivamente”. De hecho, algunos de los jóvenes recuperados hoy forman parte de la organización como voluntarios.
“Les entregamos el RUTF” (Ready to use therapeutic food), tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef. Antes de la pandemia les dábamos meriendas en los colegios y con las suspensión de clases decidimos complementar el tratamiento con kits nutricionales que contienen el 80 por ciento de la carga calórica que una familia de cinco miembros necesita para su seguridad alimentaria”, explica Lovera.
El monitoreo dura el año académico e incluye seguimiento a la salud mental de los estudiantes. En el caso de los migrantes, a los niños les toca desaprender para aprender una cultura nueva y así poderse integrar. “El desarraigo no es algo que se puede dejar pasar por debajo de la mesa. Los niños se encuentran como pares, pero eso de que somos iguales es una falsa idea. No somos iguales y eso no tiene nada de malo. Hay que trabajar para que preserven su identidad, cuando esta se pierde la gente siente que no es de un lado ni de otro. No es un tema de adaptación. No se trata de esa creencia de que los niños se adaptan fácil y rápidamente a todo”.
Para Germán Eduardo Berbesí, rector de la Institución Educativa La Frontera, en Villa del Rosario, el trabajo de La Fundación Comparte por una Vida Colombia no solo se centra en brindar alimentación a los niños y adolescentes del colegio, “su labor se ha enfocado en minimizar los cuadros de desnutrición o de mala nutrición de los estudiantes y en lograr contraer el porcentaje de deserción escolar”.
Con la pandemia y el cierre de las instituciones educativas, el trabajo de la organización se trasladó a los hogares de los niños y jóvenes y se amplió a las familias. “Esto nos ha permitido comprender la complejidad de la migración en sus diferentes dimensiones: seguridad alimentaria y nutricional, salud preventiva, permanencia en la educación, acceso al agua, la higiene y reunir datos para generar acciones mucho más efectivas”.
El programa no se centra de forma exclusiva en la población migrante sino también en la de acogida, “esto no tiene banderas o nacionalidad”. Lovera reconoce que hay ciudades más impactadas por la llegada de venezolanos que otras y que urge darle herramientas a las comunidades receptoras para poder lograr cohesión, crear tejido social e inclusión. En este sentido, la fundación ha estado trabajando con las administraciones municipales de Villa del Rosario y Cúcuta, principalmente, con las secretarías de Salud y Educación. “Se tiene la idea errada de que hay exceso de ayuda internacional en la frontera; sin embargo, la cooperación está más enfocada en la asistencia humanitaria y te encuentras con unos gobiernos locales desesperados por ayuda y por colaboración”.
Según datos de la Fundación Comparte por una Vida Colombia, que socializarán en las próximas semanas, el 90 por ciento de las comunidades migrantes, y eso incluye a las de acogida, no tienen ningún servicio de salud. “En algunos casos por desconocimiento, así que los actores en terrero podemos contribuir con información a reducir esta estadística”. Otra cifra destaca del reporte indica que el 42 por ciento de los niños que conforman estas comunidades vulnerables sufren de malnutrición y se alimentan con menos de un dólar.
Adicionalmente a su labor en Norte de Santander, Comparte por una vida Colombia trabaja en alianza con la Fundación Juanfe en Cartagena, “donde hay un alto flujo migratorio mixto, entre retornados, naturalizados y venezolanos”; y en Bogotá, en el desarrollo de un proyecto con la Fundación Casa de la Madre y el Niño relacionado con mujeres embarazadas y en protección. Para Lovera, en cada uno de los escenarios los migrantes deben entender que además de sus derechos, también tienen deberes que cumplir dentro del país que los recibe y contribuir con esa comprensión es parte de la tarea. “Es importante que se entienda que cruzar la frontera no significa la restitución de sus derechos. Hay como una idea de cruzar y comenzar a deambular por la región en búsqueda de lo que te falta en tu país, con la idea, errada, de que si migro voy a estar mejor, pero no siempre es así”.
*Periodista.
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