Atlántico y Bolívar son los principales motores económicos de la Región Caribe, con una participación conjunta de 7,8 por ciento del PIB nacional, según el Dane. Esto gracias, en buena medida, al intercambio comercial que se realiza por su infraestructura vial. Por eso, para mejorar esta capacidad instalada se proyectó la construcción del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, que cuenta con nueve unidades funcionales y una longitud estimada de 253 kilómetros. En octubre de 2021 se encomendó esta tarea a la Concesión Autopistas del Caribe que, desde entonces, opera y mantiene la infraestructura existente.
Esto se ha traducido en beneficios para 20 municipios de la región. Hasta la fecha, el proyecto ha creado más de 1.800 puestos de trabajo entre directos e indirectos (un 90 por ciento provenientes de las zonas de influencia) y producido desembolsos por compras de bienes y servicios por 287.067 millones de pesos. También ha fortalecido el apoyo a las comunidades con la ejecución de programas sociales con una inversión de más de 1.605 millones de pesos. Además, 290 familias se vieron beneficiadas gracias al fortalecimiento de seis proyectos productivos por parte de la concesión.
Sin embargo, el proyecto, hoy en etapa de preconstrucción y cuya ejecución requiere de una inversión privada de 4,3 billones de pesos, se encuentra en vilo por no acreditar el cierre financiero. De acuerdo con la compañía concesionaria hay tres factores clave. “Que el esquema tarifario no se ha podido implementar en los peajes del corredor, la imposibilidad de cobro en el peaje de Turbaco y el aplazamiento en la instalación de una nueva estación de peaje en el corregimiento de Arroyo de Piedra”, explicó Ernesto Carvajal Salazar, representante legal de Concesión Autopistas del Caribe.
El desafío más grande tiene que ver con el peaje de Turbaco, en el que un pequeño grupo se ha opuesto al cobro desde diciembre de 2021. “En este momento estamos cobrando únicamente las categorías 3, 4 y 5, que representan apenas un 15 por ciento del recaudo necesario”, advirtió Carvajal.
Con este panorama, el proyecto se encuentra en grave riesgo porque toda la estructura financiera está soportada en el recaudo de los peajes. La finalización anticipada del contrato supondría graves efectos para la región, como la interrupción del mantenimiento vial, la pérdida de miles de empleos y un retraso importante en materia de competitividad.
Sin embargo, la propuesta de la ANI de una tarifa diferencial en la estación de peaje de Turbaco de solo 1.500 pesos para Turbaco y Arjona en vehículos de categoría 1, y de 2.000 pesos para los de categoría 2, podría posibilitar el avance de este crucial proyecto.
*Contenido elaborado con el apoyo de la Concesión Autopista del Caribe.