Simplificando un concepto tan amplio como la vivienda, se puede decir que una casa es el espacio construido donde la unidad básica de la sociedad logra su mayor expresión de bienestar. Sin embargo, una vivienda representa mucho más. Es sinónimo de formalidad, seguridad, estabilidad económica, inversión, inclusión financiera, salubridad, tejido comunitario y desarrollo familiar para todos los miembros del hogar. No por menos, el acceso a la vivienda es un indicador clave de avance social y un derecho de rango constitucional para todos los colombianos, y, por lo tanto, garantizar el desarrollo y la ejecución de políticas públicas coherentes con ese propósito, ha sido, es y debe seguir siendo una prioridad de los gobiernos.
Después de tres décadas de aprendizajes y lecciones durante la construcción de una política consistente con las realidades de las ciudades, la población y el desarrollo inmobiliario, hoy se puede contar una historia de éxito sobre la vivienda social en el país. En todas las regiones de Colombia existen testimonios del impacto positivo de la política de vivienda.
Las fallas en el acceso y la promoción de la vivienda social que se han logrado corregir a lo largo de las últimas décadas se han soportado en principios socialmente efectivos y fiscalmente eficientes. En primer lugar, ante la carencia de ahorro y recursos propios de los hogares de menores ingresos se ha logrado profundizar el modelo de ventas sobre planos y el otorgamiento, por parte del Estado y de las Cajas de Compensación Familiar, de subsidios directos a la cuota inicial para los hogares de menores ingresos.
En segunda instancia y ante la dificultad para acceder a opciones de crédito, se han desarrollado y puesto en marcha coberturas de tasa de interés y garantías crediticias para la financiación de largo plazo de la vivienda, instrumentos con los cuales se ha duplicado la profundización hipotecaria y la competencia por acceder a ese nuevo mercado ha generado tasas históricamente bajas.
En tercer lugar, el país cuenta con un modelo ejemplar de transparencia y eficacia operativa para la administración, asignación y pago efectivo de los subsidios, en el que el ciento por ciento de los recursos se traducen en hogares beneficiarios y viviendas construidas; lejos de estar en riesgo de ineficientes prácticas como cartas cheques sin beneficiarios y proyectos siniestrados. En cuarto lugar, se regularon los precios de venta de la vivienda social, mediante la definición de topes para la VIS y VIP que garantizan el cierre financiero de hogares con menos de cuatro salarios mínimos de ingreso mensual, incluyendo instrumentos tributarios que hacen factible el desarrollo de los proyectos a esos precios.
La tarea aún no está terminada y se debe seguir complementando sobre la base de lo que ha funcionado bien. Debemos llegar a más regiones y municipios, y desde el tejido empresarial del sector estamos listos para hacerlo. También debemos lograr que hogares de un salario mínimo de ingreso mensual puedan acceder a la vivienda formal, y para eso una política de arrendamiento social como paso previo a la propiedad puede ser el camino para bancarizar y generar el ahorro necesario. Así mismo es necesario fortalecer los programas de mejoramiento individual y colectivo de la vivienda, para que las zonas construidas mejoren su estándar urbanístico y eliminemos el déficit cualitativo. En fin, hay propuestas y acciones por seguir desarrollando, con el propósito único de país, en el que, si construimos más vivienda, generamos más desarrollo.
Cerrar las brechas
Los desafíos para los próximos años no son menores. En primer lugar, está la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Proveer vivienda formal lleva el compromiso y responsabilidad, como país, de que su construcción sea sostenible con el medioambiente. Segundo, debemos impulsar, con la vivienda, la construcción de tejido social desde el buen urbanismo y la oferta de bienes públicos. Necesitamos duplicar la construcción de colegios, centros de atención infantiles, parques, espacios deportivos y culturales, entre otros.
Así logramos la integralidad entre vivienda formal y construcción de tejido social y comunitario. Y no menos importante, debemos atender las necesidades de vivienda y hábitat de los hogares en nuestra ruralidad para contribuir con el cierre de brechas. Actualmente ocho de cada diez hogares en la ruralidad enfrentan una condición habitacional precaria y debemos hacer de esa necesidad, una prioridad del país.
En ese propósito superior que es la vivienda formal, la participación de nuestro tejido empresarial es fundamental. Debemos construir sobre lo construido, seguir haciendo de la confianza público-privada la base de los próximos años y que el desarrollo y ejecución de políticas públicas coherentes con ese propósito siga siendo una prioridad y la clave del avance social de los colombianos.
En cifras
- 250.000 viviendas nuevas por año, produce actualmente el sector.
- 70 por ciento son Viviendas de Interés Social (VIS).
- 552 empresas están desarrollando proyectos VIS, de las cuales 521 son medianas y pequeñas.
- 80 por ciento de la población del país habita en los más de 300 municipios donde se desembolsan los subsidios.
- 2,5 puntos porcentuales del PIB en nuevas viviendas sociales cada año invierten los hogares colombianos.
- 20 por ciento del empleo del país aporta el sector con la construcción de vivienda.
*Presidenta de Camacol.
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