Desde febrero de 2015 fue presentada una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que buscó la protección de los derechos a la vida e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Wayúu.

Carolina Sáchica Moreno, directora del Área Académica de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, asumió la representación de los más de cien mil indígenas que conformaban la Asociación de Autoridades Tradicionales Shipia Wayúu, que hoy suma más de ciento noventa mil, entre agremiados y representados.

De acuerdo con Sáchica, “el ejercicio de litigio estratégico va más allá de intervenir en la resolución de conflictos; implica una oportunidad única para realizar defensas de derechos humanos y construir un impacto perdurable en la sociedad”. Este enfoque -agregó- desafía la noción tradicional del litigio, ya que busca influir en la generación de cambios que marquen antecedentes.

Para la directora de la UTadeo, la gratificación no solo proviene de obtener una decisión judicial favorable, sino de saber que se está contribuyendo a un cambio más amplio y significativo, a una transformación social. La responsabilidad es enorme, pues implica la representación de comunidades enteras; se requieren estrategias diversas y creativas.

En el caso de la comunidad Wayúu, esta herramienta legal ha sido fundamental para lograr decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de distintas autoridades judiciales en Colombia que ordenan la protección de los derechos humanos de este pueblo indígena.

Estas acciones legales promovidas para representar una colectividad en estado de vulnerabilidad, pretenden generar transformaciones sociales y políticas, que incluyen el desarrollo de estrategias dirigidas a la protección de los derechos humanos ante situaciones injustas e inequitativas. Por su naturaleza, este tipo de litigios marcan precedentes que suelen replicarse en causas similares, no solo a nivel local sino internacional.

La comunidad Wayúu en la CIDH

Luego de un litigio muy intenso durante el año 2015, y debido a la gravedad de la denuncia que daba cuenta de la muertes de miles de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira, el 11 de diciembre de 2015 se tomó una decisión histórica. La CIDH concedió medidas cautelares a la comunidad indígena Wayúu en favor de niños, niñas y adolescentes, siendo requerido el Estado colombiano con el fin de que proteja la vida e integridad personal de esta población.

Desde entonces, y debido a las condiciones desfavorables de este pueblo indígena, se ha mantenido el litigio en la CIDH. A nivel local se generaron distintos fallos de tutela, que han replicado las mencionadas decisiones de la CIDH; incluso la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional con ocasión de una tutela presentada por un ciudadano que alegó el incumplimiento de las mencionadas medidas cautelares.

Recientemente fue decretado el estado de emergencia económica por el gobierno de Gustavo Petro, el cual fue declarado inexequible en la Corte Constitucional, pero salvó lo relacionado con el derecho humano al agua.

La Utadeo lidera la lucha jurídica para la reivindicación del derechos al agua potable de la comunidad indígena Wayúu. | Foto: Cortesía Universidad Jorge Tadeo Lozano- Carolina Sáchica

Para Denisse Grandas, directora del área Académica de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Utadeo, es fundamental promover la institucionalidad, las políticas públicas desde el orden local y nacional y la participación de los actores del desarrollo”.

Además advirtió que “estas medidas resultan esenciales para garantizar el bienestar y la protección de los niños y niñas indígenas, cumplir con los tratados internacionales y avanzar en los compromisos adquiridos por Colombia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial, con el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero), el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento)”.

Derechos culturales de niños y niñas Wayúu

Los derechos humanos de la niñez, especialmente en el contexto de las comunidades indígenas, adquieren una dimensión particular al considerar la preservación de sus valores culturales y cosmovisión. En el caso de la comunidad Wayúu, los mayores se encargan de transmitir el conocimiento y saberes ancestrales a los niños y niñas como parte de su legado cultural en el marco de espacios que incluyen elementos de la naturaleza, en el que el fuego y el agua son fundamentales. Por eso, la protección de los derechos de esta población implica también garantizar, preservar y respetar sus derechos culturales, intrínsecos a su identidad y bienestar.

Como señaló Elkin Rubiano, director del Área Académica de Humanidades de la Utadeo, “la niñez Wayúu tiene el derecho a recibir una educación que no solo sea accesible y de calidad, sino también culturalmente relevante y respetuosa con sus tradiciones”. Esto incluye la integración de su lengua, historia y prácticas culturales en el currículo educativo, facilitando así una educación que refuerce su identidad cultural.

“Esto es fundamental para protegerlos contra cualquier forma de asimilación forzada o erosión de su cultura. Por lo tanto, proteger los derechos humanos de la niñez Wayúu no solo es una cuestión de justicia, sino también de salvaguardar la riqueza cultural y espiritual de nuestras sociedades”, señaló Rubiano.

Los derechos humanos de la niñez, especialmente en el contexto de las comunidades indígenas, adquieren una dimensión particular al considerar la preservación de sus valores culturales y cosmovisión. | Foto: jrothe

Por su parte, Alberto Tamayo, director del Área Académica de Cinematografía de la Utadeo, precisó que “se entiende la cultura como ese territorio en el que nos encontramos con el otro diverso y en donde hacemos de nuestra identidad un relato que nos permite ver lo que somos y seremos a través de esa mirada del otro”.

A esto responde que el sector audiovisual haya establecido diálogos con experiencias y resonancias nacionales, como el Festival de Cine de Infancia y Adolescencia, el Festival Universitario de Cine - EUREKA, los proyectos audiovisuales de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CONCIP) y las iniciativas de apropiación social de las artes en grupos poblacionales de primera y segunda infancia en territorios y comunidades de varias regiones del país.

La producción de material audiovisual ha contribuido con el litigio estratégico. Este es el caso del documental El río que se robaron: el exterminio del pueblo wayúu, el cual reveló cómo los indígenas Wayúu de La Guajira mueren de sed y desnutrición porque el río Ranchería, piedra angular de su sustento, ha sido desviado. Este producto audiovisual, dirigido por Gonzalo Guillén y que fue proyectado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, muestra la realidad en ese territorio y el comienzo de esta lucha jurídica, prueba fundamental ante la CIDH.

Toda esta apuesta jurídica tiene otra connotación cuando se entiende el valor de contar y comunicar sobre los avances, retos y desafíos que ha llevado esta importante tarea. Para Óscar Durán, director del Área Académica de Comunicación Social – Periodismo de la Utadeo, “al compartir las historias de los niños y niñas indígenas y sus luchas por sus derechos, se puede empoderar a las comunidades locales para que defiendan y promuevan estos derechos”.

Por su parte, Dayana Cortés, directora del Área Académica de Idiomas de la Utadeo, cree que para fortalecer la identidad cultural de los niños y niñas Wayúu es fundamental preservar su lengua nativa: el wayuunaiki. " Teniendo en cuenta que Colombia es un país con una gran diversidad lingüística y sociocultural, con 69 lenguas nativas, y que el wayuunaiki o lengua wayúu es la lengua materna de cerca de 100 mil personas en La Guajira, es importante que, desde las políticas nacionales de Educación y bi/pluri y multilingüismo, se garantice que los niños y niñas de la comunidad Wayúu reciban educación en su comunidad y en su lengua nativa para preservar su identidad cultural y social”, precisó.

La tarea que nos queda

De acuerdo con Olga Illera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Utadeo, este litigio estratégico ha sido una valiosa herramienta no solo para generar una movilización desde la sociedad, las instituciones y la política en torno a la protección de los derechos de los niños y niñas de esta comunidad, sino también ha significado una oportunidad para la academia. “Para que desde las universidades se materialice, a través de la investigación, la creación y la formación; la pertinencia de los programas académicos”, concluyó.

*Contenido elaborado con apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.