Recientemente el Gobernador encargado de Antioquia hizo una propuesta extraordinaria: canjear las acciones de la gobernación en Hidroituango por una participación de Antioquia en EPM. Esto con el fin de evitar los líos jurídicos entre la sociedad promotora del proyecto -donde el departamento es su socio mayoritario- y Empresas Públicas de Medellín -que funge como socia minoritaria y contratista del mismo-.
La propuesta es bondadosa por varias razones. En primer lugar, es claro que la contingencia de la hidroeléctrica puso en aprietos financieros y legales a EPM. Es oportuno pararle la caña al Gobernador encargado y cambiar la naturaleza jurídica de EPM, pasando de ser una empresa industrial y comercial del Estado a una por acciones. Igualmente, el Concejo necesita facultar al Alcalde para que con solo un contrato interadministrativo entre Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia e IDEA se finiquite esta operación. La mayor ganancia para la ciudad estaría en proteger a EPM, blindando las transferencias que esta le hace a Medellín por cerca del 25 por ciento de sus recursos anuales. Recordemos que el pleito, derivado del colapso de la galería auxiliar desvío en 2018, tiene a EPM en riesgo de quiebra.
La legitimidad que EPM ganaría en todos los rincones del departamento con esta maniobra es otra bondad de la iniciativa. A la empresa recurrentemente se le ha señalado como responsable de la inequidad que existe en las regiones antioqueñas, aportantes de la materia prima para su proceso de generación. Por un lado, pagan prediales mínimos por los sitios que ocuparon como embalses, sus “bodegas” industriales. Por otro, solo la capital antioqueña, que tanto queremos, es la que se queda con las utilidades que arroja EPM. Estas se crecen con los insumos de la periferia, por fungir EPM como un monopolio natural en buena parte de sus negocios. Es decir, en varios de los componentes de servicios públicos que regenta EPM, no es eficiente que exista competencia. Lo anterior implica, después de amortizar las grandes inversiones de acceso, con unos costos de producción decrecientes, ganancias colosales año tras año.
Además, ha sido vergonzoso que, a estas alturas, mientras varias subregiones del departamento no tienen las coberturas que deberían en acueducto y alcantarillado, EPM haya optado en el pasado por hacer inversiones de dudosa rentabilidad en el exterior. El Urabá Antioqueño es un claro ejemplo de esto. Antes de botar los recursos en Antofagasta, Chile, hubiera sido mejor “mercar primero para la casa”, resolviendo este problema allí y haciendo distritos de riego y obras de drenaje que potenciaran la vocación agroexportadora de la subregión más promisoria del departamento.
Nunca entendí el criterio empresarial de EPM. Como Alcalde de Rionegro me tocó casi que implorar para que aceptaran comprar una mala empresa que teníamos de acueducto y alcantarillado y adelantaran las inversiones para ordenar la ocupación del Valle de San Nicolás, un sitio que está en capacidad de albergar hasta en tres veces el conglomerado urbano que se forma desde Bello hasta Envigado, incluyendo a Medellín. Les rogamos para eventualmente multiplicarles por tres, volteando la esquina, el volumen del negocio. Finalmente, terminaron comprando las empresas públicas locales y hoy ejecutan en mi ciudad inversiones por más de 500 mil millones de pesos.
Mi último argumento a favor de la iniciativa de Suárez es que permite salvar la gran apuesta que hizo el gobernador Ramos en 2008 para darle a Antioquia una fuente de recursos diferente a la vetusta que generan los vicios. De no haber sido por la ligereza con que se decidió sobre Hidroituango entre 2012 y 2015, esta generadora de energía le podría entregar al departamento casi cuatro veces lo que aportaba la FLA, entre excedentes e impuestos. Pero, del “ahogado el sombrero”: la propuesta del Gobernador (E) nos podría dejar al menos con otra FLA.
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