En medio del fervor por las energías renovables y la urgencia de reducir las emisiones de carbono, un aspecto clave suele pasar desapercibido: la transmisión de energía. Aunque la generación de energía limpia es esencial, sin una infraestructura adecuada para transportarla, su potencial queda limitado.

“Son las carreteras hacia ese objetivo; tanto para mejorar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica para todos los ciudadanos, como para incluir mayores plantas de generación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovables”, explica Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

En Colombia, como en muchas partes del mundo, el desafío cobra una importancia crucial. Para alcanzar las metas climáticas, el mundo necesita duplicar el tamaño de sus redes eléctricas para 2050. Esto implica construir nuevas líneas de transmisión, mejorar las existentes e integrar tecnologías inteligentes para gestionar la red de forma eficiente.

“La integración regional y el desarrollo de interconexiones internacionales son fundamentales (hoy solo exportamos a Ecuador), mientras que la transmisión se enfrenta a retos crecientes en expansión y optimización. A nivel global, se prevé un aumento significativo en la longitud y capacidad de la infraestructura de transmisión, especialmente en mercados emergentes”, agrega Sánchez.

La energía desempeñará un papel fundamental en la economía futura, lo que implicará un aumento significativo en su consumo en comparación con el pasado. Se proyecta que, en regiones como la Unión Europea y Asia, el crecimiento anual del consumo podría superar el 10%, en contraste con el histórico 4%. Esto se debe a la transición hacia la movilidad eléctrica, el transporte público eléctrico y la expansión de los centros de datos.

“La demanda de almacenamiento y procesamiento de datos, impulsada por la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, contribuirá aún más a este aumento en el consumo de energía. Los países que logren satisfacer la creciente demanda de energía estarán en una posición privilegiada en las economías futuras, especialmente en la instalación de data centers y en sectores basados en el consumo de energía eléctrica”, sostiene Fredy Zuleta Dávila, gerente general Enlaza Grupo de Energía de Bogotá.

En Colombia, la Upme dice que el Plan Energético Nacional 2022-2052 proyecta un crecimiento continuo en la demanda total de energía, que podría alcanzar cerca de 2.000 PJ/año para 2050, representando un aumento del 43% con respecto al consumo actual. La mayor parte de este consumo proviene de combustibles fósiles utilizados en el transporte, lo que plantea desafíos en eficiencia energética y descarbonización en este sector.

Para lograr esa transición, se deben implementar transformaciones en la electrificación de otros sectores, como edificaciones e industria, y aprovechar estratégicamente el hidrógeno y el gas natural, dice la Upme. “Esto podría reducir la demanda total de energía a un rango de 1.600 a 1.700 PJ/año, solo un 12% - 20% más que el consumo actual. Esta estrategia implica un cambio hacia el uso predominante de energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles, lo que resultaría en una menor demanda total de energía pero un aumento significativo en la demanda de electricidad”, agrega.

En ese contexto, la preparación del sistema eléctrico en Colombia es crucial para facilitar la transición. Según Andesco, la inversión en transmisión de energía ha superado los 900 millones de dólares en los últimos dos años. Pero a la vez, alrededor del 50% de los proyectos en desarrollo del Sistema de Transmisión Nacional (STN) enfrentan retrasos, debido principalmente a problemas sociales y trámites ambientales.

“El más importante es el relacionado con los mayores plazos requeridos para el desarrollo de proyectos, una situación crítica que debe ser tenida en cuenta desde la política pública y la planeación, sobre todo en un escenario que exige una expansión sin precedentes”, indica Andrés Villegas Ramelli, vicepresidente (e) Transmisión de Energía de ISA.

Además dice que será necesario evolucionar desde un modelo de planeación tradicional a un modelo de planeación integrada y flexible “que considere dentro de sus criterios los conceptos de flexibilidad y resiliencia, e incorpore las nuevas tecnologías (por ejemplo, almacenamiento, condensadores síncronos, FACTS ), el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la adopción de esquemas regulatorios que viabilicen las nuevas soluciones requeridas”.

La tarea se vuelve aún más titánica en territorios como el colombiano, donde la geografía accidentada puede obstaculizar los proyectos de infraestructura energética. Según Zuleta, las energías renovables del futuro, como la solar y la eólica, suelen ubicarse en regiones alejadas de los centros de demanda tradicionales.

En Colombia, esto incluye zonas como La Guajira, Cesar y partes del Magdalena. “Esto plantea el desafío de transportar la energía a los lugares de consumo, como los centros de datos. Estos centros son grandes consumidores de energía y suelen ubicarse en áreas de mayor altitud, como la sabana de Bogotá o el valle de Rionegro, debido a condiciones favorables para la refrigeración. Áreas que están muy distantes de donde se genera la energía renovable”, explica Zuleta.

El gobierno ha desarrollado un plan de expansión de la red eléctrica a largo plazo. Este plan tiene como objetivo anticipar las necesidades futuras de transporte de energía eléctrica y garantizar su suministro eficiente en todo el país. Según la Upme, el plan destaca el aumento significativo de proyectos de generación, principalmente de fuentes renovables como la solar y la eólica, lo que implica la necesidad de una infraestructura de transmisión adecuada para conectar esta oferta al Sistema Interconectado Nacional.

De la misma manera, Andesco dice que es crucial la colaboración estrecha entre instituciones para superar los desafíos ambientales y sociales en los proyectos. Zuleta, agrega que la legislación ambiental en Colombia debe modificarse porque se centra en proteger contra riesgos ambientales asociados a proyectos como minería y oleoductos.

“La misma legislación se aplica a proyectos de transmisión eléctrica, a pesar de que no generan impactos similares. Esa complejidad legal dificulta la implementación de proyectos de transmisión, a pesar de que ofrecen beneficios ambientales superiores. Las comunidades pueden oponerse a estos proyectos utilizando los mismos procesos diseñados para la minería, aunque los proyectos de transmisión tengan un impacto ambiental mucho menor”, indica Zuleta.

Andesco cree que esos criterios se deben ajustar, y también se deben simplificar y optimizar los tiempos en trámites sin comprometer la protección del medio ambiente. “El Gobierno debe involucrarse más con las comunidades, reconociendo la importancia de los proyectos”, aclara Sánchez.

La legislación tampoco estaría evaluando los beneficios de los proyectos, mientras se centra en los impactos, agrega Zuleta. “Esto ha provocado retrasos en proyectos en la región central del país, lo que conlleva al riesgo de desabastecimiento energético debido a la incapacidad para satisfacer la creciente demanda y traer energía adicional”, sostiene.

Tampoco incluye, según él, los impactos de no llevarlos a cabo. “Por ejemplo, la falta de proyectos de transmisión ha llevado a una emisión de 90.000 toneladas de CO2 mensuales en la región central, debido al uso constante de generación térmica”.

Es fundamental asegurar que las líneas de transmisión se desarrollen junto con los proyectos de generación de energía. “Sin líneas de transmisión, incluso si se construyen proyectos de generación, no podrán llevar la energía a donde se necesita. Tenemos un desafío como país muy grande en ese sentido”, concluye Zuleta.

“Sin transmisión de energía no hay transición”, resalta Villegas y agrega que las redes eléctricas habilitan la conexión y el intercambio eficiente de las energías renovables, lo que posibilita la descarbonización de los sistemas. Para abordar estos desafíos de manera efectiva y resiliente, es crucial adoptar una gestión integral del servicio de transmisión.

Esto implica, según Villegas, no solo centrarse en la infraestructura, sino también considerar otros aspectos, como la gestión de personas, la organización flexible y ágil, la implementación de tecnologías innovadoras, la garantía de una cadena de suministro segura y sostenible, la viabilidad financiera para la renovación y expansión de la infraestructura, y una gestión proactiva del entorno regulatorio y sectorial para aprovechar oportunidades y soluciones emergentes. Si esto no se hace no se tendrán condiciones viables para su desarrollo y no será posible alcanzar la tan deseada transición energética en el país.