Colombia ha padecido por décadas el terrorismo, la criminalidad y la guerra contra el Estado por parte de un número plural de movimientos al margen de la ley. Sin embargo, ha logrado mantener una institucionalidad democrática, y aunque frágil, relativamente estable.
Pero por más asomos de logros y esperanzas que hayamos tenido como sociedad en las últimas décadas, hay que reconocer que aún hay males que permanecen, cual parásitos enquistados al sistema, que nos amenazan con devolvernos a un estado de postración. Así unos lo quieren y a otros les interesa.
Es un asunto de fondo, que en algunos casos suele ser obvio y, por obvio, nos es transparente. Hablo de la corrupción, entendida, no como el simple acto de desviación de recursos, sino como el método sistemático de la ilegalidad que por años ha desangrado a este país, al mismo tiempo que lo ha permeado en su escala de valores hasta convertirse en una especie de cultura, tolerada y legitimada.
Quiero hablar de la corrupción sin profundizar en las implicaciones fiscales que hoy le representa al país, porque no pretendo detenerme en el problema, sino en el propio fenómeno.
Podemos referirnos a él como cartel Colombia, ese monstruo de mil cabezas o régimen soterrado de mil brazos que la mayoría de los ciudadanos desconoce y al que los medios le temen. Un negocio criminal más sofisticado y ambicioso que los carteles de Medellín y Cali, compuesto por un grupo de personas todavía más poderosas y peligrosas que los propios narcoterroristas: los mafiosos del poder, esos que no solo tienen nexos con brazos armados, sino que encuentran otras formas para disparar: destituciones, condenas, acusaciones, intimidaciones.
Y aunque sea incómodo o hasta riesgoso hablar de ello, es nuestro deber ético y ciudadano alzar la voz de rechazo.
El debate que hay detrás de esta tesis propuesta del cartel Colombia gira en torno a la institucionalidad y a la legalidad. Más que dividirnos en bandos políticos, en Colombia podríamos diferenciarnos entre quienes somos institucionalistas y quienes son anti-institucionalistas. Si estamos de acuerdo con una apertura económica o no, es un tema que, como otros, democráticamente debemos ser capaces de resolver. Pero la institucionalidad y la legalidad no permiten tintes grises.
Muchos de los que entran sin escrúpulos en el juego del poder terminan por conformar ese cartel Colombia, al poner sus intereses personales por encima de cualquier otro interés colectivo y, como buenos amigos del caos, sacan provecho de la ilegalidad y la desinstitucionalización del país. Ni ocho mil razones nos terminan de explicar cómo es que ex presidentes, ex vicepresidentes, ex fiscales, ex guerrilleros, congresistas, magistrados y otros —unos visibles otros agazapados— coinciden en intereses y macabras lógicas institucionales.
Pero llegó la hora de partir la historia en dos, de desligar a ese parásito criminal de nuestra cotidianidad. Llegó la hora de reservarnos el derecho de admisión en nuestra propia sociedad, y que la ilegalidad y los ilegales sean rechazados. Que la lacra mafiosa de nuestro país deje de ser mantenida por personas sin escrúpulos, porque sobre ellas también habrá de caer el peso de la ley. El ser invisibles o posar de santos no seguirá siendo una opción para los mafiosos del cartel Colombia, que por años han creído que su supuesta inocencia la garantizan al controlar los hilos del poder sin untar sus manos de sangre, pero se equivocan, pues sus consciencias sí se encuentran manchadas por el dolor y la sangre que este país ha derramado.
Sacudámonos. No seamos testigos o cómplices a ciegas de cómo la ilegalidad corrompe nuestra escala de valores. Tengamos la firmeza, la convicción y también la coherencia para respaldar y hacer parte de esta lucha, frontal y ética contra la mafia del poder en Colombia.
Y que no vengan ellos mismos a querer levantar la mano y sostener estas banderas, queriendo acusar o señalar a todo el mundo antes de que Colombia ponga los ojos sobre ellos.
Dicho sea de paso: ese es el cartel Colombia, el mismo que busca hoy entrar a Medellín a través de maniobras politiqueras.
*Abogado y docente