El programa de concesiones de infraestructura inició en el país en 1994. En ese momento se creó la primera generación de concesiones 1G, donde se planteó como principal objetivo la vinculación de capital privado a la financiación de proyectos de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. Posteriormente, en 1999, se crearon las 2G y en 2001, las 3G. Sin embargo, hasta ese momento no se había desarrollado en el país un marco normativo que respaldara los ambiciosos programas que se estaban implementando.

Debido a la necesidad de contar con un marco regulatorio que atrajera inversionistas y recursos internacionales para asegurar el éxito de los grandes proyectos de infraestructura, se dio paso a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley 1508 de 2012). Es así como, entre 2013 y 2017, se lanzaron nuevos proyectos de infraestructura conocidos como la Cuarta Generación de Concesiones o 4G. Sin lugar a dudas, este programa fue un éxito en cuanto al interés que se generó por parte de fondos de inversión, desarrolladores y el mercado financiero. Fue así como el país logró destrabar la financiación de proyectos producto de la estabilidad macroeconómica, una certeza contractual, fuentes de pago estables y una adecuada asignación de riesgos.

En este contexto, un elemento fundamental fue poder contar con una participación en dólares dentro de las vigencias futuras asignadas. Todos estos esfuerzos regulatorios permitieron la concurrencia de la banca internacional, y al mismo tiempo, convirtieron los proyectos de infraestructura en procesos contractuales más seguros, minimizando los riesgos de la tasa de cambio y haciendo que estos proyectos obtuvieran una financiación más estable al poder ingresar al mercado financiero global.

A pesar de que la financiación internacional brinda beneficios a los proyectos de infraestructura, como es el caso del exitoso programa 4G, no ha sido posible acceder a ellos debido a que las nuevas estructuraciones de los proyectos que hacen parte de las 5G, no contemplan vigencias futuras en dólares. Lo anterior es más crítico si se tiene en cuenta que la banca nacional es limitada.

Los proyectos en curso, que se encuentran en la etapa de preconstrucción tienen componentes sociales y ambientales novedosos y atractivos para la banca extranjera, pero como se mencionó antes, no gozan de este componente en dólares, fundamental para lograr la concurrencia de estos actores.

Esta situación ha puesto en desventaja los proyectos terrestres que están actualmente en ejecución, pues su financiación se hace mucho más difícil y, por consiguiente, costosa, lo que se ve reflejado en posibles retrasos. De reconsiderarse la inclusión de vigencias futuras en dólares en todos los proyectos de concesión de quinta generación, actuales y venideros, los haría mucho más atractivos para la banca internacional, acelerando la llegada de los beneficios a las comunidades y al país en general.

  • Director de Asuntos Públicos Sacyr Colombia.

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