¿Les sigue preocupando el impacto del conflicto para la infancia en Colombia?
Tanya Chapuisat: De acuerdo con el Informe del Secretario General de ONU sobre niñez y conflictos armados, en su capítulo especial sobre Colombia publicado en marzo, en total se cometieron 615 violaciones graves contra niños y niñas entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2023, lo que representa un aumento del 61 por ciento con respecto al periodo del informe anterior (2019-2021). Con respecto a la violación más verificada, el reclutamiento y la utilización lideraron, con 347 niños. Desde UNICEF hacemos un llamado al Gobierno y a los diferentes grupos armados a que prioricen las necesidades de la niñez en los diálogos o negociaciones de paz que se adelantan, incluyendo parar el reclutamiento, la desvinculación inmediata y restitución de derechos.
¿Qué huellas deja en los niños y jóvenes la violencia y el conflicto armado?
T.C.: Sin importar el contexto en que se encuentren, ni de dónde vengan, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos de la violencia, la explotación y el abuso de todo tipo. La violencia y el conflicto armado dejan secuelas físicas y psicológicas que pueden trascender a la vida adulta, limitando su potencial y proyectos de vida. Todos los niños y niñas tienen derecho a crecer sanos y protegidos para desarrollar todo su potencial en entornos protectores y seguros, donde puedan romper ciclos intergeneracionales de violencia y ser parte determinante de la construcción de paz en el país.
Otro de los grandes problemas de Colombia es la desnutrición infantil…
T.C.: La malnutrición por déficit es prevenible en los llamados 1.000 días críticos para la vida, que abarcan desde la gestación hasta los primeros dos años. La gestación es un momento decisivo para prevenirla, pues una madre que sufre problemas crónicos de desnutrición o bajo peso para su edad de gestación, tiene más probabilidades de dar a luz un bebé con bajo peso y que sufrirá un retraso de crecimiento durante toda su infancia.
Los datos públicos del Instituto Nacional de Salud señalan que casi cada día un niño o niña muere por desnutrición aguda. Para 2022, la cifra ascendió a 325 casos. La mayoría de ellos, un 58,5 %, pertenecían a diferentes etnias y fueron clasificados en estrato uno. La Guajira aporta el mayor número de defunciones, con una participación de 25,4 %. También se encontró que el 42,6 % de esos casos de niños no se notificó previamente por desnutrición, o sea, no hubo detección temprana. Esta brecha en la detección de la desnutrición aguda va desde el 30 % en departamentos como La Guajira hasta el 70 % en departamentos como Vichada y Chocó, caracterizados por una alta proporción de población dispersa y de difícil acceso a los servicios de salud. No podemos olvidar que 15,5 millones de colombianos viven en inseguridad alimentaria; 2,1 millones se encuentran en una situación grave y 13,4 millones en una situación moderada (PMA, 2023).
¿Qué acciones se deberían emprender para superar la desnutrición?
T.C.: Son varias y van desde promover la lactancia materna y que los niños, niñas, adolescentes y mujeres sean titulares de derechos de una alimentación y nutrición adecuada, hasta incentivar en las comunidades la prevención, identificación y abogacía para tener una respuesta temprana y oportuna ante casos de desnutrición infantil. A eso se suma la necesidad de recopilar, analizar y usar periódicamente datos y pruebas para orientar las acciones.
Con respecto al agua potable, tener acceso a fuentes es uno de los indicadores más relevantes de calidad de vida porque se relaciona de manera directa con la salud y la nutrición. El acceso a agua, saneamiento e higiene debe ser un derecho de todos los niños y niñas, tanto en hogares como en escuelas. En sus primeros cinco años de vida, la infancia corre especial riesgo de que la desnutrición, una vez esté presente, empeore por el consumo de agua sin tratar. Esta produce enfermedades prevenibles como las diarreas agudas o las infecciones respiratorias agudas, al punto de ocasionar la muerte del niño o niña en los casos más críticos.
En Colombia, la cobertura de acueducto es en promedio del 88,9 % a nivel nacional y baja 30 puntos porcentuales en la zona rural (58,6 %), de acuerdo con el DANE.
Acceder a vacunas es otro de los retos. ¿Cómo está Colombia en este aspecto?
T.C.: Las vacunas salvan vidas. Sin embargo, la pandemia hizo retroceder la inmunización infantil en todo el mundo. En su último Estado Mundial de la Infancia 2023: vacunación, Unicef estima que 67 millones de niños y niñas no se beneficiaron de la vacunación sistemática total o parcial entre 2019 y 2021, y que 48 millones no recibieron ninguna vacuna. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, con un decrecimiento en los últimos 10 años en la cobertura de vacunación. Esto ha ido creando una cantidad de niñas, niños y adolescentes no vacunados con los biológicos necesarios para su edad. El objetivo es que todos los niños y niñas en Colombia reciban el esquema completo de vacunación acorde a su edad y de esta manera no tener infantes con dosis cero o sub-vacunados. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, las cifras siguen siendo muy bajas, apenas de un 30 %, por lo que es importante desarrollar campañas de vacunación para aumentar esta cobertura.
En cuanto a la educación, hay avances pero las tareas en acceso y calidad persisten…
T.C.: Aunque Colombia ha avanzado en términos de acceso, cobertura y calidad en la educación, persisten desafíos para cerrar las brechas de acceso y calidad entre las zonas rurales y urbanas, así como entre estratos socioeconómicos. Fedesarrollo estima que, en educación inicial, la cobertura para niños de 3, 4 y 5 años es de 53 %, 58 % y 62 %, respectivamente. Además, por cada 100 niños que se matriculan hoy en primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo. En promedio, las personas en Colombia solo acumulan 8,4 años de estudio, y la Cepal estima que se requiere alcanzar un capital educativo básico de 12 años de estudio para salir de la pobreza.
Bogotá, con el mayor logro en promedio, llega a los 10,4 años de educación acumulada por persona, mientras que departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y La Guajira muestran los desempeños más austeros sin alcanzar los 7 años de educación. Hay que entender que en las escuelas también se desarrollan habilidades emocionales, sociales y de convivencia, y se ejercen otros derechos como la protección, la adecuada nutrición, la participación, el desarrollo de su personalidad, de sus capacidades y aptitudes y recreación, entre otros. Por esta razón, todos los niños y las niñas, independientemente de su lugar de origen, de donde vivan o de su condición socioeconómica, deben poder acceder a diferentes espacios educativos para el desarrollo desde una perspectiva integral y permanecer en ellos.
¿Qué ha pasado en Colombia con los niños migrantes? ¿Ha mejorado su situación?
T.C.: Con corte a enero de 2024, Migración Colombia indicó que se ha observado un aumento progresivo en la población migrante venezolana entre las edades de 0 y 17 años. Este grupo etario representa el 27,64 % del total de migrantes de esta nacionalidad (789.842 niños, niñas y adolescentes). UNICEF asiste y apoya técnicamente al ICBF para que la niñez no acompañada esté protegida, sea correcta y activamente identificada, y acceda a mecanismos de protección, a partir de la prevalencia de sus derechos y de la determinación de su interés superior, entre ellos, la reunificación con su familia.
Los niños, niñas y adolescentes viajan con sus derechos, sin importar de dónde vengan. Durante su proceso migratorio, la infancia se enfrenta a graves peligros que ponen en riesgo su vida y su integridad, y afectan su desarrollo y bienestar: discriminación, rezago en sus aprendizajes, violencia, malnutrición, pobreza, falta de acceso a atención en salud de calidad, matrimonios infantiles y uniones tempranas, y trata y explotación sexual, entre otros. Estos problemas afectan profundamente la garantía de sus derechos, así como sus oportunidades para desarrollar su máximo potencial.