Además de su papel vital en el crecimiento económico y en la movilización de ahorros a proyectos de inversión, el sector financiero tiene la responsabilidad de promover prácticas ambientalmente sostenibles, reducir la huella ambiental de sus operaciones y, sobre todo, contribuir a los esfuerzos para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propuesta por la ONU.
En Colombia, uno de los esfuerzos más importantes empezó en 2012 con la activación del Protocolo Verde, de la Asociación Bancaria (Asobancaria) y el Ministerio de Ambiente, el cual ha sido acogido por más de 20 bancos. Sin embargo, hasta 2019 la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reconoció que los asuntos ambientales, especialmente los relacionados con el cambio climático, son fuentes de riesgos financieros con posibles implicaciones en la estabilidad del sector.
En consecuencia, la entidad desarrolló una agenda para promover la gestión de riesgos. “Entre sus principales logros, se destaca la expedición de normas asociadas a las emisiones de bonos verdes, la integración de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los procesos de inversión de entidades, y el diseño del primer análisis de vulnerabilidad climática para la banca colombiana”, explica Mariana Escobar, jefe de Finanzas Sostenibles de la SFC.
De acuerdo con Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, ahora para todo financiamiento las entidades del país exigen verificar dos variables fundamentales: el aspecto social y el aspecto ambiental de los proyectos. “Si no se tienen en cuenta estas variables, los proyectos no son viables. La banca colombiana se ha dado cuenta de que, además de los riesgos en el manejo de pago de créditos, pueden aparecer temas sociales y ambientales insalvables, y eso es lo que más preocupa”, dice López.
Esa certeza ha impactado de forma positiva las inversiones ambientalmente responsables. A la par de su crecimiento, se incrementó también la oferta de beneficios y tratos preferenciales, como la disminución de tasas de interés y la aprobación de créditos verdes y sostenibles.
Se destacan entre los proyectos beneficiados los que impulsan la movilidad eléctrica, el manejo de energías limpias y las viviendas con certificaciones de construcción sostenible. Para López, el uso de “la palabra mágica incentivos” facilita la incorporación de los actores del sector en la toma de decisiones que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, y prestar mayor atención en lo referente al cambio climático.
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