Con una tasa de desempleo del 13,7 por ciento a enero de 2023, y una tasa de informalidad del 57,9 por ciento, Colombia pone a prueba su capacidad de discusión técnica, de consensos y de actualización de las normas que hoy rigen las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores.
El grueso de la reforma se divide en tres grandes bloques: Principios, Derecho Individual y Derecho Colectivo; con los que el Gobierno nacional propone, de la mano de los sindicatos, modificaciones sustanciales en las relaciones laborales, que tendrán un profundo impacto en los costos de capital humano, en la competitividad de las empresas, en la dinámica del relacionamiento entre empleadores y trabajadores y, más importante aún, un impacto directo en la decisión de contratación de las empresas y en el comportamiento de la tasa de desempleo del país.
El artículo primero del Código Sustantivo de Trabajo establece que “la finalidad del estatuto laboral es generar justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”, premisa que no fue tenida en cuenta a lo largo del texto presentado, pues tal justicia se tergiversa cuando no hay un balance entre los derechos y los deberes de los trabajadores y del empleador, como parte de un ecosistema que debe mantener un equilibrio ideal para poder funcionar.
Esta propuesta de reforma laboral, bajo el argumento de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, impone mayores cargas laborales, lo cual, lejos de incentivar el empleo y la formalización, genera contingencias adicionales, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas, que representan el 80 por ciento de la empleabilidad en el país y producen el 40 por ciento del PIB nacional, empresas que no cuentan con las capacidades administrativas para el manejo de las cargas normativas en materia laboral.
El texto radicado en el Congreso plantea elementos que generan un desequilibrio económico en las relaciones contractuales, limitando la libertad económica y de empresa, la cual se encuentra consagrada en el artículo 333 de la Constitución Política como pilares del modelo económico colombiano.
Elementos como modificación de la jornada diurna y nocturna, modificación en el pago de las labores dominicales y festivas, el incremento en la indemnización moratoria, así como la indemnización por terminación del contrato sin justa causa; la inclusión nuevamente de la jornada de la familia, figura que desaparecía tras la reducción de la jornada laboral, la ampliación de la estabilidad laboral en trabajadores restringidos, así como en trabajadores pre pensionados y decretar la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje; son sólo unos de los pocos elementos que presenta el proyecto laboral, al margen de todo el componente sindical que merece un análisis independiente.
Con una enorme oportunidad de ambientar en el Congreso una gama de aspectos sustanciales en materia laboral, que pasen desde el reconocimiento del avance de la tecnología y las nuevas relaciones que se derivan de esta, así como también el reconocimiento y la necesidad de abordar elementos tradicionales como la regulación laboral para la población rural colombiana, entre otros aspectos, este texto, lejos de generar un diálogo técnico, tranquilo y objetivo, promete un debate dogmático, intenso y de pocos consensos en el que la población vulnerable no tendrá ninguna visibilidad.
La propuesta desconoce la posibilidad de abordar soluciones frente a la informalidad y el desempleo, como determinantes de la brecha de desigualdad que tanto afecta la calidad de vida de los colombianos y que tanto defiende el Gobierno nacional, así como la senda de crecimiento del país.
Así como ocurre en otros sectores, en materia laboral también hacen falta ajustes, mejoras y actualizaciones, pero esto no puede significar un ataque a la mayor fuente de empleo formal en el país con el argumento de la reivindicación de unos derechos. Generar empleo y mantenerlo es una tarea titánica en un país en donde al sector privado le han abrogado cargas excesivas de todo tipo: impositivas, administrativas y laborales que, entre otras, incentivan la informalidad. La institucionalidad en el país está planteada para atacar a la pequeña y mediana empresa, más que para verla florecer y generar emprendimientos.
Afectar la fuente de empleo no es una buena idea para lograr una sociedad próspera, equitativa y justa. Al final, la mejor política pública que puede dejar un gobierno es el empleo y en esta oportunidad, como país, nos alejamos cada vez más de este propósito.
*Socia de Escandón Abogados y Orza
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