Al menos 12 muertos, entre ellos seis mujeres, y más de 15 heridos dejó el accidente de un autobús que cayó el martes a un abismo en un remoto camino rural del norte de Perú, informaron las autoridades.
“Actualmente hay 12 fallecidos y más de quince heridos. Seguimos acá en el lugar de los hechos trabajando, brindando todo el apoyo conjuntamente con la policía, personal de salud y fiscalía”, dijo a la radio RPP, Carlos Oyola, alcalde de la provincia de Fitzcarrald en la región andina de Áncash.
El accidente ocurrió la tarde del martes, cuando un bus volcó y rodó a un abismo de 100 metros en la carretera longitudinal del distrito de Conchucos en Áncash.
El autobús se dirigía desde el distrito de Yauya hasta Lima y “de acuerdo a moradores, se despistó de la vía dando violentas vueltas”, agregó el alcalde.
Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Huaraz, mientras que los motivos del siniestro aún son materia de investigación.
Los accidentes en carreteras peruanas son frecuentes debido al exceso de velocidad, el mal estado de las rutas, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades.
Hechos recientes en Perú
La presidenta peruana, Dina Boluarte, emitió un pronunciamiento de rechazo como antesala a las protestas que exigirán su renuncia y la del Congreso el miércoles en una marcha convocada en la capital y en la que las previsiones apuntan a que haya una concurrencia masiva.
Sin precisar sobre eventuales consecuencias, la mandataria declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”.
Funcionarios de su gobierno ya habían instruido en días anteriores sobre el uso legítimo de la fuerza que hará la policía en caso de ser necesario y de la posible responsabilidad que achacarán a los organizadores de la protesta en caso de destrozos.
Boluarte, que llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución por el Congreso del entonces presidente Pedro Castillo, dijo que a su Gobierno “todavía” le “falta un largo trecho que transitar” como una forma de reafirmar su decisión de gobernar hasta 2026.
La maniobra de Castillo de intentar disolver el Congreso para evitar una votación en su contra derivó en un estallido de protestas que se extendió desde diciembre a febrero, principalmente en el sur pero también llegó a la capital peruana, y que dejó 67 muertos y 1.900 heridos. Castillo está en prisión provisional con cargos por presunta rebelión.
Al menos 30 de los 47 civiles que murieron directamente en choque con la policía durante las jornadas de movilizaciones de inicios de año fallecieron por impacto de bala, según las autopsias.
“No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima... queriendo tomar desde el centro todo el país”, dijo Boluarte en una conferencia de prensa rodeada de sus ministros. “Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar”, advirtió.
Aunque el gobierno envió propuestas para adelantar elecciones, atendiendo a la virulencia de las manifestaciones, todas las iniciativas -incluida la del oficialismo- fueron archivadas por el Legislativo.
La marcha del miércoles exige de nuevo la salida de los miembros del gobierno y de los legisladores. Diversos sindicatos, federaciones de estudiantes y organizaciones vecinales sobre todo del sur del país convocaron a la protesta en al menos dos decenas de ciudades, incluida Lima.
Boluarte comentó que las protestas de diciembre a febrero, a las que calificó de violentas, generaron caos con una “demanda política” que contenía cinco puntos y, entre ellos, estaban el cierre del congreso, el adelanto de las elecciones presidenciales, el llamado a una asamblea constituyente, la promulgación de una nueva constitución y la libertad de su encarcelado antecesor Pedro Castillo.
Aunque la presidenta no mencionó disposición alguna para las fueras del orden en caso de que haya incidentes durante la nueva convocatoria social, su primer ministro, Alberto Otárola, sí dijo el viernes que la policía hará uso legítimo de la fuerza para garantizar el orden público.
*Con información de AFP y AP.