Las autoridades sanitarias y políticas británicas encubrieron la verdad sobre el escándalo de sangre contaminada que dejó cerca de 3.000 muertos en Reino Unido entre los años 1970 y 1990, concluyó el lunes una investigación pública.
Este escándalo, en el que miles de personas quedaron infectadas por hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), después de recibir transfusiones de sangre, “podría haberse evitado en gran medida”, afirma el exjuez Brian Langstaff, que dirigió el informe, que supuso siete años de trabajo.
“La magnitud de lo ocurrido es espantosa”, describe en esta investigación de más de 2.500 páginas, que recorre miles de testimonios y documentos que prueban que “la verdad estuvo oculta durante décadas”.
Brian Langstaff señala sobre todo la responsabilidad de los sucesivos gobiernos por tardar en actuar cuando surgió el escándalo y por haber asegurado erróneamente en varias ocasiones que los pacientes habían recibido el mejor tratamiento.
El primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, pidió perdón pocas horas después durante una intervención en el Parlamento por la actuación de los gobiernos conservadores en este escándalo.
“Quiero pedir disculpas de todo corazón e inequívocamente por esta terrible injusticia”, dijo el primer ministro conservador, prometiendo pagar “lo que cueste” para compensar a los afectados y a las familias de los que fallecieron.
Entre los años 1970 y principios de los años 1990, más de 30.000 personas que padecían hemofilia o habían sido sometidas a operaciones quirúrgicas fueron contaminadas por el virus de la hepatitis C y el VIH después de recibir transfusiones, a través de lotes de sangre procedentes principalmente de Estados Unidos.
Debido a la escasez de sangre, el servicio público de salud, el NHS (National Health Service), recurrió a proveedores estadounidenses que pagaban a sus donantes, entre los que se encontraban presos y miembros de otros grupos con un riesgo importante de infección.
“La respuesta de las autoridades vigentes no hizo más que agravar el sufrimiento” de las víctimas, señala el informe.
En 2017, el Gobierno británico, entonces dirigido por la conservadora Theresa May, decidió abrir esta investigación pública para ofrecer transparencia sobre esta tragedia, calificada como “el peor desastre médico” en la historia del NHS.
En 2022, un informe ya había pedido a las autoridades que pagaran una indemnización inmediata a las víctimas, sin esperar al final de las investigaciones.
El Gobierno anunció inmediatamente un primer pago de 100.000 libras (127.000 dólares) a varios miles de personas.
El coste final de la compensación podría alcanzar varios miles de millones de libras y se anunciará esta semana.