“Este es un día incómodo para Canadá. Les hemos fallado, pero nunca más lo haremos”, afirmó Justin Trudeau, primer ministro canadiense, ante un auditorio conformado en gran parte por familias indígenas. A casi todos los miembros de ese diverso público los unía el horror: tienen entre sus familiares o conocidas a alguna mujer indígena desaparecida o asesinada en las últimas tres décadas. Había una buena razón para que el primer ministro se reuniera con ellos en Gatinau, Quebec: la solemne ceremonia que organizó el equipo de la Investigación Nacional de Mujeres Asesinadas o Desaparecidas para presentar oficialmente su informe definitivo. Le puede interesar: Demandan a Canadá por no proteger al caribú Creado hace tres años, y después de 468 testimonios y 15 audiencias generales, los investigadores le entregaron a Trudeau un voluminoso informe de 1.500 páginas. Las conclusiones del texto han encendido alarmas en la administración del joven progresista: en 30 años han asesinado o desaparecido a cerca de 4.000 mujeres indígenas. Marion Buller, directora de la investigación, afirmó que esta problemática solo se puede llamar genocidio. Aunque el uso de esa palabra ha levantado ampolla dentro del Gobierno nacional, los miembros de la investigación defienden su postura. Tal como explicaron, se apegaron a la definición que da las Naciones Unidas de ese fenómeno “la suma de las prácticas sociales, presunciones y acciones violentas que detallamos en este informe”. Le puede interesar: Saciar el hambre en la basura: así sobreviven los indígenas amorúa en Puerto Carreño Precisamente, el texto señala que la mayoría de estos homicidios y desapariciones guarda una estrecha relación con la historia de racismo y exclusión que han vivido las comunidades indígenas y los pueblos originarios en Canadá a lo largo de su historia. Incluso, las estadísticas del Estado evidencian la cruda realidad: aunque las mujeres indígenas solamente representan el 4 por ciento del total de la población femenina del país, abarcan el 18 por ciento del número total de homicidios de mujeres en toda Canadá. Tal como han denunciado activistas a favor de los derechos de las comunidades indígenas del país, esta violencia sistemática se debe en gran parte al olvido estatal. Ciudades o pueblos mayoritariamente indígenas como Winnipeg o Iqaluit tienen altos índices de desempleo, abuso de sustancias psicoactivas, problemas de vivienda y crimen violento.
Los miembros de la Investigación Nacional le exigieron al Gobierno nacional resolver la crisis que ha devastado a las comunidades indígenas. De igual manera, Buller le recordó a Trudeau que el informe ofrece 231 recomendaciones para cambiar esta situación. Entre ellas, una que han propuesto con insistencia tanto activistas y abogados como los propios líderes indígenas: un cambio radical en la manera como la Policía Montada ha enfrentado esta problemática. Según Amnistía Internacional, “la Policía canadiense ha fallado en darle una adecuada protección a las mujeres indígenas”. Incluso, algunos miembros de la fuerza asumen su responsabilidad histórica en vez de negar el problema. Así lo demuestra la postura de Devon Clunis, jefe de Policía Montada de Winnipeg, ciudad con varios casos de feminicidios indígena. “Esto es un problema de la policía, pero también de todos nosotros. Si eres de Winnipeg o de cualquier otra ciudad de este país, tienes que actuar de alguna manera para que esto no siga pasando”, afirmó en 2015. Le sugerimos: G7 afronta la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París Canadá ha vivido episodios terroríficos relacionados con este tema. En 2002 las autoridades capturaron al peor asesino en serie de la historia de ese país norteamericano: Robert Pickton. Acusaron al hombre, criador de cerdos, de asesinar a 33 mujeres indígenas, pero la justicia solamente pudo probar seis de esos crímenes.La historia de Pickton conmocionó a buena parte de la sociedad canadiense, pero ni la amplia difusión del caso produjo grandes cambios políticos en el país. Muchos lo tomaron como una horrenda excepción a la regla. En cambio, otro caso más reciente logró tener un eco mucho más fuerte en las altas esferas del Gobierno. Se trata de Tina Fontaine, una joven de apenas 15 años que desapareció de Winnipeg en 2014 y luego apareció muerta en un río cercano, envuelta en un cubrelecho cargado con 11 kilogramos de rocas. Tina pertenecía a la comunidad indígena sagkeeng y en 2014 se escapó de su casa para buscar a su madre biológica en Winnipeg. Cinco semanas después, la policía la detuvo por manejar en estado de embriaguez pero la dejó ir a las pocas horas, sin importar que apareciera reportada como desaparecida. A los nueve días, encontraron su cadáver en el río Rojo, pero la investigación nunca determinó los culpables. El caso de Tina Fontaine tuvo la suficiente fuerza para que Trudeau aceptara, prácticamente desde el comienzo de su mandato, abrir una investigación nacional sobre los miles de casos. Sin embargo, muchos ciudadanos creen que las buenas intenciones del Gobierno se quedarán en falsas promesas en vez de acciones concretas.
Trudeau recibió el extenso informe el lunes. Estaba envuelto en un tejido tradicional indígena y atado con una faja típica del pueblo métis. Tal como afirmó Cindy Blackstock, profesora y abogada especializada en la comunidad indígena gitxsan, “el primer ministro solo ha ofrecido palabras. Estaba esperando que en la ceremonia del lunes propusiera medidas concretas para cambiar la vida de cientos de mujeres y niñas, pero no fue así”. Aunque hay muchas voces como las de Blackstock, el mandatario ha mostrado interés y disposición para darle la vuelta a la situación. En la ceremonia, si bien no anunció medidas concretas, aseguró que ya estaba en marcha un Plan de Acción Nacional para disminuir los feminicidios. Le recomendamos: Justin Trudeau, el amado De igual manera, hay que recordar que Trudeau se ha distanciado radicalmente de sus predecesores en este tema. El anterior primer ministro, el conservador Stephen Harper, negó cualquier posibilidad de hacer una investigación nacional como la que acaba de concluir. Además, cuando hubo un aumento en el número de asesinatos y desapariciones durante su gobierno, afirmó sin muchos argumentos que se trataban de “riñas familiares por abuso de bebidas alcohólicas”. Tanto el Gobierno actual como las comunidades indígenas tienen que luchar contra décadas de racismo.Hoy en día, una buena parte de la sociedad canadiense sigue insistiendo en estereotipos dañinos sobre las comunidades indígenas: los ven como gente perezosa y alcohólica. De esa manera, le restan gravedad a los miles de muertes y desapariciones de las últimas décadas. Justin Trudeau, un mandatario caracterizado por defender una agenda progresista, tiene el reto de parar el desangre de una de las minorías más vulnerables del país. Solo el futuro dirá si tomó en serio las 231 recomendaciones del informe o si, como sus antecesores, hizo oídos sordos al genocidio que aqueja al país desde hace 30 años.