Las autoridades ecuatorianas confirmaron que el número de reos fallecidos en el motín registrado el martes 28 de septiembre se elevó a 116, siendo este el de mayor gravedad en la historia de ese país. El motín tuvo lugar en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, conocido como Penitenciaría del Litoral.
A pesar de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó el martes que había 24 muertos y 48 heridos, el miércoles, al momento de actualizar la información, la entidad anunció más de 116 víctimas fatales, muchas de ellas decapitadas, y al menos 80 personas lesionadas. Esta sería la revuelta más sangrienta del año en este país, que sufre una crisis penitenciaria.
De acuerdo con el comandante de la Policía en el puerto de Guayaquil (suroeste), el general Fausto Buenaño, reportó que las decenas de víctimas sufrieron “impacto de proyectiles de armas de fuego y también por granadas” y que hubo amotinamientos en varios pabellones.
La violencia ha pasado a ser permanente en los reclusorios del país –de 17,7 millones de habitantes– y donde los decomisos a los detenidos incluyen fusiles y granadas de fragmentación.
“Viene una crisis carcelaria desde al año 2010, con un promedio de 25 homicidios por año, pero que se acelera significativamente a partir de 2017 hasta el pico de este año, en que debemos haber pasado ya los 160 homicidios”, le expresó a la AFP el ecuatoriano Fernando Carrión, experto en seguridad y narcotráfico.
Agregó que en Ecuador se lavan al año unos 3.500 millones de dólares provenientes del narcotráfico y que “la institucionalidad pública también está siendo cooptada a través de la corrupción”, lo que es una seria amenaza para la nación.
Por otro lado, debido a la situación se ve la presencia de soldados en los exteriores de la prisión Guayas 1, que fue reforzada a raíz de la reyerta con armas de fuego entre los reclusos pertenecientes a bandas criminales, que a su vez estarían vinculadas a carteles mexicanos de narcotráfico.
Una lucha por el poder
La fiscalía señaló que entre los heridos se encuentran dos policías y que “la lucha por ostentar el poder al interior de la Penitenciaría del Litoral, y la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país, habrían sido los detonantes de los enfrentamientos”.
Por ello los policías aseguraron que al ingresar al centro penitenciario se evitaron más muertes violentas al interior.
Los principales centros carcelarios de Ecuador han sido este año escenario de violentos enfrentamientos por el poder entre bandas con unos 20.000 miembros que están vinculadas a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Los choques dentro de los reclusorios dejaban más de 120 fallecidos hasta la revuelta del martes.
En febrero se registraron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles del país, en las que murieron 79 personas y también hubo escenas de cuerpos decapitados.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la continua violencia en cárceles ecuatorianas, con capacidad para unas 30.000 personas, pero que albergan a 39.000.
Carrión anotó que la tercera parte del total de reclusos “proviene de organizaciones criminales explícitas vinculadas al narcotráfico” internacional.
La semana pasada, la Policía decomisó dos pistolas, un revólver, alrededor de 500 municiones de varios calibres, armas blancas, una granada, doce tacos de dinamita y otros artefactos explosivos improvisados en una de las cárceles guayaquileñas.
Ecuador, con 65 prisiones que carecen de suficientes guardias, tiene previsto ampliar la capacidad carcelaria dentro de un plan para reestructurar el “precario” y “caótico” sistema penitenciario.
El país está entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, y es utilizado como tránsito para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa.
*Con información de la AFP.