César Nakazaki, el abogado del expresidente de Perú Alberto Fujimori, ha anunciado este martes que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su representación para pedir a la Justicia peruana que verifique la validez de su indulto humanitario.
“Iré a la Corte IDH para explicar las razones por las cuales lo que ha sucedido en el Perú es que, hasta ahora, no se cumple lo que la Corte dijo hace un tiempo: que en un proceso de amparo se revise si hay justificación médica o no para dar el indulto humanitario”, ha defendido.
El abogado de Alberto Fujimori ha precisado que debería ser el mismo Tribunal Constitucional el que se presente ante la Corte IDH para defender su fallo ante la negativa por parte del Ejecutivo peruano, que confirmó su intención de revertir el fallo.
El exministro de Defensa de Perú, Juan Carrasco Millones, aseguró la pasada semana que están “coordinando acciones” para anular el fallo “indignante” que “revictimiza a las familias y a los agraviados de los crímenes por los que fue sentenciado el exmandatario”.
Con respecto a la fecha de la excarcelación, el abogado del expresidente peruano ha señalado que “las sentencias del ‘habeas corpus’ deberían de ser las más veloces”, aunque por la complejidad de la argumentación se está demorando”, según ha recogido el diario ‘El Comercio’.
El Tribunal Constitucional concedió la libertad al expresidente Fujimori después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017. El expresidente peruano cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
La CIDH, preocupada por decisión judicial de liberar a Fujimori en Perú
La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori “afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, denunció este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se declara “preocupada”.
En una sentencia inapelable, la corte ordenó el jueves liberar a Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, al restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado diez meses después.
“La restitución del indulto daría lugar a la liberación de Fujimori y a la extinción de su pena, lo cual afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la justicia y lesiona su dignidad”, afirma la CIDH en un comunicado.
Además “genera obstáculos para el cumplimiento integral de las sentencias” de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Tras ser extraditado desde Chile en 2007, Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y La Cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno.
La CIDH recuerda que, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que los sucesos en La Cantuta constituyen “crímenes de lesa humanidad” y los de Barrios Altos “son graves violaciones a los derechos humanos”. Añade que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías e indultos a personas que han sido declaradas culpables de crímenes de lesa humanidad.
En consecuencia, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reitera que “el anuncio oficial de restitución de los efectos del indulto” sería “una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú”.
* Con información de Europa Press.