El Congreso de Costa Rica votó este miércoles por mandar al archivo el Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, a pesar de que este país, junto con Chile, fueron los principales promotores de este emblemático convenio latinoamericano.
El plazo para aprobar el proyecto finalizaba este 1.° de febrero tras cuatro años de trámite sin avances y el rechazo de una propuesta de prorrogar la discusión por otros cuatro años.
La decisión se convierte en una contradicción, en un país que se enorgullece de estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y el medioambiente, de acuerdo con varios diputados que votaron en contra de la decisión.
Archivo del acuerdo
Se necesitaban 29 de 57 votos para validar la moción de ampliar el plazo, pero fue rechazada por la Asamblea Legislativa.
Con 41 votos en contra, 11 a favor y una ausencia, la Asamblea Legislativa enterró el proyecto en el archivo, lo que provocó la desazón en los diputados que buscaban que Costa Rica aprobara el Acuerdo.
“Así pasamos de ser un país a la vanguardia en materia ambiental a uno que no llega ni a aprobar un Acuerdo internacional de derechos mínimos”, indicó el diputado Jonathan Acuña, del izquierdista Frente Amplio, en las redes sociales.
“Es una terrible señal para el país a lo interno porque es una muestra de que una mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa no tienen interés en proteger a futuro derechos fundamentales en materia ambiental”, señaló el diputado Jonathan Acuña, del izquierdista Frente Amplio, de acuerdo con la AFP. Acuña fue uno de los 11 que votó por una prórroga.
No es prioritario para el oficialismo
Ahora depende del Ejecutivo volver a proponerlo a debate legislativo, aunque el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, comentó nada más asumir el poder en mayo de 2022, que no está entre sus prioridades.
“El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno... No creo que sea beneficioso para el país”, indicó en ese momento Chaves.
Las negociaciones del convenio culminaron en marzo de 2018 por parte de 24 países en Escazú, un distrito de San José. El acuerdo fue suscrito en Nueva York en septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El acuerdo, que lleva el nombre de ese municipio costarricense, garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan al medioambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
El acuerdo ya fue ratificado por 14 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Argumentos en contra
Los argumentos principales de los opositores al Acuerdo de Escazú eran que Costa Rica ya disponía de legislación propia en defensa del medioambiente y que, si era ratificado, demoraría la reactivación económica tras la pandemia de covid-19.
La diputada socialcristiana Melisa Ajoy, quien votó en contra, señaló en Twitter que debido a la “robusta legislación en esta materia no parece necesario aplicar el plazo cuatrienal para la ampliación al Acuerdo de Escazú”.
Además, la diputada Ajoy argumentó su voto en contra explicando: “Atendiendo las consideraciones del sector productivo, así como de diversos organismos técnicos, que indican que el instrumento (el convenio latinoamericano) puede resultar un condicionante para el desarrollo”, dijo.
Por otra parte, la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional, PLN, una formación tradicional costarricense, también votó en contra argumentando en un trino que el convenio “ahuyenta la inversión, genera inseguridad jurídica, invierte la carga de prueba y permite el bloqueo de un proyecto sin tener sustento”.
“Costa Rica tiene un amplio marco legal de protección ambiental por el que somos reconocidos. Su aprobación es innecesaria”, agregó la legisladora.
*Con información de la AFP.