Los bloqueos en varias rutas de Perú, en el marco de una ola de protestas que pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, empezaron a provocar escasez de algunos productos básicos y aumentos de precios de combustibles y alimentos en provincias del sur andino, epicentro de las manifestaciones.
Según el balance oficial, las movilizaciones han dejado hasta el momento 46 muertos, entre ellos un policía, tras seis semanas de crisis política y social.
La escasez de gas licuado de petróleo (GLP), principal suministro para vehículos y uso doméstico en Perú, no se puede encontrar en los servicios de venta en Arequipa, Tacna y Puno, todas regiones del sur de Perú que alegan en sus manifestaciones ser las más pobres, olvidadas y discriminadas por sus poblaciones de mayoría indígena.
“Ya me informaron que el GLP se acabó en Arequipa”, dijo Alexander Cornejo, representantes de los taxistas, en declaraciones a la radio RPP, refiriéndose a la situación en esta zona donde unos 7 mil taxistas sufren el desabastecimiento de combustible.
Por la escasez, los comerciantes de mercados de la ciudad de Puno, situada a 1.350 km al sur de Lima, y escenario de las protestas más violentas que se saldaron con 18 muertos a principios de enero, triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate.
Según las autoridades del Transporte, este miércoles había 85 piquetes que bloqueaban el paso en carreteras en nueve de las 25 regiones peruanas que exigen la dimisión de Boluarte.
Los alimentos no llegan a las regiones porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno.
El martes, en el sexto día de protestas convocadas en el centro de Lima, se registraron duros enfrentamientos entre policías y manifestantes encapuchados, que convirtieron el casco histórico de la capital peruana en un campo de batalla donde volaron piedras y perdigones en una nube de bombas lacrimógenas.
En Cusco, la ciudad más turística de Perú, el aeropuerto reanudó sus operaciones tras ser cerrado el martes para “salvaguardar la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas”, informó el Ministerio de Transporte.
Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo, el 7 de diciembre, cuando el gobernante intentó disolver el Parlamento -controlado por la derecha- cuando estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
Sin embargo, tras reanudarse el 4 de enero, los reclamos principales se enfocaron en derechos sociales, la desigualdad y discriminación racial en zonas históricas olvidadas del Perú de mayoría indígena.
Gobierno defiende el manejo de las protestas
Varios países expresaron su preocupación este miércoles ante la ONU por la represión de las protestas en Perú, cuyo ministro de Justicia defendió al gobierno afirmando que las autoridades respondieron de forma apropiada.
En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, varios países expresaron su profunda preocupación por el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades peruanas durante las movilizaciones.
El país vive una ola de protestas desde la destitución a principios de diciembre del presidente Pedro Castillo, que ha dejado 46 muertos y que obligó al gobierno a imponer el estado de emergencia en algunas zonas.
La actual mandataria, Dina Boluarte, que fue vicepresidenta durante el gobierno de Castillo, pidió el martes una “tregua” para terminar las movilizaciones, coincidiendo con una gran protesta en Lima en la que hubo enfrentamientos que dejaron varios heridos.
La situación de Perú fue abordada durante la Revisión Periódica Universal, un proceso al cual los 193 países miembros deben someterse cada cuatro años.
“Estamos convencidos de que estamos actuando de una forma apropiada para defender la democracia y los derechos humanos”, dijo ante el consejo en una alocución por video el ministro de Justicia, José Andrés Tello.
El ministro condenó la violencia de los manifestantes e insistió en que las acciones tomadas para restaurar el orden público fueron emprendidas en pleno cumplimiento con las obligaciones constitucionales e internacionales.
El embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara Chil, dijo que el gobierno está comprometido en investigar cualquier abuso.
Varios diplomáticos celebraron que el gobierno anunciara una investigación, pero señalaron su preocupación por la persistente violencia.
La representante de Dinamarca, Astrid Ruge, expresó su preocupación “por el número de personas muertas y heridas como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas” e instó a Perú a “limitar el uso excesivo de la fuerza”.
El embajador británico, Simon Manley, llamó a que haya una “respuesta proporcionada y legal a las protestas”.
El representante argentino, Federico Villegas, urgió a Perú a que garantice el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente.
Las autoridades “tienen que evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y fuerzas militares durante manifestaciones pacíficas”.
*Con información de AFP.