Una gran nebulosa envuelve a la figura de Álex Saab, el empresario nacido en Barranquilla, sospechoso de ser un testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las dimensiones de sus negocios y sus presuntos manejos de blanqueo de dinero? ¿Viajaba como representante del Gobierno de Caracas, cuando fue detenido en una escala de su avión en Cabo Verde? ¿Posee efectivamente la nacionalidad venezolana? Hasta eso ha sido puesto en duda, por ejemplo, por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Caracas, en todo caso, aseguró que se trata de un ciudadano venezolano que viajaba con credenciales diplomáticas. "El Sr. Saab Morán, como agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los CLAP, así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia COVID-19”, señaló un comunicado ministerial.
Fernando Cutz, quien fue director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos hasta 2018, pone en duda la versión gubernamental venezolana. "Tal vez ahora dicen que tenía resguardo diplomático, porque Maduro entiende la importancia de no dejar que el Sr. Saab sea enviado a Estados Unidos. Creo que si de verdad hubiera llegado al país con pasaporte diplomático, no estaríamos teniendo nosotros esta conversación en este momento”, dijo en entrevista con DW, acotando: "Sería una violación muy seria de la convención de Ginebra. Entonces, creo que el gobierno de Venezuela no está diciendo toda la verdad”.
Confiscación de propiedad de Alex Saab en Barranquilla, Colombia. Información explosiva Lo que está en todo caso muy claro, es que el asunto puede resultar explosivo para el gobierno de Nicolás Maduro. Si bien Cabo Verde no figura en la lista de países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, un tribunal de esa república insular ya aprobó extraditar a Saab, a pedido de la Justicia estadounidense. En julio de 2019, la Fiscalía del distrito sur de Florida acusó a Saab y a un socio de blanqueo de dinero. Según dicha acusación, ambos se confabularon con otros colombianos en Miami para lavar el producto de un sistema de soborno ilegal, y transfirieron cerca de 350 millones de dólares fuera de Venezuela, hacia o a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero.
Pero, lo que le da un carácter tan candente al caso es la información que se supone que posee el empresario sobre el entramado financiero del gobierno de Maduro. "La importancia de Saab es que él sabe de dónde viene el dinero ilegal, sabe dónde está, en qué bancos, en qué países”, señala Fernando Cutz, quien piensa que en Estados Unidos se le ofrecería un "deal” para que entregue esa información. "Cuando usted ve cómo opera Maduro, su gobierno es muy parecido a una mafia. Entonces, un aparato judicial que quiere atacar este sistema, tiene que actuar como se actúa para desbaratar una mafia”, afirma. Política y sistema judicial
La defensa de Saab fue asumida por el despacho de abogados de Baltasar Garzón. La defensa de Saab, asumida por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, estima que la detención ha sido infundada, y recurrirá a las instancias de apelación. El exjuez español consideró, en declaraciones a una emisora de Cabo Verde, que Estados Unidos está tratando de lograr "un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica, y acciones legales contra Venezuela y todos sus altos funcionarios". Y afirmó: "Utilizaremos todos los mecanismos nacionales e internacionales para evitar la extradición, que el presidente de Estados Unidos está diseñando con carácter electoral y, por tanto, político”.
Cutz, quien fue asesor de la Casa Blanca durante los Gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, destaca la independencia de los tribunales estadounidenses. Y confía en que en Washington no se utilice el tema con fines electoralistas: "Espero que no, porque ahí sí estaríamos haciendo un asunto político de una cosa que no debería serlo. Este es un asunto judicial. Y claro, el presidente Trump es famoso por no hacer siempre las cosas más éticas, pero yo espero que no se involucre la política en este caso, muy importante para el sistema judicial”.