Tras la llegada de más de 100.000 migrantes a la Ciudad de Nueva York en el último año luego de cruzar la frontera desde México, el alcalde, Eric Adams, y la gobernadora, Kathy Hochul, han rogado al presidente, Joe Biden, una cosa — sobre todo lo demás — para aliviar la crisis:
“Déjenles trabajar”, han repetido los dos demócratas en discursos y entrevistas.
Líderes del partido de Biden en otras ciudades y estados, cada vez más impacientes, han insistido en el mismo mensaje en el último mes, indicando que el Gobierno debe facilitar que los migrantes obtengan un permiso de trabajo rápidamente que les permita sufragar su comida y su alojamiento.
Pero agilizar el permiso de trabajo no es tan sencillo, ni legal ni burocráticamente, indicaron los expertos en el proceso. Políticamente, puede ser imposible.
Haría falta una ley del Congreso para recortar un periodo de espera obligatorio de seis meses antes de que los solicitantes de asilo puedan pedir permisos de trabajo. Algunos líderes demócratas sostienen que el gobierno de Biden debería tomar medidas que no requieran la aprobación de la cámara.
Demasiado blando en cuestiones migratorias
Pero ninguna de las dos opciones parece probable. Biden se enfrenta ya a los ataques de los republicanos, que dicen que es demasiado blando en cuestiones migratorias, y su ejecutivo ha destacado la incapacidad del Congreso para alcanzar un acuerdo para una modificación integral del sistema migratorio como justificación para otros pasos que se han dado.
El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado más de un millón de mensajes de texto instando a que quienes pueden pedir permisos de trabajo lo hagan, pero no ha mostrado ninguna intención de acelerar el proceso. La demora en las solicitudes supone que la espera supere casi siempre los seis meses.
A media que aumenta la frustración, Hochul ha dicho que su oficina está considerando la posibilidad de que sea el estado quien ofrezca esas autorizaciones, aunque casi con toda seguridad una iniciativa así derivaría en recursos legales. La Casa Blanca ha descartado la idea.
Los migrantes también están frustrados. Gilberto Pozo Ortiz, un cubano de 45 años, lleva tres meses viviendo, a costa de dinero público, en un hotel en el estado de Nueva York. Afirma que su permiso de trabajo no parece próximo mientras los trabajadores sociales lo guían a través de un complejo sistema de petición de asilo.
“No quiero depender de nadie”, afirmó Ortiz.
“Quiero trabajar”
En Chicago, donde en el último año se han asentado 13.000 migrantes, el alcalde, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, escribieron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para pedir una exención para los solicitantes de asilo que, según afirman, les permitiría sortear la espera para el permiso.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, quien declaró el estado de emergencia en la región por la llegada de migrantes, escribió a Mayorkas indicando que los permisos de trabajo representan “una oportunidad para suplir la demanda de trabajadores, apoyar a nuestra economía y reducir al dependencia de los recién llegados”. Y 19 fiscales generales estatales demócratas contactaron también con el funcionario para indicar que estas autorizaciones reducirían la presión que supone para los Gobiernos proporcionar servicios sociales.
El Gobierno federal no ha hecho “prácticamente nada” para ayudar a las ciudades, dijo Alderman Andre Vasquez, presidente de la Comisión de Derechos de los Migrantes y Refugiados del consejo municipal de Chicago.
Mientras, los migrantes que no pueden permisos de trabajo han abarrotado los albergues para personas sin hogar en varias ciudades.
En la actualidad, más de 60.000 migrantes dependen de la Ciudad de Nueva York para su alojamiento, lo que la ha obligado a alquilar habitaciones en hoteles, colocar catres en centros recreativos y levantar campamentos de tiendas, todo a expensas del gobierno. El ejecutivo municipal estima que el alojamiento y la atención a los migrantes podría costarle a la ciudad 12.000 millones de dólares en tres años.
“Este asunto destruirá la Ciudad de Nueva York”, indicó Adams en un acto comunitario este mes. “No estamos recibiendo ningún apoyo en esta crisis nacional”.
Los defensores de los migrantes han puesto objeciones a los términos apocalípticos empleados por Adams, señalando que exagera el posible impacto de los recién llegados en una ciudad con casi 8,8 millones de habitantes.
*Con información de AP