Las fuerzas de seguridad de Francia llevaron a cabo este miércoles una serie de redadas contra la sede del partido Renacimiento del presidente galo, Emmanuel Macron, y la consultora estadounidense McKinsey en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de sus campañas electorales.
La pesquisa fue abierta a finales de octubre ante las acusaciones sobre posibles irregularidades en las cuentas vinculadas a la campaña electoral y el supuesto trato favorable de la empresa estadounidense durante las campañas presidenciales de Macron en 2017 y 2022, tal y como informó la Fiscalía.
Ahora, los investigadores se centran en la posibilidad de que Macron se beneficiara ilegalmente de los servicios del gigante de la consultoría, que está siendo investigada en Francia desde principios de este año por cuestiones financieras.
La Fiscalía confirmó así que se han llevado a cabo registros en las oficinas de McKinsey en París, la capital francesa, así como en la sede de Renacimiento y varias oficinas de la asociación de financiación del partido, según informaciones del diario ‘Liberation’.
El llamado ‘Affair McKinsey’ parte, en gran medida, de las críticas vertidas contra el Gobierno por las grandes sumas de dinero invertido en contratar consultoras extranjeras. El gasto en asesoramiento por parte de empresas extranjeras aumentó significativamente bajo la Administración de Macron.
Aunque la consultora sigue insistiendo en que ha cumplido con sus obligaciones tributarias en Francia, varios medios de comunicación han revelado que McKinsey no ha pagado impuestos en el país durante al menos una década.
Los fiscales tratan ahora de discernir si Macron recibió apoyo de esta compañía durante sus campañas presidenciales, algo que no habría incluido en la información financiera al respecto.
“No temo nada”
Durante la última campaña presidencial, un informe del Senado desató una polémica por el uso de fondos públicos en beneficio de estas empresas.
La oposición exigió entonces una investigación sobre el posible favoritismo del que se habría beneficiado McKinsey por parte de la mayoría pro-Macron.
Ese informe, publicado el 16 de marzo por iniciativa del Grupo Comunista Republicano Ciudadano y Ecologista del Senado, aseguraba que los contratos entre el Estado y las empresas se había “más que duplicado” de 2018 a 2021, por un importe récord de más de mil millones de euros (una cifra similar en dólares) en 2021.
También apuntaba a un posible acuerdo fiscal de las filiales francesas de McKinsey que les habría permitido no pagar el impuesto de sociedades entre 2011 y 2020.
El 31 de marzo, la PNF abrió una investigación preliminar por fraude fiscal agravado para verificar la validez de esas acusaciones.
Según el diario Mediapart, algunos miembros del bufete podrían haber trabajado gratis para la victoriosa campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017.
“No temo nada y (...) creo que el centro de la investigación no es vuestro servidor”, dijo el jefe del Estado en noviembre.
Si los jueces de instrucción considerasen que Macron debe dar explicaciones sobre estas cuestiones, podrían citarle al final de su segundo mandato en el Elíseo, pero solo sobre actos que no se hayan cometido en el ejercicio de sus funciones como presidente.
Por su parte, el Ministro de Economía y Hacienda, Bruno Le Maire, reconoció “abusos” en el pasado en cuanto al recurso a consultoras como McKinsey, pero consideró que este hábito ya está “corregido”.
En un informe confidencial revelado el lunes por el diario Le Monde, el Tribunal de Cuentas constata que el Estado cerró varios contratos de consultoría en condiciones “problemáticas” durante la crisis sanitaria.
*Con información de AFP y Europa Press.