Aunque los índices de deforestación se redujeron casi en un 50 % en 2023, la Amazonía sigue enfrentando amenazas críticas.
En los últimos meses, ha sufrido una sequía devastadora e incendios forestales récord, que liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Las alertas por incendios son un 79 % superiores a la media para esta época del año.
Según un informe publicado esta semana, en las últimas cuatro décadas, la Amazonía ha perdido una superficie del tamaño de Francia y Alemania, a manos de la deforestación para la minería, la agricultura o la ganadería.
Los científicos temen que la mitad de la selva tropical podría alcanzar un “punto crítico” en 2050, debido a un estrés sin precedentes provocado por el aumento de las temperaturas, las sequías extremas, la deforestación y los incendios forestales. La intensificación del cambio climático regional podría significar la degradación permanente de la Amazonía, incluso, su transformación en sabana.
¿Quién debe pagar por la protección?
Los árboles y el suelo de la inmensa selva tropical almacenan el equivalente a entre 15 y 20 años de emisiones de CO₂ y ayudan a estabilizar las temperaturas en nuestro planeta. Si bien casi dos tercios de la Amazonía se encuentran en Brasil, esta se extiende por ocho países, entre ellos Colombia, Perú y Bolivia.
Sus bosques valen más vivos y en pie que talados o destruidos, según datos del Banco Mundial. Tan solo la Amazonía brasileña genera un valor anual de 317.000 millones de dólares, cálculo basado, en gran medida, en el valor que tiene para el mundo como almacén de carbono.
Esta cifra supera con creces el valor estimado de 43.000 a 98.000 millones de dólares que se obtiene a partir de la tala para ganar madera, la agricultura o la minería.
Jessica Villanueva, directora de Finanzas para la Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en las Américas, subraya la necesidad de contar con múltiples actores en la financiación de la protección: “Los esfuerzos deben unir a los ocho países amazónicos, incluidos gobiernos, empresas e instituciones financieras”.
¿Existe un fondo mundial de protección?
El mayor fondo mundial es el Fondo Amazonía, creado por el gobierno brasileño en 2008. Hasta la fecha, ha recibido más de 1.400 millones de dólares, siendo Noruega y Alemania los mayores donantes, aunque también han contribuido Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la empresa brasileña Petrobras.
El administrador del fondo asegura que ha logrado ampliar en 74 millones de hectáreas las zonas protegidas de la selva.
Sin embargo, el Fondo Amazonia no alcanza para proteger a toda la región, señala Cristiane Fontes, directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) en Brasil.
¿Qué otras fuentes financieras hay?
La región también recibe decenas de millones de dólares procedentes en gran parte de fundaciones y organismos bilaterales, explica Jack Hurd, director ejecutivo de la Alianza para los Bosques Tropicales.
Se calcula que los donantes internacionales han destinado casi 5.810 millones de dólares a la protección y gestión sostenible desde 2013, según un estudio reciente.
Los gobiernos deben aplicar normativas e incentivos financieros para animar a las empresas a avanzar hacia una economía con deforestación cero, afirma Villanueva, de WWF para las Américas.
De acuerdo con un informe reciente del Instituto de Recursos Mundiales, la transición a una economía libre de deforestación que incluya una agricultura de bajas emisiones y la restauración de los bosques requeriría alrededor del 1 % del PIB de Brasil al año, lo que supondría unos 533.000 millones de dólares en 2050.
Hacia una economía sostenible
Fontes señala el potencial del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) de Brasil, que aspira a recaudar 250.000 millones de dólares de países con fondos soberanos y otros inversores privados: “Es un fondo que realmente apoyaría a Brasil —y a otros países— en su transición de una economía extractiva a una sostenible”.
Asimismo, el mecanismo de financiación Jurisdictional Redd+ (JREDD, por sus siglas en inglés) es otra solución a largo plazo para la protección de la Amazonía. A través de JREDD, las empresas o los gobiernos proporcionan pagos a los Estados o naciones para la reducción de la deforestación en grandes áreas a cambio de créditos de carbono verificados.
*Alianza DW.