El tema polémico del aborto vuelve a estar en la palestra pública en El Salvador luego de que un juzgado anulara este lunes, 9 de octubre, la sentencia contra “Lilian”, una joven mujer que en 2015 fue condenada a 30 años de prisión después de que tuvo un parto en un hospital público y su hija murió 72 horas después.
“Ha sido una tarde muy fructífera. Hemos ganado; la señora jueza nos ha dado esta tarde una anulación de una sentencia condenatoria”, explicó la abogada Jeanette Canales al salir del tribunal de justicia.
El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, una ciudad ubicada a 62 kilómetros al occidente de la capital San Salvador, realizó la audiencia de revisión de sentencia luego de que una cámara superior ordenara el procedimiento, solicitado por los abogados bajo el argumento de que hubo vulneraciones en el proceso penal que la mujer enfrentó desde 2015.
La situación de “Lilian”
En El Salvador, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, pero se han presentado casos en los que hay madres que han perdido a sus bebés de manera natural o por una emergencia médica y han sido acusadas de abortar, como en el caso de “Lilian”.
Los abogados de la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto explicaron que “Lilian”, que en ese entonces tenía 20 años, tuvo un parto en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y su hija murió 72 horas después bajo la tutela del hospital. La institución no aceptó la negligencia y ella fue procesada penalmente y condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
Durante la audiencia, los abogados de la joven alegaron vulneración de garantías constitucionales sobre el debido proceso y presentaron pruebas que dicen son evidencia de que Lilian es inocente.
La prohibición del aborto
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de 2 a 8 años de cárcel. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima, y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.
Entre 1974 y 1998, El Salvador tenía una de las legislaciones más progresistas de América Latina. Contemplaba tres tipos de aborto: ético, eugenésico y terapéutico. Pero en 1998 entró en vigor una reforma al Código Penal para penalizar el aborto de manera absoluta, y en 1999 se reformó la Constitución para reconocer a la persona humana desde el instante de la concepción.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no han alcanzado resultados.
La mayoría de las mujeres juzgadas y castigadas son jóvenes pobres que no tienen acceso a servicios médicos ni pueden costear un viaje al extranjero para someterse a un aborto, ni pagarle a buenos abogados sin son juzgadas. A veces son víctimas de violaciones.
En las dos últimas décadas, más de 200 mujeres que tuvieron emergencias obstétricas en El Salvador han sido criminalizadas, según la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto, que busca la liberación de estas mujeres desde 2009. Setenta y dos mujeres fueron excarceladas con la ayuda de esta organización y sus aliados.
*Con información de AP