Argentina se propone ahorrar unos 3.200 millones de dólares el año próximo con la eliminación parcial de subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas y agua, afirmó este martes la secretaria de Energía, Flavia Royón.
El país busca reducir su déficit fiscal en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es un plan muy importante en materia de ahorro fiscal y de distribución más justa de los subsidios”, declaró Royon.
La eliminación de subsidios, que se realizará por estrato socioeconómico, permitirá ahorrar 47.500 millones de pesos (340 millones de dólares) hasta diciembre de este año y otros 445.000 millones de pesos (3.178 millones de dólares al cambio del día) en 2023, según Royón.
La funcionaria, junto a los responsables de los servicios de gas, energía eléctrica y agua potable, dio a conocer en una larga conferencia de prensa, con abundantes especificaciones técnicas, los nuevos cuadros tarifarios que se aplicarán desde septiembre en gas y electricidad y desde noviembre para el agua.
El plan determina que los sectores más ricos de la población dejen de recibir estos subsidios, mientras que se mantendrán para los menos favorecidos e irán reduciéndose para los sectores de ingreso medio, de acuerdo a un cálculo sobre ingresos y bienes de las personas.
La funcionaria instó además a los argentinos a utilizar la energía y el agua “en forma eficiente y sustentable”, y dijo que el país se encamina hacia “un Estado más ordenado”.
Los subsidios a los servicios públicos se han mantenido durante años en un contexto inflacionario que obliga al Estado a gastar cada vez más en sostenerlos. En el caso del agua, por ejemplo, los subsidios representan en este momento 70% de la tarifa.
En 2021, los subsidios a la energía representaron 11.000 millones de dólares, equivalentes a 2,3% del PIB.
El gobierno de Alberto Fernández ratificó el compromiso de reducir el déficit fiscal, del 3% del PIB en 2021 a 2,5% este año, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, acordado con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la refinanciación de 44.500 millones de dólares de deuda contraída por Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018.
Argentina atraviesa una profunda crisis cambiaria, y la inflación acumulada en 2022, a fines de julio, alcanzó 46,2%. Los subsidios a los servicios públicos son una cuestión sensible en un país con 37% de la población en la pobreza.
Escasez de dólares
Para Fernando Furci, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina, el principal problema de su sector tiene que ver con las distorsiones del mercado cambiario.
“En Argentina hay una brecha de más 100% entre el tipo de cambio oficial y los del mercado paralelo. Se podría compensar con más exportaciones o con otras medidas, pero no las tenemos hoy vigentes y eso hace que nuestras reservas en el Banco Central vayan disminuyendo drásticamente”, explicó.
Las reservas brutas de Argentina son de unos 37.000 millones de dólares, pero los analistas estiman que las netas (después de descontar un Swap con China y los encajes bancarios, entre otros) se encuentran ya en saldo negativo.
“Faltan dólares, sobran pesos, y eso deriva en la situación actual”, apuntó Furci.
En junio pasado, las importaciones de Argentina sumaron 8.547 millones de dólares, frente a exportaciones por 8.432 millones de dólares, lo que provocó un saldo negativo en la balanza comercial de 115 millones de dólares.
Con una llegada temprana del invierno austral, pesó especialmente en ese saldo la compra de combustibles y lubricantes por 1.953 millones de dólares, un aumento interanual de 118,9% en precios y de 19,6% en volumen, según el estatal Instituto de Estadísticas (INDEC).
Como resultado, en medio de una intensa crisis política y económica, se incrementaron los requisitos para importar y se ampliaron algunos plazos de pago de las importaciones.
*Con información de AFP.