La normativa, única en su tipo en la región, estipula que el Estado Nacional deberá garantizar el 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis y trans.
“El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo”, decía en su carta de despedida, con su salud ya deteriorada, la activista argentina trans Lohana Berkins.
Hoy, la ley de cupo laboral travesti-trans aprobada en el país lleva su nombre y, por cierto, también su espíritu, su lucha y el de muchas de sus compañeras.
“Las travestis y trans fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, ahora el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte”, sostuvo en diálogo con DW Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integrante del Frente Orgullo y Lucha, una de las tres organizaciones nacionales impulsoras de la normativa, tras su sanción.
“Esta ley significa el reconocimiento de una violencia estructural perpetuada durante mucho tiempo por el Estado, las instituciones y la sociedad, y la voluntad de repararla”, afirmó, por su parte, Thiago Galván, vicepresidente de la Liga LGBTQI+ de las Provincias, consultado por este medio.
“La aprobación de esta ley va a repercutir en lo individual y lo colectivo. También vamos a transformar culturalmente a una sociedad que históricamente asoció y confinó a travestis y trans a la prostitución y la criminalidad”, destacó ante DW Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
La letra de la ley
La norma estipula que el Estado Nacional de Argentina deberá garantizar un mínimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tendrá que cumplir una serie de obligaciones de no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo, habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado y apoyo financiero para proyectos productivos travestis y trans.
“Esta ley es el orgullo de la política”, celebra en diálogo con DW la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, y una de las principales promotoras de la iniciativa.
“Es reconocer que hay una población que es violentada y excluida únicamente por su identidad de género, y con su aprobación marcamos un hito para transformar eso de una vez y para siempre”, completó la legisladora.
“Esta ley es legítima desde su origen, porque se construyó desde las bases y representa nuestras voces y demandas en primera persona”, destacó, asimismo, Vásquez Haro, referente del sector.
“Es un sueño hecho realidad”, le dijo Tobaldi, emocionada, a este medio. “Luego de tanta desigualdad, violencia institucional, criminalización, estigmatización, detenciones, torturas, pobreza y exclusión”, se lamentó.
Así, la expectativa de vida de las personas integrantes de este colectivo está muy por debajo de la media nacional: no alcanza siquiera los 40 años de edad. Y un altísimo porcentaje, cercano al 90 %, según estimaciones del sector, termina dedicándose a la prostitución.
“Históricamente, a nuestro colectivo se le ha asignado un imaginario determinado por la marginalidad, la exclusión, la desidia, el miedo, la noche”, explicó el varón trans Thiago Galván.
De aquí en más
“Cuando esta ley se implemente, vamos a poder construir imaginarios con personas travestis y trans en oficinas, atendiendo al público en instituciones, estudiando en la universidad o atendiendo urgencias en un hospital”, remarcó satisfecho el activista.
“Calculamos que con esta ley se podrían producir alrededor de 2.500 puestos laborales, exclusivamente en el Estado”, puntualizó la diputada Macha.
Así y todo, “tenemos por delante un desafío clave en su implementación, en acompañar la incorporación de travestis y trans a los espacios laborales, evitando situaciones violentas o de discriminación”, advirtió la legisladora.
La norma, pionera en la región, reconoce el antecedente del decreto presidencial de 2020 en el mismo sentido y se inscribe en una serie de medidas de ampliación de derechos para este colectivo, entre las que se destaca la ley de identidad de género sancionada en 2012 en el país sudamericano.