Los diputados elegidos en las elecciones españolas del 23 de julio se reúnen el jueves en una primera sesión parlamentaria que promete ser dura e incierta, con siete diputados independentistas catalanes indispensables que mantienen en secreto su voto.
La primera tarea de los 350 miembros del Congreso de los Diputados, que se reúnen a las 10:00 hora local, será elegir al nuevo presidente de la Cámara.
La votación es muy esperada, no tanto porque se trate de la tercera autoridad del país, sino porque su resultado dará una clara indicación de sí el presidente del Gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, será reelegido en una votación de investidura que podría tener lugar a finales de agosto o principios de septiembre.
La votación de este jueves es, por tanto, el primer asalto de una batalla de resultado imprevisible, que depende de lo que decidan los siete diputados del partido independentista catalán Junts per Catalunya (JxCat, Juntos por Cataluña).
O para ser más precisos, de lo que decida su líder, Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica y reclamado por la justicia española desde 2017 por el fracasado intento de secesión de Cataluña.
Esta paradoja tiene su origen en los inesperados resultados de las elecciones parlamentarias del 23 de julio, en las que el Partido Popular (PP, derecha) de Alberto Núñez Feijóo obtuvo una victoria muy inferior a la esperada.
Ahora, los dos bloques, por un lado, el del Gobierno saliente de izquierdas, y, por otro, el de la derecha y la extrema derecha, parecen estar en medida de contar con el apoyo de 171 diputados cada uno.
Negociaciones
Esta inesperada situación da el protagonismo a JxCat, que tiene en su mano decidir si Sánchez sigue al frente de España o, en caso contrario, si el país tendrá que celebrar nuevas elecciones en los próximos meses. Se da por prácticamente descartado que JxCat entregue sus votos al PP.
Las negociaciones continuaron el miércoles, en el mayor secretismo, para convencer a estos siete diputados independentistas catalanes de que voten al candidato socialista a la presidencia del Congreso de los Diputados.
Que un partido independentista catalán, que considera a España un Estado extranjero y “opresor”, se vea en posición de decidir la suerte del país, no disgusta necesariamente a Puigdemont, que quiere ver si la situación le permite avanzar en su causa.
Sus dos reivindicaciones fundamentales -un referéndum de autodeterminación y una amnistía general para todos los encausados tras el fracaso de la tentativa secesionista de 2017- no pueden ser atendidas por Sánchez, por razones a la vez jurídicas y políticas.
El miércoles, Puigdemont endureció el tono al asegurar en la red social X (antes Twitter) que no tenía “ninguna confianza en los partidos políticos españoles”, y que no habría acuerdo mediante “promesas formuladas por quien siempre las incumple”.
Por ello, exigió “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto”.
Pequeños gestos
Así pues, el listón está muy alto para Sánchez. En público, la izquierda se ha limitado hasta ahora a hacer pequeños gestos y apelaciones a Junts.
El presidente del Gobierno saliente continuó en esta línea el miércoles, comprometiéndose a utilizar la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que España ostenta hasta finales de año, para intentar que el euskera, el catalán y el gallego sean utilizados en las instituciones europeas en pie de igualdad con el castellano.
La ministra saliente de Trabajo, Yolanda Díaz, que dirige Sumar, una coalición de izquierda radical aliada de Sánchez, ya propuso recientemente que estas lenguas sean de trabajo en el Congreso de los diputados y en el Senado.
La elección de la candidata del Partido Socialista a la presidencia del Congreso es también un guiño a los independentistas catalanes, ya que se trata de Francina Armengol, ex presidenta de Baleares, región culturalmente próxima a Cataluña, y catalanoparlante fluida.
Sin embargo, estos gestos están muy lejos de lo que pide Puigdemont.
*Con información de AFP