El proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” es más bien un alegato para que los estados en general no recurran a este tipo de medidas que afectan a las economías de los países que las sufren.
El texto “reafirma la igualdad soberana de todos los estados, la no intervención y no injerencia es sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación” y pide a los estados que “se refrenen” de aplicar leyes y medidas como el embargo a Cuba.
Asimismo, manifiesta “su preocupación sobre la promulgación y la aplicación continuadas” de leyes como la estadounidense Helms-Burton (vigente desde 1996), que tiene efectos extraterritoriales para personas y empresas que hagan negocios con Cuba.
Desde 1992, Cuba presenta todos los años un proyecto de resolución de condena al embargo estadounidense que ha marcado la vida de los cubanos, pues más del 80 % solo ha vivido bajo las sanciones impuestas por Washington en 1962 a la isla comunista, a la que también ha incluido en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Pese a que en 2015 - bajo el gobierno de Barak Obama - los gobiernos cubano y estadounidense empezaron un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, el embargo sigue vigente y, para sus detractores, es el principal obstáculo de desarrollo en Cuba.
La fuerte represión del gobierno cubano de las manifestaciones antigubernamentales en julio de 2021, que dejó más de 1.000 detenidos -unos 700 siguen en prisión con penas de hasta 25 años- y a otros los llevó al exilio, no contribuyeron al anhelado giro que se esperaba de la administración demócrata de Joe Biden, tras el endurecimiento de su predecesor Donald Trump con la isla.
Obstáculo al desarrollo
Las autoridades cubanas calculan que seis décadas de embargo le han supuesto unas pérdidas para su economía de más de 159.000 millones de dólares. Solo entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el bloqueo habría causado pérdidas de 4.867 millones de dólares. Sin el embargo, la economía habría crecido un 9%, aseguran. Y la migración es “un efecto directo de la intensificación del bloqueo”, advierten en un folleto distribuido a la prensa.
Ante la “severa situación económica” provocada por los efectos del covid-19, los altos precios del petróleo y las consecuencias de los desastres naturales que ha sufrido Cuba recientemente, “resulta impostergable poner fin a este embargo”, pidió la representante de México en la tribuna, Alicia Buenrostro Massieu.
Junto a México, varios países a título individual o en nombre de bloques de países como la CELAC (que reúne a países de América Latina y Caribe), el G77 +China, con 134 miembros, el SICA (Sistema de integración Centroamericana) abogaron por poner fin a esta “política cruel y anacrónica”, como la definió la representante salvadoreña Egriselda López, en nombre de los centroamericanos.
Para el representante de Uganda, Godfrey Kwoba, que habló en nombre del G77 +China, la inclusión de Cuba en la lista de estados promotores del terrorismo del departamento de Estado estadounidense, “no solo representa un daño reputacional, sino que es uno de los principales elementos en el reciente refuerzo del embargo”.
Estados Unidos iba a ser uno de los últimos países en tomar la palabra, según la lista de más de medio centenar de oradores inscritos, antes de proceder a la votación del proyecto de resolución, prevista para el final de la mañana del jueves. Desde la misma tribuna, durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel tildó el embargo de “cerco real y guerra económica extraterritorial, cruel y silenciosa”.
*Con información de AFP.