Fernando Villavicencio Valencia, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dijo que investigará los presuntos tentáculos en Ecuador del empresario colombiano Álex Saab, en manos de la justicia de Estados Unidos desde el 17 de octubre pasado.
“La justicia correísta protegió a #Foglocons de #AlexSaab. Fueron #Correa y #Chávez los creadores del más grande sistema de lavado de la región a través de #SUCRE. #RafaelCorrea y #AndrésArauz deberán comparecer ante @FiscalizacionAN. Mañana aprobaremos el cronograma del caso”, escribió en su cuenta en Twitter Villavicencio Valencia.
El asambleísta, que se refiere a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba como la “embajadora de las FARC”, aseguró que buscan establecer los alcances de las empresas de Saab en Ecuador durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. “La camarada de @MashiRafael Piedad Córdoba (embajadora de las FARC) en un e-mail reclamando al director del Sebin, el pago atrasado de Cadivi por los millonarios negocios de #AlexSaab y #AlvaroPulido ? #ProfugoLavador”.
Escuche a Fernando Villavicencio Valencia, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
“El Parlamento ecuatoriano investigará las operaciones denominadas ‘exportaciones ficticias’ con Venezuela que vinculan a Álex Saab”, agregó el asambleísta, claro opositor de Correa y de la exsenadora Piedad Córdoba. “Tenemos varios correos que confirman la alianza entre Piedad Córdoba y Rafael Correa. En uno de ellos la colombiana interviene directamente con el Sebin reclamando un pago millonario de negocios de personas cercanas a ella”, agregó.
Sobre Álvaro Pulido, mencionado por el asambleísta, Estados Unidos anunció que ofrece hasta 10 millones de dólares por el empresario colombiano fugitivo de la justicia y socio de Álex Saab, extraditado días atrás a Miami por blanqueo de dinero y cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro. “El Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Álvaro Pulido Vargas, ciudadano colombiano vinculado al corrupto régimen de Maduro”, tuiteó el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price.
El Departamento de Estado señaló en un comunicado que esta oferta complementa el anuncio de una acusación penal de la Fiscalía estadounidense contra Pulido “por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero”. El Departamento de Justicia informó que Pulido, de 57 años de edad, y otros dos colombianos y dos venezolanos fueron imputados por un gran jurado del Distrito Sur de Florida por su presunta participación en una red que blanqueó dinero de un programa para suministrar comida y medicina a Venezuela.
Según la acusación del 7 de octubre, Pulido y sus cómplices pagaron sobornos para obtener contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de propiedad y control estatal. Supuestamente inflaron los costos y, entre 2015 y 2020, se confabularon para blanquear el dinero obtenido.
De acuerdo con la acusación, los cinco imputados y sus colaboradores recibieron cerca de 1.600 millones de dólares de las autoridades venezolanas y transfirieron unos 180 millones a través o hacia Estados Unidos. Por esto, Pulido, también llamado Germán Enrique Rubio Salas y apodado ‘Cuchi’, afronta cuatro cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para blanquear fondos, todos asociados con presuntas violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
También fueron acusados de los mismos delitos José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado venezolano Táchira entre 2013 y 2017, y el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años, así como el colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años de edad, y la venezolana Ana Guillermo Luis, de 49. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión.
Inculpado con Saab
Pulido también fue imputado hace dos años por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida de ocho cargos de lavado de dinero junto a Saab, un colombiano detenido en junio en Cabo Verde y extraditado el 16 de octubre a Miami para responder por esos delitos.
Según la acusación del 25 de julio de 2019, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el Gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos y aprovecharon el tipo de cambio controlado por las autoridades de Venezuela para lucrarse e implementar un esquema de sobornos violatorio de la FCPA.
Los fiscales alegan que desde noviembre de 2011 y al menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido usaron el sistema financiero estadounidense para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas, transfiriendo 350 millones de dólares de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Por esta acusación, Saab, de 49 años de edad, y señalado por la oposición venezolana de ser un testaferro de Maduro, compareció por primera vez el lunes 18 de octubre ante un juez en el Distrito Sur de Florida. La próxima audiencia del caso contra Saab tendrá lugar el primero de noviembre. Washington, que desconoce la autoridad de Maduro por considerar que surge de elecciones fraudulentas, considera a Guaidó presidente interino de Venezuela.
Con información de agencias.