Este lunes se conoció que el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez fue asesinado a balazos en Tijuana, México, mientras que en Veracruz una ONG pidió a las autoridades investigar la agresión que le costó la vida al periodista retirado José Luis Gamboa.

En Tijuana, la secretaría de Seguridad del estado de Baja California informó en un comunicado que Margarito Martínez, de 49 años, fue blanco de una “agresión con arma de fuego” y fue hallado “sin vida a un costado de un vehículo” en un sector habitacional de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos.

La organización civil Yo sí soy periodista detalló a la AFP que Martínez había sido amenazado en diciembre pasado por personas que publican un blog y que estarían ligadas a un presunto grupo criminal.

Un comunicado de la fiscalía detalló que Martínez fue hallado “con una lesión en la cabeza, producida por un arma de fuego”.

“El agente del ministerio público explicó que los servicios forenses y la policía investigadora están trabajando para sacar los primeros datos”, dijo de su lado a la prensa Hiram Sánchez, encargado del despacho de la fiscalía de Baja California.

Martínez colaboraba con medios como el semanario Zeta, uno de los de mayor prestigio en México y según el cual se había especializado “en fotografía de corte policíaco”.

También colaboraba como el periódico La Jornada de Baja California y medios internacionales.

Agresión en Veracruz

En la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) pidió a las autoridades investigar la agresión que condujo a la muerte de José Luis Gamboa.

Gamboa recibió varias puñaladas y quedó tirado en la calle, por lo cual tuvo que ser trasladado a un hospital el 10 de enero pero fue hasta el pasado viernes cuando su cuerpo fue identificado. El comunicador ya no trabajaba en medios pero hacía análisis en redes sociales.

Según la CEAPP, no se tiene registro de que haya sido amenazado o haya solicitado incorporarse a un programa gubernamental de protección a periodistas.

En 2021, según un recuento de medios internacionales, al menos siete periodistas fueron asesinados en México, si bien no se ha determinado que en todos los casos el crimen haya estado ligado a su trabajo.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, según cifras de la Comisión de Derechos Humanos (defensoría).

En 2020 fueron ultimados ocho periodistas, de acuerdo con Reporteros sin Frontera (RSF). Más del 90 % de los homicidios de comunicadores en el país permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Así como México es un país de grandes oportunidades, se ha venido convirtiendo poco a poco en un trágico destino para centenares de mujeres que viajan, desde cualquier parte del mundo, incluyendo Colombia, pues cabe recordar que a finales del mes de octubre de 2021, se conoció que de los 107 colombianos reportados como desaparecidos en ese país, más del 60 por ciento son mujeres. Asimismo, de los 416 asesinatos de colombianos ocurridos en México, 126 han tenido que ver con trata de personas en los últimos siete años.

En el mes previamente mencionado, SEMANA conoció en exclusiva el dosier de la representación diplomática del Gobierno de Iván Duque en el Distrito Federal (D. F.), y las recientes movidas que se adelantan ante las autoridades de ese país para evitar que las investigaciones queden en la impunidad, como ha ocurrido hasta ahora. En todos los casos denunciados, se encontraron elementos comunes y ya conocidos: propuestas laborales con salarios altos, facilidad a la hora de obtener los documentos para viajar, engaño sobre la actividad que debe realizar, retención de los documentos de viaje, coacción, amenazas, violencia física y psicológica, esclavitud sexual, restricción absoluta de la libertad y unas “condiciones laborales” indignantes. Por si fuera poco, cada mujer víctima que aterrizó en México adquirió de entrada una deuda de unos 120.000 pesos mexicanos, es decir, 22 millones de pesos colombianos.

Fueron varias las denuncias que se conocieron y para ese momento, el cónsul de Colombia en Ciudad de México, Luis Oswaldo Parada Prieto, emprendió una batalla para evitar que las denuncias, algunas de las cuales datan de 2009, sigan en el olvido y en total impunidad. De hecho, el 13 de abril de este año, Parada le envió una carta a la Fiscalía de México pidiéndole avances en las investigaciones de 30 personas desaparecidas en ese país, entre ellas ocho mujeres. Algunas de ellas, según las investigaciones, han terminado en Asia. Otras han caído en las garras de mafias israelíes.

No cabe duda que el tráfico de mujeres en México y en más países aún es una problemática latente, sin embargo, por el momento se conoce que dicho delito continúa realizándose a pesar de todas las historias e investigaciones que se han venido adelantando durante los últimos años.

*Con información de AFP