La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó el miércoles por la noche a la fiscal general de Perú, quien estaba suspendida desde diciembre pasado en sus funciones por un caso de presunto tráfico de influencias y favores políticos.
“Por unanimidad se resolvió destituir a Patricia Benavides Vargas del cargo de fiscal suprema y en consecuencia del cargo de Fiscal de la Nación al haber interferido en la investigación de su hermana Enma Benavides”, anunció el presidente de la Junta, Antonio de La Haza, al término de una audiencia.
El pleno de la JNJ, conformada por cinco magistrados, consideró que la destituida fiscal incurrió en faltas disciplinarias graves al despedir “de manera degradante” a la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides por haber liberado a narcotraficantes a cambio de presuntos pagos.
La suspensión de Benavides buscaba impedir que obstaculice desde su cargo la marcha normal del procedimiento disciplinario que se le inició entonces por presuntamente liderar una red criminal de tráfico de influencias e intercambio de favores políticos, según la JNJ.
La historia del entramado de corrupción
El escándalo que le costó el puesto a Benavides había iniciado en diciembre con las revelaciones de Percy Coromoto, un narcotraficante colombiano, quien contó que la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, le solicitó a través de un abogado un total de 150 mil dólares para beneficiarlo. Además, el hombre afirmó que la entonces fiscal Patricia Benavides, implementó una serie de estrategias para proteger a su hermana de la investigación en la que está salpicada.
“Voy a decir un poco de lo que no he dicho. En muchas ocasiones he escuchado a la señora Patricia Benavides decir que ella es pulcra, que está contra la corrupción. Y ella sabe de lo que estoy hablando, lo sabe muy bien”, dijo el colombiano en una entrevista al medio local Cuarto Poder.
De igual manera, contó que la fiscal general, manejó la institución a su antojo para poder intentar salvar a su hermana. “Para irnos a comparecencia, me pedía 150 mil dólares. Cuando llega la señora Patricia Benavides, cambia a la fiscal Revilla (quien investigaba a su hermana) por el señor Terán”. Este último, era el coordinador de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, y que se cree que es más cercano a la saliente funcionaria.
“Primero salió de prisión un chico peruano. Cuando se va el siguiente, ya está más que comprobado que sí tiene contacto. Luego se va el tercero y dije: yo voy a tener que pagar también”, mencionó en la entrevista el colombiano condenado a 18 años, que afirma que un abogado hizo de intermediario con la jueza hermana de la fiscal general.
El colombiano aseguró que decidió delatar cuando, a pesar de querer pagar la suma, le ofrecieron rebajar su condena únicamente dos años. A lo cual, el hombre, quien siempre estuvo grabando las conversaciones con el abogado intermediario, decidió acudir a las autoridades para mostrar el alcance de los manejos que la jueza tenía para favorecer a criminales condenados para dejarlos en libertad.
Según revela el medio local Epicentro, la misma Benavides usó su influencia para poder sacar a Bersabeth Revilla, la fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esto solo tras unas tres semanas en el cargo, en primer lugar la fiscal general aseguró que la decisión había sido tomada por ineficiencia de la oficina comandada por la funcionaria, pero que, a posteriori, las autoridades no dan crédito de esta versión.
Posteriormente, aseguró que las críticas en su contra estaban siendo una persecución porque ella había investigado las actuaciones de corrupción del expresidente Pedro Castillo. Pero finalmente, según las revelaciones del medio, todo fue un entramado para favorecer a su hermana investigada por los sobornos pedidos a condenados por narcotraficantes, los cuales fueron denunciados en su momento.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se había pronunciado en diciembre contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general. La saliente jefa de la fiscalía se negó a renunciar, mientras que desde el Congreso algunas voces la defendieron. La fiscal era percibida como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.