A más de dos meses de realizadas las elecciones presidenciales en Venezuela, ese país se encuentra estancado, entre las denuncias de fraude electoral presuntamente cometido por el régimen de Nicolás Maduro y las acusaciones de supuestos intentos fallidos de golpes contra el régimen.
A pesar de que la oposición, liderada por el candidato Edmundo González y María Corina Machado, ha expuesto pública e internacionalmente la situación de represión que ha sufrido la ciudadanía que ha salido a manifestarse contra el régimen, la crisis escala.
Ahora, además de los miles de personas que han sido capturadas por participar en actividades de oposición, surgen denuncias sobre cientos de menores de edad que habrían sido retenidos de manera arbitraria por las autoridades venezolanas, menores que al parecer ni se han manifestado contra Nicolás Maduro. Y hay incluso denuncias de tortura contra varios adolescentes.
Todo partiría de una supuesta instrucción del régimen, que al ver la revolución en las calles, puso cuotas de capturas para sus fuerzas armadas. “Esto es una consecuencia de que Nicolás Maduro ordenó que se detuviera una cantidad de personas luego del 28 de julio, él mismo determinó una cuota de personas que tenían que haber sido detenidas. Primero estableció que se iba a detener a mil. Y luego, cuando se llegó a ese cupo, anunció que iban a ser detenidas 1.000 personas más”, le dijo a SEMANA Rafael Uzcátegui, exdirector de la ONG Provea.
Según explica Uzcátegui, detrás de esta “orden” estaría el fin de amedrentar a los barrios populares, por lo cual lo usual es que las capturas de menores de edad sean en estos barrios.
Además, de acuerdo con el exdirectivo, muchas familias se habrían visto obligadas a pagarles a los organismos de seguridad para que liberen a sus jóvenes y habría casos de cobros de más de 3.000 dólares por persona.
Según la ONG Foro Penal, alrededor de 67 adolescentes han sido detenidos en los últimos dos meses por el régimen, pero se cree que la cifra es mucho mayor. Lo peor serían los tratos inhumanos que supuestamente sufren los jóvenes durante sus encarcelamientos ilegales.
“Estos adolescentes están sufriendo, lamentablemente, lo mismo que el resto de las personas privadas de libertad. No se les permite tener un abogado privado, no se les impone una defensa pública, no se les traslada a un tribunal dentro de las primeras 48 horas como establece la ley. Están siendo sometidos a una situación de desaparición forzada durante varios días, donde sus familiares no saben en qué sitio están detenidos”, cuenta Uzcátegui.
Se ha conocido también que las audiencias se hacen mediante llamadas de Zoom y no en un tribunal físico, con tal de mantener a los jóvenes en el mismo sitio donde se les habría torturado. Se les obligaría, por otra parte, a confesar delitos que aparentemente no han cometido, que regularmente son los de instigación al odio, asociados al terrorismo y asociación para delinquir.
De acuerdo con las denuncias de varias organizaciones, por ejemplo, los jóvenes habrían tenido que grabar videos aceptando su supuesta culpabilidad, después de ser torturados por horas.
A muchos de estos menores ni siquiera se les estaría capturando en manifestaciones contra el régimen, sino que hay familias que denuncian que sus hijos han sido secuestrados por funcionarios de seguridad, saliendo de un centro comercial, por ejemplo. Todo, con el fin de cumplir las cuotas de capturas que la dictadura habría impuesto.
Se cree que estos casos podrían seguir presentándose al menos hasta el 10 de enero, día de la juramentación presidencial de Nicolás Maduro, ya que —según expertos— el dictador pretendería reprimir a la población para que no sea un obstáculo el día que tome juramento. Esto, aunque Edmundo González, ganador de las elecciones reconocido por buena parte de la comunidad internacional, asegura que volverá al país para ese día para juramentar como presidente.
Las torturas han sido una constante para los jóvenes, de acuerdo con las denuncias conocidas, pero han sido difíciles de documentar. Según los testimonios conocidos por los denunciantes, las visitas de las familias a los centros de reclusión han sido más que complicadas y hay casos en los que, al parecer, pasados más de dos meses, no han podido ver a los jóvenes.
Hay también denuncias sobre que los menores de edad son llevados a penales de máxima seguridad para dificultar cualquier acceso y que cuando son liberados, muchos muestran miedo de denunciar lo ocurrido.
De los pocos testimonios que se han difundido, mayoritariamente conocidos gracias a las familias, se conoce que muchos habrían sido golpeados, electrocutados, abusados sexualmente y psicológicamente.
El periodista Orlando Avendaño recopiló algunos de estos casos de menores de edad, que según sus fuentes e información habrían sido maltratados por las autoridades venezolanas. Hay testimonios de brutales palizas que muchos habrían recibido ante la solicitud de justicia de parte de sus familias. Por ejemplo, hace un par de días se conoció que en La Guaira, madres fueron a visitar a los adolescentes, pero, además de que no las dejaron entrar, a los niños los empezaron a golpear mientras sus madres escuchaban.
De igual manera, el periodista dio a conocer el caso de una menor de edad que, a pesar de una precaria condición de salud, seguiría detenida por las fuerzas del régimen. “Tiene 17 años. Luego del fraude de Maduro, envió un mensaje de protesta a un grupo de WhatsApp. Una vecina chavista la delató. Agentes del régimen fueron a buscarla a su casa y la secuestraron. Por los nervios, a Lauriannys le dio un daño cerebral. Está grave y sigue detenida”, contó el comunicador en su red social.
También dio a conocer el caso de una menor de edad que, después de negarse a ser abusada sexualmente por uno de los funcionarios, fue golpeada hasta perder varios de sus dientes.
Por ahora, el llamado es a la comunidad internacional para que continúe con las presiones al régimen de Nicolás Maduro, que se niega a dejar el poder.