La emboscada tuvo lugar el jueves 29 de febrero en una zona rural del municipio de Aguililla, cuando los soldados se encontraban en la tarea de localizar un campamento perteneciente a un grupo criminal.
López Obrador detalló que durante la operación los militares fueron sorprendidos por una trampa colocada en la maleza, consistente en un explosivo que, al ser accionado, causó la muerte de un militar. Lamentablemente, tres más resultaron heridos, pero no lograron sobrevivir. Además, nueve soldados sufrieron lesiones durante el ataque.
El presidente expresó que este tipo de desafíos es parte de los riesgos que enfrentan las fuerzas armadas, incluyendo el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En respuesta a las críticas de la oposición, que demanda medidas más enérgicas contra los cárteles del narcotráfico, López Obrador reiteró su enfoque en abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, bajo el lema “abrazos, no balazos”.
La confirmación de este ataque coincidió con el inicio de la contienda presidencial en México, donde dos mujeres, la oficialista de izquierda Claudia Sheinbaum y la opositora de centroderecha Xóchitl Gálvez, encabezan las preferencias. Gálvez ha posicionado el tema de la seguridad como uno de los ejes principales de su campaña.
Fuentes militares consultadas por un colaborador de la AFP en Michoacán aseguraron que en la emboscada fueron usadas minas antipersona y drones con explosivos.
La zona donde ocurrió el atentado es escenario de una disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y otra organización conocida como El Abuelo, que enfrenta a su enemigo en alianza con la banda Los Caballeros Templarios, señalaron autoridades castrenses.
El panorama de Michoacán arroja al menos 14 carteles del narcotráfico, que desatan una guerra que ha cobrado la vida de aproximadamente 300 personas en los primeros 60 días de este 2024. La región se ve envuelta en una espiral de violencia que adquiere proporciones alarmantes.
El pasado lunes 26 de febrero, la barbarie se manifestó de manera impactante cuando sicarios, en una sincronización, acabaron con la vida de Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala. Ambos eran aspirantes a la alcaldía del municipio michoacano de Maravatío, representando a los partidos Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), respectivamente. Estos actos de violencia dejan entrever una trama peligrosa que amenaza la integridad del proceso político local.
Las ejecuciones se llevaron a cabo en momentos distintos del día, con un intervalo de cinco horas entre cada acto homicida, perpetrados por parejas de sicarios cuya identidad permanece envuelta en el misterio, desafiando los esfuerzos de las autoridades por identificar a los responsables. Esta serie de eventos añade un capítulo del historial de impunidad y complejidad que caracteriza la situación en Michoacán.