El Plan Nacional de Búsqueda anunciado este viernes por el Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, pretende que el Estado se encargue de encontrar a las víctimas de desaparición forzada cuyo paradero aún desconocido y que por años esta labor ha recaído en el esfuerzo de familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura.
El plan partirá con la integración de todos los antecedentes de los desaparecidos, datos recogidos hasta ahora por distintas comisiones especiales de verdad, los tribunales de justicia, los familiares de las víctimas y los gobiernos anteriores, como informó el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante un encuentro con corresponsales de prensa internacional.
La información que se tenga sobre los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973 - 1990) será trabajada por entidades multidisciplinarias, que con recursos y especialistas, realizarán la tarea que hasta ahora hacían los parientes de las víctimas.
La dictadura liderada por Pinochet (1973-1990) dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellos unos 3.000 opositores asesinados, de los que más de 1.400 fueron víctimas de desaparición forzada, con el Plan Cóndor que consistió en la operación ilegal conjunta llevada a cabo por Gobiernos miitares en Suramérica en las décadas de los 70 y 80 para perseguir y eliminar opositores.
Tras décadas de búsquedas se encontraron e identificaron restos óseos de 307 personas y faltan por encontrar otras 1.100, según cifras oficiales.
El ministro de Justicia señaló también que con la integración de los datos se den “indicios para nuevas investigaciones”.
EL psicólogo Andrés Colque, en declaraciones a The Associated Press, dijo que “aunque quede un detenido desaparecido, es necesario buscarlo y disponer de todos los recursos, (porque) le sirve a nuestra sociedad para valorar los derechos y la vida de las personas”.
El presidente Boric en varias ocasiones había mencionado la necesidad de buscar a los desaparecidos de la dictadura y ya se comprometió a desarrollar esta tarea.
La iniciativa del plan no sustituirá la tarea de los tribunales y, para que funcione, será primordial la colaboración de los familiares de víctimas y sus agrupaciones, dijo Cordero, quien tiene una cercanía personal con el tema, pues dos tíos abuelos figuran entre decenas de campesinos apresados y ejecutados un mes después del golpe militar de septiembre de 1973.
El proyecto se iniciará formalmente el próximo 30 de agosto, cuando Boric firme un decreto supremo el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
El mandatario dijo que el próximo año se destinarán unos 18 millones de dólares para modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, que exhibe retrasos en las pericias en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades han hecho algunos esfuerzos para ubicar el paradero de los desaparecidos e identificar restos humanos.
En 1991, se ubicaron restos de 126 personas en 107 tumbas del cementerio general destinado a desaparecidos que se creía que eran de opositores a la dictadura. Aunque las autoridades anunciaron que fueron identificados e incluso fueron entregados a sus familiares, quince años después, en 2006, se determinó que la identificación no fue rigurosa y casi medio centenar de familias tuvieron que devolver los restos al instituto forense.
Unas 82 cajas con restos óseos de presuntos detenidos desaparecidos volvieron al Servicio Médico Legal tras permanecer en una bodega de la Universidad de Chile durante unos 18 años, que se sumaron a muchas más aún pendientes de periciar.
Boric recordó a comienzos de junio que el gobierno no claudicará en el deber moral de agotar todos los esfuerzos y recursos para que los detenidos desaparecidos en la dictadura que aún falta por encontrar “puedan descansar en paz”.
*Con información de AP