El expresidente peruano Pedro Castillo enfrenta un nuevo revés político y judicial, después de que el Congreso aprobara este viernes (17 de febrero) acusarlo constitucionalmente por “organización criminal y otros delitos”. La disposición recibió 59 votos de respaldo, 23 en contra y tres abstenciones.
“Con 59 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa del Congreso, por la que se acusa al expresidente Pedro Castillo. El expediente será enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones”, detalló el Legislativo en su cuenta de Twitter.
La decisión se conoce en el marco de una crisis política y social que se ha agudizado en el país suramericano, luego de que Dina Boluarte asumiera las funciones presidenciales. Desde diciembre de 2022 se han sucedido multitudinarias manifestaciones que acusan a las fuerzas de seguridad de represión.
En estas, los principales pedidos han buscado la dimisión de la jefa de Estado, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales (uno de los puntos más álgidos).
Los congresistas dieron luz verde a esa propuesta, después de varias horas en el pleno del Congreso. Así las cosas, la fiscal general, Patricia Benavides, podrá continuar con el proceso y formalizar la investigación contra el exmandatario, quien permanece detenido desde el 7 de diciembre pasado cuando intentó disolver el Congreso y terminó destituido.
¿Qué detalla la investigación?
En medio del debate, los sectores de izquierda afirmaron que se estaba dando paso a indagaciones sin evidencias. El documento “declara a lugar la formación de causa penal” contra el exjefe de Estado por ser “el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión”.
“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, sentenció el presidente del Parlamento, José Williams, según informó el diario La República.
La Fiscalía investiga una supuesta organización criminal encabezada por Castillo Terrones que la vinculan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en ‘confabulación’ con Juan Silva, exministro de esta cartera, y con el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. También aparecen relacionados otros funcionarios, empresarios y terceros para favorecer al consorcio Puente Tarata III, así como a otras empresas en procesos de licitación pública.
El balance de las movilizaciones
Pedro Castillo había solicitado estar presente en el Legislativo para escuchar el veredicto, pero la petición fue denegada, por lo que se dispuso una comparecencia en videoconferencia. Su salida del poder ha avivado buena parte de las manifestaciones que han cobrado la vida de casi 50 personas.
En ese sentido, la organización Amnistía Internacional (AI) expuso a la presidenta actual pruebas de represión por parte de las fuerzas de seguridad.
“Hemos presentado las evidencias recolectadas (...) en donde las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado y muchas veces letal de la fuerza, utilizando armamento en contra de personas que protestaban”, dijo la directora de AI, Érika Guevara, tras su encuentro con Boluarte en el Palacio de Gobierno.
Guevara amplió que su reporte está basado en datos recogidos de las mismas autoridades y compila más de 40 casos en los que se habrían cometido violaciones a los derechos humanos. Entre estas se incluyen criminalización de manifestantes y arrestos sin el debido proceso.
Por su lado, la Defensoría del Pueblo peruana señaló que en el mes pasado se reportaron 1.261 protestas colectivas, y de estas el 86,7 % estaban relacionadas con la crisis política. En los últimos días, la convocatoria a las calles ha mostrado una tenencia a disminuir.
*Con información de Europa Press y la AFP.